El debate sobre la fiscalidad de la riqueza 0 255

Juan Moscoso

La crisis del COVID-19 ha reabierto el debate sobre la fiscalidad de la riqueza que venían animando Thomas Pikkety, millonarios partidarios de pagar más como Warren Buffet o Bill Gates, o el Financial Times con el wealth tax.

En España, Miguel Sebastián ya lo ha dicho todo sobre el impuesto del patrimonio, un impuesto injusto y anacrónico que provoca doble imposición, que genera los típicos problemas de gravar magnitudes “stock” y no “flujos”, y que incumple los tres principios exigibles a toda figura fiscal: suficiencia, equidad -ni vertical ni horizontal-, y eficiencia -desincentiva ahorro e inversión-.

Pero que haya que eliminar el impuesto sobre el patrimonio no quiere decir que la riqueza no debate tributar, debiendo hacerlo vía donaciones y sucesiones, con un impuesto con un mínimo exento “alto” e igual en toda España, y conforme a las recomendaciones de la OCDE.

Eliminar el impuesto sobre el patrimonio no quiere decir que la riqueza no debate tributar, debiendo hacerlo vía donaciones y sucesiones, con un impuesto con un mínimo exento “alto” e igual en toda España, y conforme a las recomendaciones de la OCDE.

¿Cómo? Eliminando el modelo actual y reemplazándolo por uno nuevo, mejor que volver a reformarlo, mientras se avanza en la armonización de la tributación de la riqueza en la Unión Europa.

En España recauda el 0,2% del PIB, frente al 0,4%, 0,6% y 0,7% de Japón, Francia y Bélgica (datos OCDE), una cantidad que aquí debería superar el 0,3% del PIB para poder financiar imprescindibles políticas de igualdad de oportunidades, y también de redistribución de oportunidades porque algunos colectivos disfrutan de muchas y otros de pocas o ninguna ([i]).

La OCDE recomienda gravar las herencias y donaciones por razones de equidad en todas sus dimensiones -horizontal con las rentas del trabajo-, para garantizar un crecimiento económico inclusivo, y reducir la creciente desigualdad. Una excesiva desigualdad en la distribución de la riqueza desincentiva el emprendimiento – emprenden los ricos, no los mejores – en detrimento del bienestar común.

Como Pikkety ha señalado, cada vez es mayor el porcentaje de personas que hereda una riqueza superior a la que el resto de población obtendrá como resultado del trabajo durante toda su vida. También, Branko Milanovic ha demostrado las secuelas de la desigualdad “heredada”, ya sea riqueza o pobreza, en detrimento del avance meritocrático que debe prevalecer en una sociedad cohesionada e igualitaria.

En nuestro país, el viejo debate sobre la eliminación del impuesto de sucesiones es uno de los más antiliberales posibles. Un debate que liquida al individuo, a la persona, como centro de nuestro ordenamiento jurídico democrático, como sujeto de derechos y obligaciones, para sustituirlo por el de familia, una variante del de clan, tribu, señorío feudal, o pueblo.

Un regreso al antiguo régimen en el que los derechos de cada cual dependían de su linaje, riqueza familiar y patrimonio, y que creíamos superado desde la ilustración. Hoy, los titulares de las obligaciones fiscales son las personas, los ciudadanos, con responsabilidad individual e igualdad ante la Ley.

La definición de un mínimo exento, “alto” y común, no genera excesivos problemas. Multiplicando el salario medio en 2019 (23.156€) por 35 años obtenemos 810.460 € de renta vital. El precio medio de una vivienda familiar es de 300.000 €. Ambas suman 1 millón de €. Esa cifra exenta de pago de sucesiones equivale a lo que un ciudadano medio puede ganar trabajando toda su vida, más el valor de una vivienda media pagada con otro tipo de rentas, sin duda un buen trato para el potencial heredero o heredera.

En 2019, 900.000 españoles tenían un patrimonio de 1 millón de € o más (50.000 de más de 5 millones). Con 1 millón de € exento por persona heredera, no por herencia, tributarían menos del 2% de las herencias.

Con este esquema “OCDE”, con un tipo plano del 30%, una herencia de 2 millones de € tributaría por sucesiones 300.000 €, recibiendo la persona 1.700.000 €, más de lo que obtendría ganando esa misma cantidad en la lotería -1.604.000 €-, o trabajando y pagando IRPF en Madrid -1.142.000 €, la Comunidad de tipos más bajos-, recibiendo así “mejor” trato fiscal los regalos o donaciones sin contraprestación o esfuerzo alguno, que las rentas del trabajo.

Tomando como referencia las tasas de retorno históricas, y descontando los efectos de otros impuestos porque el patrimonio sólo debe tributar por sus rendimientos, ningún legado familiar se vería “amenazado”.

Otra cuestión es que con una caída del PIB del 15%, un déficit público del 15% del PIB y una deuda pública acumulada del 120%, por lo que carece de sentido gravar flujos que afectan al consumo o la inversión, sea necesario plantearse una contribución solidaria intergeneracional, extraordinaria, para garantizar la equidad intergeneracional invirtiendo en políticas de igualdad de oportunidades como la educación 0-3, gravando el “stock” de riqueza una vez, un “one off”.

Ese es hoy el debate.

Artículo publicado en Actualidad Económica – El Mundo el 21 Mayo 2020.


[i] Ver: Igualdad efectiva en el mercado de trabajo. Colección Palancas. Fundación Felipe González, (abril 2020). www.fundacionfelipegonzalez.org

Juan Moscoso del Prado es director de Deusto Asuntos Globales de Deusto Business School

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Políticas sociales multi-nivel basadas en evidencias 0 47

El Ministro de Seguridad Social José L. Escrivá, ha participado en el Taller Económico on-line sobre la evaluación de las políticas públicas. Una intervención llena de pasión, experiencia y conocimientos que resume el profesor Francesc Trillas.

El Ministro Escrivá partió de la escasa experiencia de España con la evaluación de políticas públicas. Algunas instituciones existentes, como los tribunales de cuentas o la intervención del Estado, realizan un control formal, pero no realizan una evaluación del impacto de las políticas públicas sobre el bienestar de la ciudadanía. Con los mecanismos existentes, es difícil romper inercias y salirse de las reducciones lineales del gasto cuando hay necesidades de ajustes.

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), fruto de un análisis que venía desarrollándose desde hacía tiempo, y que se aceleró con la pandemia de la COVID-19, ha supuesto una inyección de práctica sistemática de evaluación basada en evidencia, que ha situado los estándares al respecto a un nivel muy alto. El haber acompañado la aprobación del IMV de un proceso de evaluación y de transparencia abrazando el debate con todo tipo de personas expertas, ha facilitado que la medida fuese aprobada con un elevadísimo consenso, y con un aplauso que iba desde Pablo Iglesias al Fondo Monetario Internacional.

Escrivá explicó que no era casual que la evaluación basada en evidencia se desarrollase más en administraciones progresistas, como las de Obama («show me the evidence», muéstrame la evidencia, solía decir) o Blair, ya que son este tipo de gobiernos los que están más interesados en elevar el prestigio de la acción del estado en la economía, y reforzar unas políticas sociales eficientes y bien dotadas. 

En España, parece que ha hecho falta una concatenación de sucesos contingentes para que por fin empecemos a tener en cuenta la evaluación de políticas públicas basada en evidencia de una manera sistemática

José L. Escrivá,

El ministro explicó que es imprescindible que todos los niveles de la administración practiquen la evaluación de políticas públicas, que hoy es más posible que nunca por los avances metodológicos (como los ensayos aleatorios controlados o randomized control trials, RCTs) y los avances tecnológicos que permiten el tratamiento de fuentes de Big Data como los datos administrativos o datos de interacciones sociales. Un estado federal moderno debe basarse en compartir datos, en poder experimentar para adoptar aquellas prácticas que se hayan probado primero en pequeña escala. En este sentido, Escrivá se mostró dispuesto a que las Comunidades Autónomas gestionen el IMV si aceptan algunas condiciones para hacer uso de fondos de los presupuestos del Estado, como por ejemplo que ellas mismas colaboren con los ayuntamientos.

A lo largo del debate, animado por una fila cero con Laia Bonet, Ana Berenguer y Aleix Calveras, se abordaron cuestiones institucionales como quien debía encargarse de la evaluación, si órganos externos, internos, independientes, funcionariales, académicos. Escrivá reconoció que con el IMV fue crucial el dramatismo del momento y el apoyo del presidente del gobierno para movilizar todo el esfuerzo de recopilación de datos cruzando fuentes de distintas agencias del Estado. Explicó que en su opinión los académicos conocen el estado del arte, pero a veces realizan afirmaciones poco «aterrizadas» y no tienen en cuenta a menudo las restricciones de economía política.

Por su lado, los académicos «se ofrecen» para realizar evaluaciones, pero exigen disponer de forma transparente de todos los daos necesarios, a lo cual hasta ahora la administración no siempre ha estado dispuesta. Las Consultorías externas pueden tener un rol en la realización de trabajos rutinarios asociados a la evaluación, pero no disponen de los incentivos para realizar un análisis profundo de las situaciones. En su opinión, son necesarios expertos multidisciplinares en evaluación en la administración, con estadísticos, economistas, sociólogos, politólogos… La evaluación interna tiene límites, puesto que uno debe aceptar ser evaluado por otros, pero hacen falta agentes internos a los gobiernos que sean sensibles a la evaluación externa (por ejemplo de instituciones como la AIREF, que Escrivá dirigió antes de ser ministro), y sean capaces de reaccionar ante ésta, acompañando la evaluación ex ante de una evaluación ex post y facilitando la comunicación de los resultados de la evaluación.La calidad institucional es clave, pero esta es endógena, no basta con simplemente tratar de inyectarla.

En España, parece que ha hecho falta una concatenación de sucesos contingentes para que por fin empecemos a tener en cuenta la evaluación de políticas públicas basada en evidencia de una manera sistemática: una política pública concreta que había sido estudiada por la AIREF y los partidos en el gobierno, una gran crisis, un ministro sensible que venía de una institución que había estudiado el tema… No deja de ser paradójico que para que la evaluación reciba impulso, el responsable de la autoridad independiente tenga que irse a trabajar a la institución evaluada (en este caso el gobierno), en un curioso, y hasta ahora no destacado por nadie, ejercicio de puertas giratorias internas al sector público.

Probablemente, ello ilustre que no basta con organismos independientes despolitizados, aunque estos pueden ser un input crucial, sino que es necesario un impulso político para que se abran paso iniciativas que rompen inercias y que no siempre son del agrado de grupos de presión (en mi perfil de Google Académico se pueden encontrar algunos artículos que he escrito sobre la regulación independiente). 

La evaluación no es neo-liberal, explicó brillantemente Escrivá: puede implicar recortar algún gasto, pero también mantenerlo o ampliarlo, como ha ocurrido con las becas universitarias. Por eso la evaluación es más importante que nunca con la actual pandemia, por las dificultades económicas combinadas con las urgentes necesidades sociales, que obligan a priorizar y direccionar bien el gasto público.

La charla fue muy oportuna especialmente por el momento que se vive en Cataluña, donde la coincidencia de la pandemia con el período pre-electoral, pone de manifiesto la importancia del buen gobierno en las importantísimas competencias autonómicas, como señaló Eva Granados al final del evento. Un rol reforzado y modernizado de la agencia Ivàlua, así como un análisis en profundidad de todo el gasto autonómico, serán necesarios para romper inercias de 40 años de una administración que tiene excesivos componentes clientelares y dedicados a prioridades que no son de tipo social, para liberar recursos priorizando el gasto sanitario y educativo, o la reindustrialización digital y ecológica.

El reto de aprovechar la oportunidad histórica de los fondos Next Generation de la Unión Europea también nos obligará a aumentar mucho los estándares evaluativos.

Francesc Trillas es Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Manual para digitalizar una pyme 0 52

Leonard Pera

Leonard Pera, colaborador habitual de Sostenibles.org acaba de publicar su libro “Manual para Digitalizar una Pyme”. Una guía indispensable para afrontar la nueva era digital y sostenible.

Porque lo que está ocurriendo es que la tecnología ha dejado de ser una cuestión de los departamentos tecnológicos, de los CIOs, de los informáticos para convertirse en una herramienta competitiva va imprescindible para las pymes. El libro pretende desgranar cada uno de los aspectos en lo que la deberemos tener en cuenta y qué elementos deberemos tener en cuenta para poder decidir entre una solución u otra.

Un momento muy importante en cualquier decisión de compra es cuando uno entiende por fin cuales son los elementos que debe tener en cuenta. En Decathlon tienen un sistema muy intuitivo de etiquetado que permite a los practicantes no habituales de un deporte analizar cuales son los elementos que debe tener en cuenta para esa decisión de compra, En función de edad, de frecuencia de práctica y de expertise se recomiendan unos parámetros que, junto con el precio marcarán la decisión de compra.

la tecnología ha dejado de ser una cuestión de los departamentos tecnológicos, de los CIOs, de los informáticos para convertirse en una herramienta competitiva va imprescindible para las pymes

Leonard Pera

En tecnología pasa lo mismo, dependiendo de nuestras necesidades deberemos tener en cuanta unos factores u otros en esa decisión de implantación de tecnología. Porque la pyme tiene recursos limitados y toda decisión debe estar muy ajustada a su necesidad.

En el libro Leonard Pera nos diferencia entre aspectos de digitalización interna y externa. Entendiendo por los primeros los relacionados con la mejora de eficiencia en la gestión, ahorros de costes y mejora de procesos. Mientras que la externa reúne los aspectos de go to market, comunicación y comercialización. Los que están más relacionados con el mercado y los clientes.

Para cada uno de ellos nos ofrece una guía de aspectos a tener en cuenta, distintas alternativas, analizando sus pros y sus contras y un modelo de seguimiento para analizar los resultados.

Si quisiéramos destacar de entre todos los aspectos uno que sea el que más va a influir en la pyme durante el próximo año resaltaríamos los aspectos de gestión del dato. Los proyectos de Smart Data y Monitorización o Escucha Activa que llevan años implantados en las grandes empresas y que ahora están al alcance de las pymes con inversiones razonables.

El proceso de transformación digital de las pymes es uno de los retos a los que se enfrenta la economía española postCovid y el libro de Leonard Pera reúne las claves para afrontarlo con éxito.

Para comprar el libro: https://www.amazon.es/Manual-para-Digitalizar-una-Pyme-ebook/dp/B08B51CY2Q