Las trabas burocráticas al autoconsumo energético con renovables 1 99

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La Alianza por el Autoconsumo denuncia las malas prácticas detectadas en numerosos ayuntamientos españoles que imponen trabas absurdas al autoconsumo .

Lo denuncia la Alianza por el Autoconsumo, plataforma integrada por más de sesenta entidades defensoras de la instalación de energía solar fotovoltaica para promover el uso de energías renovables y favorecer el ahorro mediante la instalación de placas solares en los tejados. La Alianza ha hecho pública su denuncia, y la ha acompañado de dos listados: uno recoge las malas prácticas detectadas; el otro, los «numerosos ayuntamientos españoles que imponen trabas absurdas» al autoconsumo.

La aprobación en abril del año pasado del Real Decreto (RD) 244/2019 (por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica) supuso un gran paso hacia adelante en el fomento del autoconsumo, según la Alianza, «pero deja cuestiones pendientes de desarrollar y detalles que mejorar». El RD -apuntan los aliados- da luz verde al desarrollo libre del «autoconsumo individual, compartido y de proximidad, con simplificación administrativa y reconocimiento a la remuneración de los excedentes vertidos a la red»; sin embargo -se queja la Alianza-, deja en el tintero «otras modificaciones y detalles que habría que mejorar para garantizar el ejercicio del derecho individual y colectivo a producir, consumir, compartir, gestionar o vender la propia energía».

Muchos ayuntamientos ya han adaptado su normativa en aras de fomentar el autoconsumo fotovoltaico en su municipio, mostrando un compromiso real con la ciudadanía, el medio ambiente, la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la aceleración de la transición energética a nivel local.

En ese sentido, la Alianza destaca ciertas buenas prácticas procedimentales que muchos ayuntamientos ya han implementado, como (1) la posibilidad de presentar los trámites y/o gestionarlos telemáticamente y de forma sencilla, con tiempos de respuesta coherentes; (2) el establecimiento de bonificaciones o desgravaciones en el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) y/o en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); o (3) la no necesidad de presentar proyectos visados o licencias de obra, siendo suficiente con la comunicación previa de la instalación.

Lamentablemente -se quejan en la Alianza-, también existen «otros muchos ayuntamientos que imponen trabas que obstaculizan y complican el fomento y el desarrollo del autoconsumo». Y también lo hacen de muy diversas formas, por ejemplo, (1) complicando innecesariamente trámites administrativos que en realidad deberían ser muy sencillos de ejecutar, (2) exigiendo la presentación de documentación compleja o (3) demorando inexplicablemente sus respuestas una vez el contribuyente ha emprendido el proceso.

La Alianza asegura que no pretende con su informe «señalar» a los ayuntamientos que aparecen en la lista, sino que, antes al contrario, su intención es simplemente dar a conocer situaciones en las que no se está llevando a cabo la tramitación de forma adecuada, ya sea por desconocimiento, falta de personal especializado u otro motivo, «para que las administraciones y sus responsables se coordinen y establezcan una normativa común, sencilla y con la intención real de fomentar el autoconsumo fotovoltaico lo máximo posible».

Ayuntamientos que obstaculizan el autoconsumo

Entre los ayuntamientos que ponen trabas al autoconsumo destacan las siguientes malas prácticas:

La Bisbal de Penedés (Girona). El Ayuntamiento aplica una tasa de 120 euros por panel solar instalado (el precio de la tasa es superior al coste del panel);

Zaragoza, la tramitación de la licencia de obras puede durar hasta un año (aunque la obra en sí -de instalación de un autoconsumo- puede durar 24 horas);

Palencia, el Ayuntamiento solicita todo un proyecto técnico para una instalación doméstica de menos de 5 kW y, además, la documentación se debe entregar de forma presencial;

Paracuellos, solicita documento con aprobación del Ministerio de Defensa para justificar que la instalación de autoconsumo no tendrá impacto para los aviones; Boadilla del Monte pide abonar una tasa de residuos.

Éstas son algunos ejemplos de las barreras al desarrollo del autoconsumo en España tras la derogación del famoso impuesto al Sol (impuesto vigente entre octubre de 2015 y octubre de 2018) y la posterior aprobación de un nuevo Real Decreto que regula el autoconsumo, RD que simplifica enormemente la tramitación administrativa. Muchos ayuntamientos ya han adaptado su normativa, pero otros interponen trabas absurdas que obstaculizan el derecho de los consumidores a producir, consumir, compartir, gestionar o vender su propia energía.

La Alianza asegura que no pretende con su informe «señalar» a los ayuntamientos que aparecen en la lista, sino que, antes al contrario, su intención es simplemente «que las administraciones y sus responsables se coordinen y establezcan una normativa común, sencilla y con la intención real de fomentar el autoconsumo fotovoltaico lo máximo posible». Consulta aquí el listado que ha publicado la Alianza y comprueba si tu Ayuntamiento está incluido.

Fuente: Energías Renovables y Nueva Tribuna

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Políticas sociales multi-nivel basadas en evidencias 0 47

El Ministro de Seguridad Social José L. Escrivá, ha participado en el Taller Económico on-line sobre la evaluación de las políticas públicas. Una intervención llena de pasión, experiencia y conocimientos que resume el profesor Francesc Trillas.

El Ministro Escrivá partió de la escasa experiencia de España con la evaluación de políticas públicas. Algunas instituciones existentes, como los tribunales de cuentas o la intervención del Estado, realizan un control formal, pero no realizan una evaluación del impacto de las políticas públicas sobre el bienestar de la ciudadanía. Con los mecanismos existentes, es difícil romper inercias y salirse de las reducciones lineales del gasto cuando hay necesidades de ajustes.

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), fruto de un análisis que venía desarrollándose desde hacía tiempo, y que se aceleró con la pandemia de la COVID-19, ha supuesto una inyección de práctica sistemática de evaluación basada en evidencia, que ha situado los estándares al respecto a un nivel muy alto. El haber acompañado la aprobación del IMV de un proceso de evaluación y de transparencia abrazando el debate con todo tipo de personas expertas, ha facilitado que la medida fuese aprobada con un elevadísimo consenso, y con un aplauso que iba desde Pablo Iglesias al Fondo Monetario Internacional.

Escrivá explicó que no era casual que la evaluación basada en evidencia se desarrollase más en administraciones progresistas, como las de Obama («show me the evidence», muéstrame la evidencia, solía decir) o Blair, ya que son este tipo de gobiernos los que están más interesados en elevar el prestigio de la acción del estado en la economía, y reforzar unas políticas sociales eficientes y bien dotadas. 

En España, parece que ha hecho falta una concatenación de sucesos contingentes para que por fin empecemos a tener en cuenta la evaluación de políticas públicas basada en evidencia de una manera sistemática

José L. Escrivá,

El ministro explicó que es imprescindible que todos los niveles de la administración practiquen la evaluación de políticas públicas, que hoy es más posible que nunca por los avances metodológicos (como los ensayos aleatorios controlados o randomized control trials, RCTs) y los avances tecnológicos que permiten el tratamiento de fuentes de Big Data como los datos administrativos o datos de interacciones sociales. Un estado federal moderno debe basarse en compartir datos, en poder experimentar para adoptar aquellas prácticas que se hayan probado primero en pequeña escala. En este sentido, Escrivá se mostró dispuesto a que las Comunidades Autónomas gestionen el IMV si aceptan algunas condiciones para hacer uso de fondos de los presupuestos del Estado, como por ejemplo que ellas mismas colaboren con los ayuntamientos.

A lo largo del debate, animado por una fila cero con Laia Bonet, Ana Berenguer y Aleix Calveras, se abordaron cuestiones institucionales como quien debía encargarse de la evaluación, si órganos externos, internos, independientes, funcionariales, académicos. Escrivá reconoció que con el IMV fue crucial el dramatismo del momento y el apoyo del presidente del gobierno para movilizar todo el esfuerzo de recopilación de datos cruzando fuentes de distintas agencias del Estado. Explicó que en su opinión los académicos conocen el estado del arte, pero a veces realizan afirmaciones poco «aterrizadas» y no tienen en cuenta a menudo las restricciones de economía política.

Por su lado, los académicos «se ofrecen» para realizar evaluaciones, pero exigen disponer de forma transparente de todos los daos necesarios, a lo cual hasta ahora la administración no siempre ha estado dispuesta. Las Consultorías externas pueden tener un rol en la realización de trabajos rutinarios asociados a la evaluación, pero no disponen de los incentivos para realizar un análisis profundo de las situaciones. En su opinión, son necesarios expertos multidisciplinares en evaluación en la administración, con estadísticos, economistas, sociólogos, politólogos… La evaluación interna tiene límites, puesto que uno debe aceptar ser evaluado por otros, pero hacen falta agentes internos a los gobiernos que sean sensibles a la evaluación externa (por ejemplo de instituciones como la AIREF, que Escrivá dirigió antes de ser ministro), y sean capaces de reaccionar ante ésta, acompañando la evaluación ex ante de una evaluación ex post y facilitando la comunicación de los resultados de la evaluación.La calidad institucional es clave, pero esta es endógena, no basta con simplemente tratar de inyectarla.

En España, parece que ha hecho falta una concatenación de sucesos contingentes para que por fin empecemos a tener en cuenta la evaluación de políticas públicas basada en evidencia de una manera sistemática: una política pública concreta que había sido estudiada por la AIREF y los partidos en el gobierno, una gran crisis, un ministro sensible que venía de una institución que había estudiado el tema… No deja de ser paradójico que para que la evaluación reciba impulso, el responsable de la autoridad independiente tenga que irse a trabajar a la institución evaluada (en este caso el gobierno), en un curioso, y hasta ahora no destacado por nadie, ejercicio de puertas giratorias internas al sector público.

Probablemente, ello ilustre que no basta con organismos independientes despolitizados, aunque estos pueden ser un input crucial, sino que es necesario un impulso político para que se abran paso iniciativas que rompen inercias y que no siempre son del agrado de grupos de presión (en mi perfil de Google Académico se pueden encontrar algunos artículos que he escrito sobre la regulación independiente). 

La evaluación no es neo-liberal, explicó brillantemente Escrivá: puede implicar recortar algún gasto, pero también mantenerlo o ampliarlo, como ha ocurrido con las becas universitarias. Por eso la evaluación es más importante que nunca con la actual pandemia, por las dificultades económicas combinadas con las urgentes necesidades sociales, que obligan a priorizar y direccionar bien el gasto público.

La charla fue muy oportuna especialmente por el momento que se vive en Cataluña, donde la coincidencia de la pandemia con el período pre-electoral, pone de manifiesto la importancia del buen gobierno en las importantísimas competencias autonómicas, como señaló Eva Granados al final del evento. Un rol reforzado y modernizado de la agencia Ivàlua, así como un análisis en profundidad de todo el gasto autonómico, serán necesarios para romper inercias de 40 años de una administración que tiene excesivos componentes clientelares y dedicados a prioridades que no son de tipo social, para liberar recursos priorizando el gasto sanitario y educativo, o la reindustrialización digital y ecológica.

El reto de aprovechar la oportunidad histórica de los fondos Next Generation de la Unión Europea también nos obligará a aumentar mucho los estándares evaluativos.

Francesc Trillas es Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Manual para digitalizar una pyme 0 52

Leonard Pera

Leonard Pera, colaborador habitual de Sostenibles.org acaba de publicar su libro “Manual para Digitalizar una Pyme”. Una guía indispensable para afrontar la nueva era digital y sostenible.

Porque lo que está ocurriendo es que la tecnología ha dejado de ser una cuestión de los departamentos tecnológicos, de los CIOs, de los informáticos para convertirse en una herramienta competitiva va imprescindible para las pymes. El libro pretende desgranar cada uno de los aspectos en lo que la deberemos tener en cuenta y qué elementos deberemos tener en cuenta para poder decidir entre una solución u otra.

Un momento muy importante en cualquier decisión de compra es cuando uno entiende por fin cuales son los elementos que debe tener en cuenta. En Decathlon tienen un sistema muy intuitivo de etiquetado que permite a los practicantes no habituales de un deporte analizar cuales son los elementos que debe tener en cuenta para esa decisión de compra, En función de edad, de frecuencia de práctica y de expertise se recomiendan unos parámetros que, junto con el precio marcarán la decisión de compra.

la tecnología ha dejado de ser una cuestión de los departamentos tecnológicos, de los CIOs, de los informáticos para convertirse en una herramienta competitiva va imprescindible para las pymes

Leonard Pera

En tecnología pasa lo mismo, dependiendo de nuestras necesidades deberemos tener en cuanta unos factores u otros en esa decisión de implantación de tecnología. Porque la pyme tiene recursos limitados y toda decisión debe estar muy ajustada a su necesidad.

En el libro Leonard Pera nos diferencia entre aspectos de digitalización interna y externa. Entendiendo por los primeros los relacionados con la mejora de eficiencia en la gestión, ahorros de costes y mejora de procesos. Mientras que la externa reúne los aspectos de go to market, comunicación y comercialización. Los que están más relacionados con el mercado y los clientes.

Para cada uno de ellos nos ofrece una guía de aspectos a tener en cuenta, distintas alternativas, analizando sus pros y sus contras y un modelo de seguimiento para analizar los resultados.

Si quisiéramos destacar de entre todos los aspectos uno que sea el que más va a influir en la pyme durante el próximo año resaltaríamos los aspectos de gestión del dato. Los proyectos de Smart Data y Monitorización o Escucha Activa que llevan años implantados en las grandes empresas y que ahora están al alcance de las pymes con inversiones razonables.

El proceso de transformación digital de las pymes es uno de los retos a los que se enfrenta la economía española postCovid y el libro de Leonard Pera reúne las claves para afrontarlo con éxito.

Para comprar el libro: https://www.amazon.es/Manual-para-Digitalizar-una-Pyme-ebook/dp/B08B51CY2Q