¿Cuanto costarían las inversiones necesarias en infraestructuras para cumplir con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible?. La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras Seopan) ha advertido de que “al ritmo de inversión y contratación actuales será imposible alcanzar los ODS marcados por Naciones Unidas”.
Según datos de la patronal del de las constructoras, España debe invertir en los próximos diez años al menos 103.000 millones de euros en diversas áreas prioritarias de mejora de la movilidad, el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible. Ese sería el coste de las inversiones necesarias en infraestructuras para cumplir con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible
España debe invertir en los próximos diez años al menos 103.000 millones de euros en diversas áreas prioritarias de mejora de la movilidad, el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible.
De esta cantidad, 74.784 millones corresponden a la sostenibilidad medioambiental y social de las ciudades (ODS11). El transporte público debería recibir, según Seopan, 30.776 millones, la mejora de la movilidad en vías urbanas e interurbanas, 27.034 millones, la creación de infraestructura verde en el ámbito urbano 6.000 millones, la reducción del impacto de los residuos municipales 6.521 millones y los servicios de alcantarillado y depuración y la mejora de las vías interurbanas regionales 4.453 millones.
Mientras, la organización que preside Julián Núñez estima que para la resiliencia y la calidad de las infraestructuras (ODS9) España ha de invertir 17.548 millones; para garantizar la disponibilidad y gestión del agua y del saneamiento (ODS6), 5.253 millones; para combatir la sequía y las inundaciones (ODS15) 3.848 millones; y para reducir el número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico (ODS3) 2.200 millones.
Seopan demanda estas actuaciones en un momento en el que la inversión pública en España “sigue en mínimos históricos”, equivalente al Producto Interior Bruto (PIB) de 1980, y con el ratio inversor más reducido de la Unión Europa (UE). No obstante, la contratación pública crecio un 38,7% en 2019, hasta los 9.890 millones de euros, una cifra que, en todo caso, es un 42% inferior al realizado con anterioridad al inicio de la consolidación fiscal en 2010.
Los dos factores que condicionan la inversión pública en infraestructura es el gasto social y la consolidación fiscal, el déficit público. El 48% de la reducción de gasto público ha provenido de recortes en la inversión pública, que se sitúa ya en el 2,12% del PIB, frente al 5,1% previo a la crisis. “Estamos invirtiendo 27.000 millones menos”, ha explicado Núñez. Tendríamos que incrementar un 40% la inversión, del 2,12% del PIB al 2,95%.
Fuente: El Economista