Solidaridad europea para proteger la actividad productiva. 0 210

Juan Moscoso

Las empresas, pymes y autónomos españoles tienen el mismo derecho a recibir subvenciones y ayudas a fondo perdido, aplazamientos y cancelaciones fiscales, y condiciones crediticias que las de Alemania, Francia o los Países Bajos.

Existen dos consensos entre los economistas: que la economía va a registrar una caída de entre el 10% y el 15% del PIB, y que todavía no se ha hecho todo lo posible para evitar la destrucción de tejido productivo y preservar la oferta y la capacidad de reactivación de la economía española, sobre todo para pymes y autónomos. Aunque queda poco tiempo aun no es tarde para hacerlo y poder derrotar, o minorar, las previsiones.

Las medidas adoptadas -ERTEs, ayudas para los autónomos por cese de actividad, y avales- contribuyen a sostener rentas y alivian un tipo de costes -los laborales-, y son imprescindibles pero también insuficientes e insostenibles, pueden acabar en gran porcentaje en despidos y paro, si no se complementan.

En comparación con la zona euro, o incluso los EE.UU., España es donde menos esfuerzo se ha dedicado a proteger la actividad productiva porque su capacidad de respuesta es limitada. Nuestra economía no está preparada para afrontar este shock debido a la debilidad de su posición fiscal global: alto endeudamiento y el mayor déficit estructural.

El cuadro adjunto de Bruegel muestra como el esfuerzo fiscal desplegado por nuestro país no sólo es el más bajo, sino que ni siquiera alcanza el valor del déficit público estructural -un 3,1% del PIB potencial en 2019 según la Comisión Europea-. Pero aún no es tarde para intentar mejorar las previsiones. Cada punto de caída de PIB equivale a un punto adicional de PIB de déficit y 180.000 empleos destruidos.

¿Cómo? Planteando esta cuestión de otra manera. El debate sobre la solidaridad europea seguido hasta ahora confunde el qué con el cómo. Una cosa es qué políticas debería poder financiar la Unión de manera solidaria, con transferencias y subvenciones como es deseable, y no con préstamos; y otra muy distinta cómo debe hacerlo, si emitiendo eurobonos, deuda perpetua, con cargo al MFP… Es imposible intentar definir nuevos mecanismos de financiación sin haber acordado antes qué debe ser financiado desde Europa.

El debate sobre la solidaridad europea seguido hasta ahora confunde el qué con el cómo. Una cosa es qué políticas debería poder financiar la Unión de manera solidaria, con transferencias y subvenciones como es deseable, y no con préstamos; y otra muy distinta cómo debe hacerlo, si emitiendo eurobonos, deuda perpetua, con cargo al MFP..

A nivel europeo existe el mismo problema que en España: casi nada previsto para hacer transferencias inmediatas para salvar al tejido productivo. El MEDE se hará cargo sin condicionalidad del gasto sanitario, el BEI respaldará los avales del ICO para los préstamos a empresas, y el SURE contribuirá de un modo aún sin definir a financiar los gastos de desempleo y protección social -ERTEs-, todo imprescindible, y todo con cargo a deuda. En la crisis de 2008 se comprobó la dificultad de nuestra economía para financiar déficits públicos del 10% del PIB o superiores, situación con la que podemos encontrarnos a la vuelta del verano.

El cuadro de Bruegel evidencia la gigantesca distorsión que las distintas soluciones nacionales suponen para el mercado interior. La Comisión ha autorizado temporalmente una mayor flexibilidad en la concesión de ayudas de estado, y acierta. Sin embargo, debería exigir también que todos los Estados puedan aplicarla ya con igualdad, garantizando las mismas cuantías y plazos, para preservar el mercado interior de la competencia desleal de los Estados en mejor posición financiera, para evitar una salida asimétrica con costes desproporcionados, y por solidaridad para no condenar el futuro de varias generaciones por una crisis de origen biológico.

Según el principio de subsidiariedad (Art.5.3. TUE.) la Unión debe actuar cuando los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y la acción, debido a su dimensión o efectos, puede realizarse mejor a escala de la Unión.

La solución es revisar el listado de ayudas aprobadas en todos los países y garantizar que la más favorable en cada categoría pueda ser replicada en todos para garantizar esa igualdad. Las empresas, pymes y autónomos españoles tienen el mismo derecho a recibir subvenciones y ayudas a fondo perdido, aplazamientos y cancelaciones fiscales, y condiciones crediticias que las de Alemania, Francia o los Países Bajos, igual que éstas tienen el mismo derecho a hacer ERTEs equiparables a los españoles.

Se debe catalogar esas medidas, cuantificarlas, y negociar en Bruselas su puesta en marcha inmediata, con el respaldo de un gran acuerdo nacional con reflejo en las instituciones europeas. Si se logra, el debate acerca de cómo financiarlas pasará a segundo plano -eurobonos-, porque la Unión encontrará la fórmula en un momento enel que el BCE no puede compensar eternamente las deficiencias de la unión monetaria y del mercado interior. Con todo, España, como otros, deberá cumplir los pactos presupuestarios, y todos coordinar sus políticas fiscales. La negociación de estas medidas es complementaria, es otra, a la del urgente pero no inmediato, “Plan de Recuperación”, orientado hacia una mayor inversión y la construcción de una región industrial paneuropea sostenible e innovadora capaz de competir con China y los EE.UU.

Juan Moscoso del Prado es director de Deusto Asuntos Globales de Deusto Business School

Artículo publicado en Actualidad Económica – El Mundo el día 17 de mayo de 2020

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