Políticas sociales multi-nivel basadas en evidencias 0 138

El Ministro de Seguridad Social José L. Escrivá, ha participado en el Taller Económico on-line sobre la evaluación de las políticas públicas. Una intervención llena de pasión, experiencia y conocimientos que resume el profesor Francesc Trillas.

El Ministro Escrivá partió de la escasa experiencia de España con la evaluación de políticas públicas. Algunas instituciones existentes, como los tribunales de cuentas o la intervención del Estado, realizan un control formal, pero no realizan una evaluación del impacto de las políticas públicas sobre el bienestar de la ciudadanía. Con los mecanismos existentes, es difícil romper inercias y salirse de las reducciones lineales del gasto cuando hay necesidades de ajustes.

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), fruto de un análisis que venía desarrollándose desde hacía tiempo, y que se aceleró con la pandemia de la COVID-19, ha supuesto una inyección de práctica sistemática de evaluación basada en evidencia, que ha situado los estándares al respecto a un nivel muy alto. El haber acompañado la aprobación del IMV de un proceso de evaluación y de transparencia abrazando el debate con todo tipo de personas expertas, ha facilitado que la medida fuese aprobada con un elevadísimo consenso, y con un aplauso que iba desde Pablo Iglesias al Fondo Monetario Internacional.

Escrivá explicó que no era casual que la evaluación basada en evidencia se desarrollase más en administraciones progresistas, como las de Obama («show me the evidence», muéstrame la evidencia, solía decir) o Blair, ya que son este tipo de gobiernos los que están más interesados en elevar el prestigio de la acción del estado en la economía, y reforzar unas políticas sociales eficientes y bien dotadas. 

En España, parece que ha hecho falta una concatenación de sucesos contingentes para que por fin empecemos a tener en cuenta la evaluación de políticas públicas basada en evidencia de una manera sistemática

José L. Escrivá,

El ministro explicó que es imprescindible que todos los niveles de la administración practiquen la evaluación de políticas públicas, que hoy es más posible que nunca por los avances metodológicos (como los ensayos aleatorios controlados o randomized control trials, RCTs) y los avances tecnológicos que permiten el tratamiento de fuentes de Big Data como los datos administrativos o datos de interacciones sociales. Un estado federal moderno debe basarse en compartir datos, en poder experimentar para adoptar aquellas prácticas que se hayan probado primero en pequeña escala. En este sentido, Escrivá se mostró dispuesto a que las Comunidades Autónomas gestionen el IMV si aceptan algunas condiciones para hacer uso de fondos de los presupuestos del Estado, como por ejemplo que ellas mismas colaboren con los ayuntamientos.

A lo largo del debate, animado por una fila cero con Laia Bonet, Ana Berenguer y Aleix Calveras, se abordaron cuestiones institucionales como quien debía encargarse de la evaluación, si órganos externos, internos, independientes, funcionariales, académicos. Escrivá reconoció que con el IMV fue crucial el dramatismo del momento y el apoyo del presidente del gobierno para movilizar todo el esfuerzo de recopilación de datos cruzando fuentes de distintas agencias del Estado. Explicó que en su opinión los académicos conocen el estado del arte, pero a veces realizan afirmaciones poco «aterrizadas» y no tienen en cuenta a menudo las restricciones de economía política.

Por su lado, los académicos «se ofrecen» para realizar evaluaciones, pero exigen disponer de forma transparente de todos los daos necesarios, a lo cual hasta ahora la administración no siempre ha estado dispuesta. Las Consultorías externas pueden tener un rol en la realización de trabajos rutinarios asociados a la evaluación, pero no disponen de los incentivos para realizar un análisis profundo de las situaciones. En su opinión, son necesarios expertos multidisciplinares en evaluación en la administración, con estadísticos, economistas, sociólogos, politólogos… La evaluación interna tiene límites, puesto que uno debe aceptar ser evaluado por otros, pero hacen falta agentes internos a los gobiernos que sean sensibles a la evaluación externa (por ejemplo de instituciones como la AIREF, que Escrivá dirigió antes de ser ministro), y sean capaces de reaccionar ante ésta, acompañando la evaluación ex ante de una evaluación ex post y facilitando la comunicación de los resultados de la evaluación.La calidad institucional es clave, pero esta es endógena, no basta con simplemente tratar de inyectarla.

En España, parece que ha hecho falta una concatenación de sucesos contingentes para que por fin empecemos a tener en cuenta la evaluación de políticas públicas basada en evidencia de una manera sistemática: una política pública concreta que había sido estudiada por la AIREF y los partidos en el gobierno, una gran crisis, un ministro sensible que venía de una institución que había estudiado el tema… No deja de ser paradójico que para que la evaluación reciba impulso, el responsable de la autoridad independiente tenga que irse a trabajar a la institución evaluada (en este caso el gobierno), en un curioso, y hasta ahora no destacado por nadie, ejercicio de puertas giratorias internas al sector público.

Probablemente, ello ilustre que no basta con organismos independientes despolitizados, aunque estos pueden ser un input crucial, sino que es necesario un impulso político para que se abran paso iniciativas que rompen inercias y que no siempre son del agrado de grupos de presión (en mi perfil de Google Académico se pueden encontrar algunos artículos que he escrito sobre la regulación independiente). 

La evaluación no es neo-liberal, explicó brillantemente Escrivá: puede implicar recortar algún gasto, pero también mantenerlo o ampliarlo, como ha ocurrido con las becas universitarias. Por eso la evaluación es más importante que nunca con la actual pandemia, por las dificultades económicas combinadas con las urgentes necesidades sociales, que obligan a priorizar y direccionar bien el gasto público.

La charla fue muy oportuna especialmente por el momento que se vive en Cataluña, donde la coincidencia de la pandemia con el período pre-electoral, pone de manifiesto la importancia del buen gobierno en las importantísimas competencias autonómicas, como señaló Eva Granados al final del evento. Un rol reforzado y modernizado de la agencia Ivàlua, así como un análisis en profundidad de todo el gasto autonómico, serán necesarios para romper inercias de 40 años de una administración que tiene excesivos componentes clientelares y dedicados a prioridades que no son de tipo social, para liberar recursos priorizando el gasto sanitario y educativo, o la reindustrialización digital y ecológica.

El reto de aprovechar la oportunidad histórica de los fondos Next Generation de la Unión Europea también nos obligará a aumentar mucho los estándares evaluativos.

Francesc Trillas es Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

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España Digital 2025: 50 medidas en diez ejes estratégicos 0 21

España Digital 2025 contempla la puesta en marcha durante 2020-2022 de un conjunto de reformas estructurales que movilizarían un importante volumen de inversión pública y privada, en el entorno de los 70.000 millones de euros.

España Digital 2025 pretende impulsar el proceso de transformación digital del país, de forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea mediante la colaboración público-privada y con la participación de todos los agentes económicos y sociales del país. Contempla la puesta en marcha durante 2020-2022 de un conjunto de reformas estructurales que movilizarían un importante volumen de inversión pública y privada, en el entorno de los 70.000 millones de euros.

La inversión pública en el periodo 2020-2022 se situaría en torno a los 20.000 millones de euros, de los cuales 15.000 millones de euros, aproximadamente, corresponderían a los diferentes programas y nuevos instrumentos comunitarios de financiación del Plan de Recuperación Next Generation EU, que establece que la digitalización tiene que ser uno de los ejes principales para movilizar estos recursos. A ello se sumaría la inversión prevista por el sector privado, de unos 50.000 millones de euros, en un escenario moderado de despliegue de las medidas.

España Digital 2025 centrará sus objetivos en el impulso a la transformación digital del país como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos.

Ejes estratégicos

Esta agenda consta de cerca de 50 medidas que se articulan en torno a diez ejes estratégicos:

1-Conectividad digital. Garantizar una conectividad digital adecuada para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con el objetivo de que el 100% de la población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025

2- Despliegue de la tecnología 5G en Europa e incentivar su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial. Se fija como objetivo que en 2025 el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para el 5G

3- Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Se pondrá especial énfasis en las necesidades del mercado laboral y en cerrar la brecha digital en la educación. El objetivo es que en 2025 el 80% de las personas tengan competencias digitales básicas y que la mitad de ellas sean mujeres.

4- Reforzar la capacidad española en ciberseguridad. Se busca disponer de 20.000 especialistas en ciberseguridad, Inteligencia Artificial y datos en 2025 gracias, entre otros aspectos, al polo de actividad empresarial que supone el entorno del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

5- Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas, particularmente en ámbitos clave como el Empleo, la Justicia, o las Políticas Sociales mediante la actualización de las infraestructuras tecnológicas. En 2025, el 50% de los servicios públicos estarán disponibles a través de app móvil y se simplificará y personalizará la relación de la ciudadanía y las empresas con las Administraciones.

6- Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las micropymes y a las start-ups. Se fija como meta que al menos el 25% del volumen de negocio de las pymes provenga en 2025 del comercio electrónico.

7- Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación digital en sectores económicos estratégicos como el Agroalimentario, Movilidad, Salud, Turismo, Comercio o Energía, entre otros. Estos proyectos tienen como meta una reducción del 10% de las emisiones de CO2 por efecto de la digitalización de la economía en 2025.

8- Mejorar el atractivo de España como plataforma audiovisual europea para generar negocio y puestos de trabajo, con una meta de incremento del 30% de la producción audiovisual en nuestro país para el año 2025.

9- Transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial con el objetivo de que, al menos, el 25% de empresas usen Inteligencia Artificial y Big Data dentro de cinco años.

10- Garantizar los derechos en el nuevo entorno digital, y en particular, los derechos laborales, de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas. En este ámbito se fija como objetivo la elaboración de una carta de derechos digitales.

Además, España Digital 2025 quiere contribuir a cerrar las diferentes brechas digitales que se han ensanchado en los últimos años, ya sea por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales, o medioambientales, y que se han puesto de manifiesto durante la pandemia. Una misión que se encuentra alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Consejo consultivo y seguimiento

El Gobierno creará el Consejo Consultivo para la Transformación Digital, que tendrá carácter público-privado y facilitará el diálogo y participación de los distintos agentes económicos y sociales para la transformación digital del país.

El Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI) contribuirá proporcionando información pública en materia de transformación digital y apoyando la elaboración de informes para la evaluación y actualización de las actuaciones desarrolladas en el marco de esta agenda.

Fuente: Miteco

Nuevas formas de gobernanza para la sostenibilidad 0 41

La pandemia nos ha desnudado como país mostrado las debilidades y limitaciones de nuestros sistemas organizativos, ya fueren públicos o privados. Supone un baño de humildad que nos interpela a prepararnos para futuras contingencias. Pero la principal lección que podemos extraer es que únicamente trabajando juntos podemos hacer frente a este enorme reto colectivo.

La pandemia del coronavirus y la emergencia climática han hecho evidentes nuestras vulnerabilidades como país y como sociedad. Más allá de la incredulidad y el desconcierto de las instituciones y de una buen aparte de la sociedad, esta segunda oleada de contagios muestra nuestra incapacidad colectiva para dar una respuesta coherente y cohesionada a uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en las últimas décadas.

Además de la crisis sanitaria, las consecuencias económicas y sociales son dramáticas y estamos lejos todavía por determinar su alcance real. De momento las previsiones de FUNCAS o el Banco de España no son halagüeñas, en el mejor de los casos no recuperaremos el nivel precrisis hasta 2023 o incluso 2024. Lo que sí sabemos es que va a suponer un reto titánico reconstruir el tejido económico y social. La pandemia nos ha desnudado como país mostrado las debilidades y limitaciones de nuestros sistemas organizativos, ya fueren públicos o privados. Supone un baño de humildad que nos interpela a prepararnos para futuras contingencias al tiempo que nos confronta con las contradicciones de algunos de nuestros valores y prácticas. Pero la principal lección que podemos extraer es que únicamente trabajando juntos podemos hacer frente a este enorme reto colectivo.

Reconstruir nuestro tejido económico y social no puede hacerse con las recetas del viejo mundo, han quedado obsoletas. Necesitamos nuevas coherencias para garantizar la supervivencia de nuestra forma de vida y nuestra cohesión social y territorial. Algo que exige una mirada nueva y nuevas formas tanto del diseño de las políticas públicas como de las estrategias corporativas. La realidad de hoy, como los riesgos de mañana, requieren nuevas formas de generación de valor y nuevas políticas económicas, sociales y medioambientales basados en la resiliencia, esto es, la resistencia y la flexibilidad.

Entre ellas, destaca la necesidad de prevenir y gestionar mejor la exposición a los nuevos riesgos climáticos. Los científicos nos indican hace años el vínculo entre pandemias y degradación ambiental que provocan el debilitamiento de nuestros sistemas inmunológicos. Es por ello, es necesario reconstruir nuestras economías sobre la base de la sostenibilidad ambiental si queremos mitigar los riesgos asociados al cambio climático y a la salud gestionando de forma coherente el capital humano y el capital natural. Reconstruir la economía y la sociedad de este shock requiere hacerlo sobre nuevas premisas aprendiendo de lo que nos ha pasado. La Comisión Europea ha advertido de la “tentación” de buscar soluciones cortoplacistas basadas el business as usual por lo que necesitamos un nuevo paradigma basado en un capitalismo natural.

Vivimos momentos de confusión y desconcierto en el que es más necesaria que nunca una nueva narrativa y ética de esta transición económica, social y medioambiental para reconstruir los lazos emocionales con la sociedad y acordar un nuevo contrato social

El Pacto Verde Europeo como oportunidad

Una de las palancas que podemos activar para reconstruir Europa es el llamado Green New Deal, esto es, el Pacto Verde Europeo. Un ambicioso plan para alcanzar la neutralidad climática y reactivar la economía apostando por la digitalización, la sostenibilidad y aquellos servicios para hacer las sociedades más resilientes tales como los sistemas de salud y seguridad, el diseño de nuevos entornos urbanos, las infraestructuras sostenibles o la apuesta decidida por las energías renovables. Sectores que nos deben permitir acelerar la recuperación de la actividad apostando por la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Europa quiere alcanzar el objetivo de recortar el 55% de emisiones en 2030 e ir más allá, conseguir la neutralidad climática -cero emisiones- en 2050.

Para ello, acordó una ambiciosa política, el “Next Generation EU”, y en una dura y compleja negociación” apostó por un Plan de Reconstrucción y Resiliencia que supone una movilización financiera sin precedentes y que tiene como objetivo lograr la transición ecológica y digital de la economía europea con un gran paquete de iniciativas legislativas y nuevos mecanismos e inversiones. Un Plan que gestionarán los Estados miembros directamente a través de programas de reformas financiables a través de ese Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que movilizará 750.000 millones de euros de inversión pública. Un impulso que debe servir igualmente para dinamizar al sector financiero privado.

El plan, según José Moisés Martin Carretero CEO de Red2Red Consultores y uno de los economistas que mejor conocen los instrumentos financieros europeos, podría generar un círculo virtuoso y movilizar un billón de euros de inversiones sostenibles en la próxima década para el fomento de proyectos verdes y ayudas para las regiones en transición. Una gran oportunidad para generar nuevo desarrollo económico y empleo que según el estudio The Future Of Nature And Business del Foro Económico Mundial, las acciones industriales positivas para la naturaleza podrían suponer una oportunidad de negocio de 8,84 billones de euros y crear 395 millones de empleos de aquí al año 2030. ¿Vamos a dejar pasar esta oportunidad?.

Nuevas formas de gobernanza para la sostenibilidad

La respuesta global al cambio climático generando nuevas oportunidades económicas para las empresas, las personas y los territorios, requiere igualmente una nueva inteligencia colectiva. Este nuevo Green New Deal europeo no puede basarse sólo en grandes inversiones. También son imprescindibles nuevas formas de gobernanza que desbordan las instituciones. Una nueva cultura de trabajo en red que haga confluir políticas públicas, responsabilidad empresarial, participación ciudadana, inversiones sociales, reformas legales y los procesos de innovación tecnológica para transformar la economía europea y transitar rápidamente hacia modelos de desarrollo sostenibles. 

Es tiempo de sumar capacidades y esfuerzos apostando por proyectos con un enfoque sistémico con grandes consensos en vez de acciones aisladas y desconectadas en el que cada uno defiende lo suyo con una mirada de corto plazo. Necesitamos una gobernanza que promueva que los ecosistemas económicos y sociales del territorio se inserten en las cadenas de valor global. Para ello hay que atreverse a innovar apostando por nuevas formas de colaboración público-social-privada para aprovechar todo el potencial creativo y experiencia acumulada. Reconstruir económica y socialmente nuestras sociedades requiere nuevas fórmulas y coaliciones aprendiendo de las experiencias de las viejas fórmulas jurídicas, ya que algunas de ellas no gozan de buena reputación. Las alianzas público-privadas no son suficientes, es necesario articular nuevas fórmulas de colaboración con la participación de la sociedad civil en su diseño y control para que las hagan suyas.

Necesitamos que las instituciones asuman un nuevo liderazgo para relanzar la economía, pero asumiendo que no tienen la capacidad ni el know-how para el reto que tenemos por delante. Lo público requiere del apoyo y compromiso de modelos de gestión empresarial más ágiles y eficientes. Pero se necesita más, es indispensable la tercera pata, la social, para diseñar conjuntamente cuáles son los proyectos estratégicos y de interés general que hay que afrontar garantizando la accountability, eso es, la rendición de cuentas y la transparencia. Se trata de dar nueva coherencia y sentido a la colaboración público-social-privada para lo que igualmente necesitamos una delicada estrategia de comunicación y pedagogía. 

Vivimos momentos de confusión y desconcierto en el que es más necesaria que nunca una nueva narrativa y ética de esta transición económica, social y medioambiental para reconstruir los lazos emocionales con la sociedad y acordar un nuevo contrato social. Se trata de hacer del riesgo una oportunidad sin dejar a nadie atrás y no hay tiempo que perder. Los que no estén dispuestos a arrimar el hombro en este nuevo esfuerzo colectivo deberían echarse a un lado, y si no lo hacen deberíamos echarlos nosotros al lado. Es tiempo de pensar despacio pero actuar rápido.

Pau Solanilla, cosultor internacional y cofundador de Sostenibles.org.

Artículo y foto publicados originalmente en NuevaTribuna.es