Pacto Verde europeo. ¿Son compatibles crecimiento y sostenibilidad? 0 264

Cristina Monge

El Pacto verde europeo, nacido de la voluntad de liderar la transición ecológica desde los criterios de justicia social, tiene una oportunidad para incorporar las lecciones que la pandemia nos está dejando y plantear respuestas estratégicas que contribuyan al cambio de modelo político, económico y social. Extracto del «paper» de Cristina Monge en EsGlobal.

Con la pandemia que está asolando Europa y la inminente crisis económica que ya se extiende por el mundo, se impone lo que puede considerarse una reconstrucción, reconstitución o una renovación de los paradigmas políticos, sociales y económicos. Ojalá esta crisis ayude a hacer un diagnóstico certero de las fallas del sistema para poder renovar sus pilares superando esas carencias. Renovación que habrá de enmarcarse en una apuesta decidida y firme por la transición ecológica. Es más, el objetivo fundamental debería ser convertir al Pacto verde europeo en el marco para salir de la crisis, incorporando en él las lecciones que vamos obteniendo.

La preocupación por los temas ambientales ha ido creciendo en la Unión Europea en los últimos años. Los datos del Eurobarómetro de 2019 en esta materia son contundentes. El 93% de la ciudadanía de la UE considera que el cambio climático es un problema grave y el 79%, que es muy grave. El 92% de los encuestados cree que es importante que el gobierno de su país fije objetivos ambiciosos para aumentar las energías renovables, y el 89% considera que deberían prestar apoyo para mejorar la eficiencia energética.

En línea con lo anterior, el 84% cree que debe prestarse más apoyo financiero público a la transición hacia las energías limpias y el 92% de los encuestados apoyan una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al mínimo y compensar las emisiones restantes, para alcanzar la neutralidad en 2050.  A esto hay que sumar la contundencia del mensaje de los más jóvenes, agrupados en iniciativas como Fridays For Future o Extinction Rebellion, que reivindican una acción política basada en el conocimiento científico.

En los momentos de crisis que están viviéndose conviene no olvidar estos datos. De momento, todo indica que está librándose una pugna para mantener este acuerdo verde entre las prioridades de la política europea. Los llamamientos de algunos Estados y grandes empresas para retrasar las medidas contempladas en la transición ecológica, o la relajación de los requisitos ambientales con el pretexto de “dinamizar la economía”, han hecho levantar todas las alarmas. De ahí que sean especialmente importantes movimientos como el dado el pasado 11 de abril, en pleno debate sobre la respuesta europea a la crisis, por los ministros de España, Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Suecia, a los que más tarde su sumarían Grecia, Francia y Alemania.

¿Por qué el Pacto verde europeo debe ser la salida de la crisis?

Según puede leerse en la web de la comisión, “el cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo. Para superar estos retos, Europa necesita una nueva estrategia de crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, donde: hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, el crecimiento económico está disociado del uso de recursos y no haya personas ni lugares que se queden atrás”.

Esta hoja de ruta que supone el Pacto Verde Europeo hace un recorrido por buena parte del conjunto de la economía a través de los siguientes epígrafes: “Energía limpia”, “Industria sostenible”, “Construir y renovar”, “Movilidad sostenible”, “Biodiversidad”, “De la granja a la mesa” y “Eliminar la contaminación”. Para llevarlo a cabo, elabora una propuesta de inversiones y de instrumentos de financiación, dentro del marco para una transición justa e inclusiva.

De los objetivos que se plantean, probablemente al que se le ha dado mayor difusión hasta el momento ha sido al energético. La UE se propone ser climáticamente neutra en 2050, algo que se concreta en la propuesta de Ley del clima, cuyo borrador se ha conocido recientemente.

Por otro lado, el Pacto Verde contempla también apoyo financiero y asistencia técnica para ayudar a las personas, las empresas y las regiones más afectadas por la transición hacia la economía verde. Para ello ha puesto en marcha el llamado Mecanismo para una Transición Justa, que contribuirá a movilizar 100.000 millones de euros, como mínimo, durante el período entre 2021 y 2027.

El Pacto contempla también la adopción de un nuevo plan de adaptación al cambio climático que active inversiones públicas y privadas, dando especial papel a las soluciones basadas en la naturaleza. Se plantea así mismo incrementar los esfuerzos para que inversores, aseguradoras, ciudades y ciudadanía pueden acceder a la información y los datos para desarrollar instrumentos que permitan integrar el riesgo climático en sus prácticas.

Conceptualmente uno de los aspectos más interesantes del plan es la constatación de la interconexión entre objetivos económicos, sociales y ambientales.

De ahí que el Pacto verde apueste por actuar en todos los niveles políticos mediante herramientas diferentes que incorporan la regulación, la estandarización, la inversión, la innovación, reformas en los Estados miembro, diálogo con los agentes sociales y cooperación internacional, entre otros. Todo ello en el marco del pilar de derechos sociales asegurando que nadie queda atrás, y trabajando con los Estados miembro para alinear los esfuerzos de la UE con la legislación y políticas nacionales de forma que se asegure una efectiva implementación de las medidas, según se afirma en la comunicación de la Comisión.

El Pacto Verde europeo es un instrumento de movilización de recursos para una reconstrucción, reconstitución o renovación del modelo económico en aras de hacerlo más resiliente y sostenible. ¿No es esto, acaso, lo que se necesita para encarar esta crisis sin precedentes?

Fortalecer el Pacto Verde Europeo para hacerlo más eficaz

Muchos de los asuntos que aborda el Pacto quedan pendientes de desarrollo en posteriores planes, cuyo conocimiento está empezando a generar ya algunas críticas, que se añaden a otras de carácter conceptual y estratégico.

Expertos como Javier García Breva señalan que la implementación del Pacto verde europeo “necesita una inversión de 260.000 millones de euros anuales, el 1,5% del PIB europeo”. El marco presupuestario de la UE 2021-2027 está en discusión, y Estados centrales como Alemania o Países Bajos mantienen políticas restrictivas para no superar el 1%. Si a esto se une la dificultad para armonizar la fiscalidad ambiental, el resultado es la dificultad para contar con un presupuesto que haga posible un Pacto verde con la ambición necesaria.

Una apuesta ambiciosa y estratégica del Pacto verde debe pasar por fortalecer los instrumentos necesarios, presupuesto incluido, para hacer de éste el marco de recuperación económica y del cambio de modelo necesario para paliar los fallos sistémicos que han emergido a las claras con la pandemia.

Lograr un cambio de esta naturaleza, requiere movilizar y contar con una amplia participación y el apoyo de la sociedad civil, los gobiernos y los ciudadanos de toda la Unión, a través de un Pacto por el Clima que movilice a todos en torno a ese gran objetivo compartido.

¿Son compatibles crecimiento y sostenibilidad? 

En el debate sobre el Pacto reaparece con fuerza, como era de esperar, la clásica discusión sobre la posibilidad de compatibilizar crecimiento con mejora de indicadores ambientales, para pasar a continuación a la discusión sobre la relación entre desarrollo y crecimiento. En su documento la Comisión define el Pacto Verde como “una nueva estrategia de crecimiento”. Las críticas no se han hecho esperar. Desde Greenpeace se ha señalado la contradicción de esta afirmación con lo advertido poco antes por la Agencia Europea de Medio Ambiente, quien veía incompatible la búsqueda de crecimiento con la protección ambiental. Frente a esto, la organización ecologista, tras negar la posibilidad de desacoplar el crecimiento económico del deterioro ambiental, reclama medidas de decrecimiento.

A la luz de las enseñanzas que los últimos acontecimientos sobre el coronavirus están dejando parece inaplazable el debate sobre cómo medimos el desarrollo, que no es otro sino la noción de desarrollo y bienestar.

¿Seguir financiando el gas y la energía nuclear? 

A menudo el diablo está en los detalles, y en este caso los detalles no son pequeños. El Pacto Verde no dice nada al respecto de la taxonomía, es decir, la definición de qué inversiones se consideran verdes y cuáles no. Este aspecto, para nada menor, fue objeto de preacuerdo por los Estados miembro días después de presentarse el Pacto Verde. En él, se deja la puerta abierta para que la energía nuclear y el gas natural puedan catalogarse como sostenibles, lo que supone que podrán acceder a fondos europeos y del Banco europeo de inversiones, así como a fondos nacionales, en detrimento de las inversiones en renovables y eficiencia energética.

Según denuncia la Plataforma por una Transición ecológica justa, esta decisión contradice los objetivos que anunció la ONU en la COP 25 de eliminar las ayudas a los combustibles fósiles, es contraria a lo que plantea el panel de investigadores del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que propone reducir el uso de gas en un 15% en 2030 y un 43% en 2050, y es incompatible con el propio anuncio del BEI de no financiar proyectos de combustibles fósiles, además de con las directivas europeas del “paquete de invierno”, que en ningún caso citan a la nuclear o el gas como fuentes de respaldo a las renovables. Todo esto lleva a la Plataforma por una Transición ecológica justasolicitar que “la taxonomía del Pacto Verde Europeo excluya la energía nuclear y el gas natural como energías verdes” de forma explícita y clara.

¿Una Ley del clima que no acelera la reducción de emisiones? 

La Ley del clima, cuyo borrador se conoció a principios de marzo, es el reglamento con el que la UE convertirá en vinculante su objetivo para que Europa sea climáticamente neutra en el 2050. Esto significa que a partir de esta fecha las emisiones de gases de efecto invernadero que no se hayan podido reducir habrán de ser compensadas, capturadas o neutralizadas mediante sumideros.

La propuesta, en el momento que se conoció, fue considerada poco ambiciosa por algunos países. Las críticas señalan la carencia de un aspecto fundamental, la fijación del objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2030, quedando aplazada esta decisión para septiembre.

La posibilidad, por tanto, de incrementar la disminución hasta llegar al 50% o 55% sigue en el aire, peligrando así la posibilidad de poder presentar el nuevo compromiso a la cumbre del clima de Glasgow en noviembre de 2020. Por otro lado, las ONG hacen más hincapié en la necesidad de plantear escenarios ambiciosos que permitan cumplir con el objetivo de cero emisiones en 2050 y con el acuerdo de París sin que la temperatura suba más de 1,5ºC.

¿Qué modelo de gobernanza? 

Como viene señalándose desde distintos ámbitos, una transición del calado que propone el Green Deal requiere un nuevo modelo de gobernanza capaz de articular a todos los agentes políticos, sociales y económicos de todos los niveles. Teniendo en cuenta que hoy se dispone de tecnología, conocimiento e instrumentos financieros suficientes para hacer la transición, el gran reto que se plantea es el de la gobernanza. Qué modelo de gobernanza, qué actores, con qué metodologías y en qué tipo de procesos para tomar qué decisiones.

En su texto el Pacto verde alude a la necesidad de involucrar a la ciudadanía mediante iniciativas como los diálogos ciudadanos impulsados por la Comisión en otros asuntos. Además, se prevén espacios tanto físicos como virtuales para poner en común y debatir iniciativas ambiciosas, tanto a nivel individual como colectivo, a semejanza de las asambleas ciudadanas por el clima que están desarrollándose en distintos Estados miembro. A esto se unen programas de formación e información que hagan posible la participación.

Por otro lado, existen actores clave, como las ciudades, o la academia, cuyo rol tampoco se encuentra especificado, cuando de ellas depende buena parte de la solución. Iniciativas como las misiones impulsadas por la economista Mariana Mazzucato podrían ser un modelo para impulsar este proceso trascendental.

En definitiva, el Pacto verde europeo, nacido de la voluntad de liderar la transición ecológica desde los criterios de justicia social, tiene una oportunidad para incorporar las lecciones que la pandemia nos está dejando y plantear respuestas estratégicas que contribuyan al cambio de modelo político, económico y social que hoy más que nunca, tras esta crisis, es inaplazable. Tensiones políticas, dentro y fuera de la UE habrá muchas. Es en estos momentos en los que se demuestra la consistencia y la firmeza de las convicciones.

Para leer el «paper» completo: El Pacto Verde europeo es la luz al final del túnel

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