La economía del conocimiento y la globalización han acentuado nuestro perfil como sociedad del riesgo que anticipó el sociólogo alemán Ulrich Beck. La pandemia por el coronavirus es un riesgo global de dramáticas consecuencias en la salud, el empleo y la cohesión social que ha supuesto una gran prueba de estrés para los sistemas educativos. Ha puesto de relieve sus fortalezas y sus debilidades, así como su necesidad de modernización desde un espíritu de reconstrucción y consenso. Si la reconstrucción es tarea de todos, la modernización educativa también lo ha de ser y no puede esperar más porque responde a una demanda amplia y plural que viene de lejos.
La única certeza de nuestro tiempo es el cambio permanente por desafíos disruptivos que nos exigen gran capacidad de respuesta compartida. El 90% de los científicos son contemporáneos nuestros y creadores del conocimiento que acelera el cambio social y la revolución digital. El diagnóstico y la evidencia experta coinciden en que los sistemas educativos han de avanzar hacia enfoques más inclusivos y más competenciales, en los que el currículo quede nucleado en temas fundamentales y el alumnado adquiera la capacidad de aprender a aprender a lo largo de su vida. Creo que esta visión del sistema educativo reúne todo el consenso democrático y deberíamos ponerlo en valor.
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También hay un elevado consenso cuando decimos que necesitamos un sistema educativo más flexible, abierto y centrado en cómo se aprende, más que en cómo se enseña. Ello implica dirigir el foco hacia los procesos, el trabajo colaborativo del profesorado y la implicación educadora de la comunidad para construir auténticos ecosistemas de aprendizaje bien conectados y de alto rendimiento. El derecho a la educación como escolarización está evolucionando hacia el derecho al aprendizaje, un cambio cualitativo de calado que presupone avanzar más en la personalización educativa y garantizar la alfabetización múltiple a todo nuestro alumnado para desenvolverse en un futuro impredecible y complejo.
Necesitamos un sistema más flexible, abierto y centrado en cómo se aprende, más que en cómo se enseña
De la pandemia podemos extraer valiosas lecciones compartidas por todos. La primera es la digitalización plena del sistema educativo. La segunda es la necesidad de reforzar y cuidar la equidad educativa, y la tercera es el desarrollo del aprendizaje personalizado que debe contar con recursos y ratios adecuados. En un momento como el que vivimos, los actores políticos y los agentes educativos debemos centrarnos en lograr acuerdos estratégicos para hacer que la educación sea motivo de orgullo para la ciudadanía y un verdadero motor para nuestro sistema productivo.
Como ministra de Educación y Formación Profesional quiero ofrecer un gran acuerdo en ámbitos que cuentan con un consenso de fondo. El pacto es cosa de valientes, afirmaba Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución. La modernización de la formación profesional, la extensión de la educación infantil, la digitalización plena del sistema, el impulso a las STEM y la reforma de la profesión docente son cinco componentes clave donde es posible y preferente llegar a acuerdos duraderos. Del mismo modo, creo que ha madurado ya el debate sobre la necesidad de revertir la cultura de la repetición con la consecuente pérdida de talento y sobrecoste para el sistema (el 14% de todo el gasto no universitario), así como recuperar la equidad a fin de mejorar los resultados del conjunto del sistema.
La nueva ley educativa (Lomloe) sigue en periodo de enmiendas hasta septiembre. Así, tras una elevada participación en la elaboración del proyecto, la tramitación parlamentaria sin duda va a enriquecer el texto. Es una ley que recoge el amplio consenso social en materias como los derechos de la infancia, la coeducación, la educación afectivo-sexual, el desarrollo sostenible, la educación cívica y la no discriminación y no segregación por cualquier condición social y personal. Es una ley modernizadora, que amplía la autonomía de los centros, que recupera el concepto de escuela democrática, donde las familias deciden y participan, que apuesta por un aprendizaje más interdisciplinar y competencial, que limita las repeticiones y que refuerza la equidad y la mejora continua de resultados a través de evaluaciones-diagnóstico.
Hacer compatible la excelencia con la equidad es posible. No solo no se contraponen, como piensan algunos, sino que se refuerzan mutuamente. Aspiramos a modernizar un sistema educativo con altas expectativas y alto rendimiento que universalice el aprender a aprender como garantía cultural y competencial. Queremos que la ley sea duradera bajo un nuevo espíritu de consenso y reconstrucción que nos merecemos como país, como economía competitiva y como comunidad cívica. Es hora de situar la educación y la formación profesional en el nivel de consenso social y político con el que funciona toda democracia avanzada.
ISABEL CELAÁ: Ministra de Educación y Formación Profesional