La crisis del COVID-19 ha reabierto el debate sobre la fiscalidad de la riqueza que venían animando Thomas Pikkety, millonarios partidarios de pagar más como Warren Buffet o Bill Gates, o el Financial Times con el wealth tax.
En España, Miguel Sebastián ya lo ha dicho todo sobre el impuesto del patrimonio, un impuesto injusto y anacrónico que provoca doble imposición, que genera los típicos problemas de gravar magnitudes “stock” y no “flujos”, y que incumple los tres principios exigibles a toda figura fiscal: suficiencia, equidad -ni vertical ni horizontal-, y eficiencia -desincentiva ahorro e inversión-.
Pero que haya que eliminar el impuesto sobre el patrimonio no quiere decir que la riqueza no debate tributar, debiendo hacerlo vía donaciones y sucesiones, con un impuesto con un mínimo exento “alto” e igual en toda España, y conforme a las recomendaciones de la OCDE.
Eliminar el impuesto sobre el patrimonio no quiere decir que la riqueza no debate tributar, debiendo hacerlo vía donaciones y sucesiones, con un impuesto con un mínimo exento “alto” e igual en toda España, y conforme a las recomendaciones de la OCDE.
¿Cómo? Eliminando el modelo actual y reemplazándolo por uno nuevo, mejor que volver a reformarlo, mientras se avanza en la armonización de la tributación de la riqueza en la Unión Europa.
En España recauda el 0,2% del PIB, frente al 0,4%, 0,6% y 0,7% de Japón, Francia y Bélgica (datos OCDE), una cantidad que aquí debería superar el 0,3% del PIB para poder financiar imprescindibles políticas de igualdad de oportunidades, y también de redistribución de oportunidades porque algunos colectivos disfrutan de muchas y otros de pocas o ninguna ([i]).
La OCDE recomienda gravar las herencias y donaciones por razones de equidad en todas sus dimensiones -horizontal con las rentas del trabajo-, para garantizar un crecimiento económico inclusivo, y reducir la creciente desigualdad. Una excesiva desigualdad en la distribución de la riqueza desincentiva el emprendimiento – emprenden los ricos, no los mejores – en detrimento del bienestar común.
Como Pikkety ha señalado, cada vez es mayor el porcentaje de personas que hereda una riqueza superior a la que el resto de población obtendrá como resultado del trabajo durante toda su vida. También, Branko Milanovic ha demostrado las secuelas de la desigualdad “heredada”, ya sea riqueza o pobreza, en detrimento del avance meritocrático que debe prevalecer en una sociedad cohesionada e igualitaria.
En nuestro país, el viejo debate sobre la eliminación del impuesto de sucesiones es uno de los más antiliberales posibles. Un debate que liquida al individuo, a la persona, como centro de nuestro ordenamiento jurídico democrático, como sujeto de derechos y obligaciones, para sustituirlo por el de familia, una variante del de clan, tribu, señorío feudal, o pueblo.
Un regreso al antiguo régimen en el que los derechos de cada cual dependían de su linaje, riqueza familiar y patrimonio, y que creíamos superado desde la ilustración. Hoy, los titulares de las obligaciones fiscales son las personas, los ciudadanos, con responsabilidad individual e igualdad ante la Ley.
La definición de un mínimo exento, “alto” y común, no genera excesivos problemas. Multiplicando el salario medio en 2019 (23.156€) por 35 años obtenemos 810.460 € de renta vital. El precio medio de una vivienda familiar es de 300.000 €. Ambas suman 1 millón de €. Esa cifra exenta de pago de sucesiones equivale a lo que un ciudadano medio puede ganar trabajando toda su vida, más el valor de una vivienda media pagada con otro tipo de rentas, sin duda un buen trato para el potencial heredero o heredera.
En 2019, 900.000 españoles tenían un patrimonio de 1 millón de € o más (50.000 de más de 5 millones). Con 1 millón de € exento por persona heredera, no por herencia, tributarían menos del 2% de las herencias.
Con este esquema “OCDE”, con un tipo plano del 30%, una herencia de 2 millones de € tributaría por sucesiones 300.000 €, recibiendo la persona 1.700.000 €, más de lo que obtendría ganando esa misma cantidad en la lotería -1.604.000 €-, o trabajando y pagando IRPF en Madrid -1.142.000 €, la Comunidad de tipos más bajos-, recibiendo así “mejor” trato fiscal los regalos o donaciones sin contraprestación o esfuerzo alguno, que las rentas del trabajo.
Tomando como referencia las tasas de retorno históricas, y descontando los efectos de otros impuestos porque el patrimonio sólo debe tributar por sus rendimientos, ningún legado familiar se vería “amenazado”.
Otra cuestión es que con una caída del PIB del 15%, un déficit público del 15% del PIB y una deuda pública acumulada del 120%, por lo que carece de sentido gravar flujos que afectan al consumo o la inversión, sea necesario plantearse una contribución solidaria intergeneracional, extraordinaria, para garantizar la equidad intergeneracional invirtiendo en políticas de igualdad de oportunidades como la educación 0-3, gravando el “stock” de riqueza una vez, un “one off”.
Ese es hoy el debate.
Artículo publicado en Actualidad Económica – El Mundo el 21 Mayo 2020.
[i] Ver: Igualdad efectiva en el mercado de trabajo. Colección Palancas. Fundación Felipe González, (abril 2020). www.fundacionfelipegonzalez.org
Juan Moscoso del Prado es director de Deusto Asuntos Globales de Deusto Business School