Noruega se compromete con la «deforestación cero» 0 46

El país nórdico es el primer país del mundo en prohibir la deforestación. Al comprometerse con la deforestación cero, las instituciones noruegas no podrán otorgar contratos gubernamentales a las empresas que participan en la tala de árboles.

La promesa se hizo en la Recomendación del Comité Permanente de Energía y Medio Ambiente del parlamento noruego con respecto al plan de acción nacional de biodiversidad de Noruega, que ahora se ha puesto en marcha.

Al ritmo actual de deforestación, las selvas tropicales del mundo podrían desaparecer por completo en 100 años. El ochenta por ciento de las plantas y animales terrestres del mundo viven en bosques, y muchas especies no pueden sobrevivir si experimentan pérdida de hábitat.

Los árboles también juegan un papel crítico en la absorción de gases de efecto invernadero y otras partículas contaminantes que afectan la calidad del aire y el medio ambiente. El principal impulsor de la deforestación es la agricultura. Los agricultores a menudo eliminan sus tierras de árboles para dejar espacio para el ganado mediante un proceso conocido como agricultura de tala y quema. Cuando los agricultores limpian sus bosques y los queman, el carbono en los árboles libera dióxido de carbono, uno de los principales contribuyentes al cambio climático.

Según Climate Action, la producción de soja, carne de res, aceite de palma y productos de madera en siete países con altas tasas de deforestación (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Indonesia, Malasia y Papua Nueva Guinea) contribuyó al 40 por ciento de la deforestación tropical total y 44 por ciento de las emisiones de carbono asociadas entre 2000 y 2011. Para contrarrestar esto, Noruega ha invertido grandes sumas de dinero para detener la deforestación en Brasil, Liberia e Indonesia.

El movimiento actual para prohibir la deforestación de la cadena de suministro solo continúa la larga historia de los países de proteger los bosques vitales del mundo.

“Esta es una victoria importante en la lucha para proteger la selva tropical. En los últimos años, varias compañías se han comprometido a cesar la adquisición de bienes que pueden estar vinculados a la destrucción de la selva tropical «, dijo Nils Hermann Ranum de Rainforest Foundation Norway en un comunicado en el sitio de la organización.

En la Cumbre sobre el clima de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre de 2014, el gobierno noruego se comprometió con Alemania y el Reino Unido a «promover compromisos nacionales que fomenten cadenas de suministro libres de deforestación, incluso a través de políticas de contratación pública para abastecer de manera sostenible productos como la palma aceite, soja, carne y madera «.

Al convertirse en el primer país del mundo en hacer un movimiento a gran escala contra la deforestación, Noruega está dando el ejemplo para que otros países consideren políticas similares.

“Hasta ahora, esto no ha sido igualado por compromisos similares de los gobiernos. Por lo tanto, es muy positivo que el estado noruego ahora haga lo mismo y haga las mismas demandas cuando se trata de adquisiciones públicas. Otros países deberían seguir el liderazgo de Noruega y adoptar compromisos similares de deforestación cero «, continuó Ranum.

Fuente: https://www.greenmatters.com/ vía El Horticultor

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Energías renovables y digitalización, hacia un nuevo modelo productivo 0 54

El Plan de Recuperación para Europa contempla un Fondo de Recuperación Next Generation EU de 750.000 millones de euros – 360.000 destinados a préstamos y 390.000 a transferencias – con el objeto de movilizar recursos públicos europeos para contribuir a una recuperación rápida y transitar hacia un nuevo modelo productivo.

El Plan viene a proporcionar apoyo a las prioridades de inversión y reforma; reforzar programas fundamentales para la recuperación, y financiar acciones para generar resiliencia en el futuro. Consta de tres pilares sobre los cuales está previsto que se asiente el crecimiento de la UE para que sea fuerte, equilibrado y sostenible, en la línea de los objetivos contemplados en el Pacto Verde, y pasarán por la transición digital, la transición ecológica y la formación, tanto de estudiantes como de trabajadores, tratando de poner en valor un tipo de economía competitiva, inclusiva y sostenible.

España obtendrá del orden de alrededor de 140.000 millones de euros a lo largo de los próximos seis años, que corresponden a más del 11% del PIB nacional. Esta mañana, el Presidente ha vinculado el proyecto de país cimentado en distintas transformaciones cruciales que defiende con las directrices que llegan de Europa en materia de digitalización de la economía, que considera imprescindible; de transición ecológica, y de igualdad. El objetivo final: recuperar el crecimiento creando empresa y, por tanto, empleo, y que éste sea de calidad y estable.

Mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, España contará con 59.000 millones de euros para poner en marcha un plan nacional de reformas e inversiones destinadas al crecimiento y la transformación de la economía de acuerdo con los tres pilares ya citados. Por otra parte, el programa denominado ReactEU destinará 12.400 millones de euros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis. Y si bien la Unión Europea apuesta porque estos fondos Next Generation EU y, en concreto el nuevo presupuesto, se canalice a través de programas que contemplan una gran variedad de actuaciones, sus artífices ponen el foco en impulsar sectores vinculados a las renovables, la movilidad eléctrica, las baterías y almacenamiento, las aplicaciones digitales o la economía circular. Y ello incluye una “Oleada de Renovación Masiva” destinada a adecuar y hacer más eficientes los edificios e infraestructuras críticas de Europa, implantar del orden de un millón de puntos de recarga para vehículos eléctricos, y generar una cifra similar de nuevos empleos conocidos como “verdes” desarrollados por profesionales cualificados.

Con el fin de lograr la autonomía estratégica de Europa, la UE considera esencial alcanzar una verdadera economía digital y de datos que han de servir de palancas de innovación, así como de creación de empleo. Aún y así, el presupuesto de la UE para 2021 sigue apoyando las prioridades de Europa previamente existentes y, por consiguiente, la Comisión Europea mantiene su compromiso con las seis principales prioridades: el Pacto Verde Europeo; una Europa adaptada a la era digital; una economía que funcione para todos; la promoción del modo de vida europeo; una Europa más fuerte en el mundo, y un nuevo impulso a la democracia.

Se prevé que la propuesta completa de un presupuesto renovado de la UE y del instrumento Next Generation EU debe estar lista y funcionando en apoyo de la recuperación de Europa el 1 de enero de 2021. La Comisión Europea ha anunciado que está trabajando intensamente con el Parlamento Europeo y con los Estados Miembros en el Consejo para lograr este objetivo.

Adaptarse a un nuevo modelo productivo

Unanimidad también entre las grandes organizaciones empresariales a la hora de considerar que el acuerdo alcanzado, aunque complejo y lento, es histórico y supone un verdadero impulso para la reactivación del tejido productivo de España. Una vez ratificado por el Parlamento Europeo y aprobado por los parlamentos nacionales se procederá a su implementación, que implicará a distintas administraciones y exigirá controles exhaustivos. Se trata de un Plan de Recuperación que debe implementarse en su totalidad en los próximos seis años, con una mayor intensidad en los tres primeros ejercicios, y cuyos fondos están sujetos a la puesta en marcha de reformas estructurales. Y, en este sentido, el Consejo Europeo podría llamar la atención a España si no cumpliera con el destino finalista de los recursos o no hace las reformas que necesita su economía.

De hecho, el 70% de las transferencias deberían comprometerse a lo largo de los dos próximos años, llegando al 100% en los tres ejercicios siguientes. Es por ello que el colectivo empresarial insta a que se active con urgencia para aprovechar los 140.000 millones de euros – 72.300 en ayudas directas – que corresponden a España. Con lo cual, se argumenta, únicamente cabe la posibilidad de adaptarse a un nuevo modelo productivo que, sin dejar a nadie atrás, pivote sobre la transición ecológica y la digitalización y, en este sentido, abogan por adherirse a las iniciativas de apoyo e información puestas en marcha, tanto por parte de la CEOE como desde otras organizaciones empresariales, de modo que se articulen proyectos innovadores que fortalezcan la competitividad y permitan llevar a cabo una verdadera transición verde y digital en el marco de una colaboración público-privada abierta y constructiva.

La industria solar térmica europea auspicia la denominada «Recuperación Verde», que está en línea con una recuperación económica basada en los objetivos energéticos y climáticos del continente. La Solar Heat Europe/ESTIF, que reúne a empresas y organizaciones de 15 países europeos, se compromete a promover un enfoque multitecnológico para calefacción y refrigeración; introducir en el mercado nuevas soluciones para el suministro descentralizado, seguro, descarbonizado de calor y almacenamiento de energía térmica; incrementar el saldo exportador positivo del sector; intensificar las actividades de investigación y desarrollo, y apoyar los objetivos de una economía sostenible, eficiente en recursos y circular.

Una serie de medidas que, advierten también, requerirán cierto compromiso y apoyo por parte del sector público, puesto que los gobiernos deberán implementar medidas esenciales tales como la eliminación gradual de los combustibles fósiles y proporcionar a los consumidores préstamos blandos para que opten por soluciones eficientes y renovables.

Este segmento del sector cree que los próximos diez años serán cruciales para transformar y descarbonizar el mercado de la calefacción porque – razonan – se necesitan sistemas de calefacción residenciales, comerciales e industriales sin carbono para 2030, ya que todos los nuevos sistemas instalados después, probablemente, seguirán funcionando en 2050. Así pues, desde este colectivo en España se insta al Gobierno a considerar la calefacción y refrigeración solar en el plan de recuperación español, en el marco de los Planes Nacionales de Recuperación, que se presentarán a la Comisión Europea el próximo octubre.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que días atrás hizo público a través de su Informe Anual que durante 2019 España alcanzó un nuevo récord en capacidad fotovoltaica instalada, situándose en la sexta posición a nivel mundial, considera que el crecimiento del sector fotovoltaico en España impacta positivamente en el país, tanto a nivel económico como social. Con el objetivo de mitigar las consecuencias derivadas del Covid-19 en el sector, UNEF ha planteado a la Administración una serie de medidas para acelerar el desarrollo de plantas en suelo y fomentar el despliegue del autoconsumo.

En relación al autoconsumo, se sugiere la eliminación del requisito de licencia de obras, que se sustituiría por una comunicación previa, lo que supondría una agilización de la tramitación administrativa a nivel autonómico; la reducción del término fijo de la factura para que la tarifa sea un incentivador de la eficiencia energética, el autoconsumo y la carga del vehículo eléctrico; la adopción de medidas fiscales temporales de un año de vigencia; así como la revisión de la Ley de Propiedad Horizontal. Respecto a las plantas en suelo, la entidad incide en la convocatoria urgente de nuevas subastas de renovables para aportar certidumbre a los desarrolladores renovables y fortalecer el sector industrial, que se apruebe la reforma de la normativa de Acceso y Conexión para frenar la especulación y aportar transparencia al proceso, y que se reduzcan los plazos de tramitación.

Las empresas del sector la bioenergía, por su parte, también condicionadas por laslimitaciones que impone la cautela por el tema sanitario, así como por la caída del precio del crudo, que ha contribuido a que se haya ralentizado el ritmo de instalación de equipos de combustión con biomasa y a que muchos proyectos permanezcan en espera, tanto en el ámbito residencial, como industrial y servicios, esperan que las administraciones públicas tomen medidas de apoyo que permitan a las empresas retomar la senda abierta estos años, sobre todo aquellas centradas en dirigir los fondos de recuperación a proyectos verdes y que ayuden no solo a recuperar la economía sino también a, efectivamente, cambiar el modelo energético hacia uno más verde.

Asegurar el futuro

Anticipándose al paquete de medidas que ahora llega desde la UE, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) remitió a la Comisión Europea un par de semanas atrás la nueva actualización de la “Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España” (ERESEE 2020), conforme a lo establecido en el artículo 2.bis de la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios (modificada por la Directiva (UE) 2018/844). Los contenidos de la ERESEE están alineados con otros planes y estrategias desarrollados a nivel nacional y específicamente con el Plan Nacional de Energía y Clima, que define para todos los sectores los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética, que fue remitido a la Comisión Europea en abril de 2020, y con la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050, actualmente en desarrollo.

Finalmente, los expertos señalan que la reconversión de las empresas del sector frío en industrias 4.0 contribuirá decididamente a asegurar el futuro de este tejido productivo. Las firmas empiezan a integrar definitivamente tecnologías disruptivas con es el caso de blockchain, el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial (AI), el big data y la realidad aumentada, basadas en la conectividad automática e inmediata y el uso masivo de los datos como herramienta de seguridad y de toma de decisiones.

Artículo de Montse Bueno en Caloryfrio.com

Políticas sociales multi-nivel basadas en evidencias 0 47

El Ministro de Seguridad Social José L. Escrivá, ha participado en el Taller Económico on-line sobre la evaluación de las políticas públicas. Una intervención llena de pasión, experiencia y conocimientos que resume el profesor Francesc Trillas.

El Ministro Escrivá partió de la escasa experiencia de España con la evaluación de políticas públicas. Algunas instituciones existentes, como los tribunales de cuentas o la intervención del Estado, realizan un control formal, pero no realizan una evaluación del impacto de las políticas públicas sobre el bienestar de la ciudadanía. Con los mecanismos existentes, es difícil romper inercias y salirse de las reducciones lineales del gasto cuando hay necesidades de ajustes.

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), fruto de un análisis que venía desarrollándose desde hacía tiempo, y que se aceleró con la pandemia de la COVID-19, ha supuesto una inyección de práctica sistemática de evaluación basada en evidencia, que ha situado los estándares al respecto a un nivel muy alto. El haber acompañado la aprobación del IMV de un proceso de evaluación y de transparencia abrazando el debate con todo tipo de personas expertas, ha facilitado que la medida fuese aprobada con un elevadísimo consenso, y con un aplauso que iba desde Pablo Iglesias al Fondo Monetario Internacional.

Escrivá explicó que no era casual que la evaluación basada en evidencia se desarrollase más en administraciones progresistas, como las de Obama («show me the evidence», muéstrame la evidencia, solía decir) o Blair, ya que son este tipo de gobiernos los que están más interesados en elevar el prestigio de la acción del estado en la economía, y reforzar unas políticas sociales eficientes y bien dotadas. 

En España, parece que ha hecho falta una concatenación de sucesos contingentes para que por fin empecemos a tener en cuenta la evaluación de políticas públicas basada en evidencia de una manera sistemática

José L. Escrivá,

El ministro explicó que es imprescindible que todos los niveles de la administración practiquen la evaluación de políticas públicas, que hoy es más posible que nunca por los avances metodológicos (como los ensayos aleatorios controlados o randomized control trials, RCTs) y los avances tecnológicos que permiten el tratamiento de fuentes de Big Data como los datos administrativos o datos de interacciones sociales. Un estado federal moderno debe basarse en compartir datos, en poder experimentar para adoptar aquellas prácticas que se hayan probado primero en pequeña escala. En este sentido, Escrivá se mostró dispuesto a que las Comunidades Autónomas gestionen el IMV si aceptan algunas condiciones para hacer uso de fondos de los presupuestos del Estado, como por ejemplo que ellas mismas colaboren con los ayuntamientos.

A lo largo del debate, animado por una fila cero con Laia Bonet, Ana Berenguer y Aleix Calveras, se abordaron cuestiones institucionales como quien debía encargarse de la evaluación, si órganos externos, internos, independientes, funcionariales, académicos. Escrivá reconoció que con el IMV fue crucial el dramatismo del momento y el apoyo del presidente del gobierno para movilizar todo el esfuerzo de recopilación de datos cruzando fuentes de distintas agencias del Estado. Explicó que en su opinión los académicos conocen el estado del arte, pero a veces realizan afirmaciones poco «aterrizadas» y no tienen en cuenta a menudo las restricciones de economía política.

Por su lado, los académicos «se ofrecen» para realizar evaluaciones, pero exigen disponer de forma transparente de todos los daos necesarios, a lo cual hasta ahora la administración no siempre ha estado dispuesta. Las Consultorías externas pueden tener un rol en la realización de trabajos rutinarios asociados a la evaluación, pero no disponen de los incentivos para realizar un análisis profundo de las situaciones. En su opinión, son necesarios expertos multidisciplinares en evaluación en la administración, con estadísticos, economistas, sociólogos, politólogos… La evaluación interna tiene límites, puesto que uno debe aceptar ser evaluado por otros, pero hacen falta agentes internos a los gobiernos que sean sensibles a la evaluación externa (por ejemplo de instituciones como la AIREF, que Escrivá dirigió antes de ser ministro), y sean capaces de reaccionar ante ésta, acompañando la evaluación ex ante de una evaluación ex post y facilitando la comunicación de los resultados de la evaluación.La calidad institucional es clave, pero esta es endógena, no basta con simplemente tratar de inyectarla.

En España, parece que ha hecho falta una concatenación de sucesos contingentes para que por fin empecemos a tener en cuenta la evaluación de políticas públicas basada en evidencia de una manera sistemática: una política pública concreta que había sido estudiada por la AIREF y los partidos en el gobierno, una gran crisis, un ministro sensible que venía de una institución que había estudiado el tema… No deja de ser paradójico que para que la evaluación reciba impulso, el responsable de la autoridad independiente tenga que irse a trabajar a la institución evaluada (en este caso el gobierno), en un curioso, y hasta ahora no destacado por nadie, ejercicio de puertas giratorias internas al sector público.

Probablemente, ello ilustre que no basta con organismos independientes despolitizados, aunque estos pueden ser un input crucial, sino que es necesario un impulso político para que se abran paso iniciativas que rompen inercias y que no siempre son del agrado de grupos de presión (en mi perfil de Google Académico se pueden encontrar algunos artículos que he escrito sobre la regulación independiente). 

La evaluación no es neo-liberal, explicó brillantemente Escrivá: puede implicar recortar algún gasto, pero también mantenerlo o ampliarlo, como ha ocurrido con las becas universitarias. Por eso la evaluación es más importante que nunca con la actual pandemia, por las dificultades económicas combinadas con las urgentes necesidades sociales, que obligan a priorizar y direccionar bien el gasto público.

La charla fue muy oportuna especialmente por el momento que se vive en Cataluña, donde la coincidencia de la pandemia con el período pre-electoral, pone de manifiesto la importancia del buen gobierno en las importantísimas competencias autonómicas, como señaló Eva Granados al final del evento. Un rol reforzado y modernizado de la agencia Ivàlua, así como un análisis en profundidad de todo el gasto autonómico, serán necesarios para romper inercias de 40 años de una administración que tiene excesivos componentes clientelares y dedicados a prioridades que no son de tipo social, para liberar recursos priorizando el gasto sanitario y educativo, o la reindustrialización digital y ecológica.

El reto de aprovechar la oportunidad histórica de los fondos Next Generation de la Unión Europea también nos obligará a aumentar mucho los estándares evaluativos.

Francesc Trillas es Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.