El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) impulsará a partir de septiembre un “diálogo abierto de movilidad” con partidos políticos, sindicatos, empresarios, académicos y representantes de ONG para “promover la participación de todos los agentes implicados en el ecosistema de la movilidad”.
La Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano será la palanca de transformación de las políticas de movilidad en España de cara a 2030. La intención es promover un “cambio radical” en la gestión de las infraestructuras de transporte para convertir las políticas de movilidad “en motor económico y en generador de derechos”.
El desarrollo de este “diálogo abierto de movilidad” será clave para ultimar la presentación de la nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano, cuyo anteproyecto se presentará antes de finalizar el año. Asimismo, sus conclusiones tendrán una plasmación clara en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Para articular este proceso y este papel de liderazgo económico y social, el Mitma viene trabajando en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada a partir de compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios del Pacto Verde Europeo, y en sintonía con otras políticas del Gobierno como el Reto Demográfico o el Marco Estratégico de Energía y Clima.
El Mitma ya ha elaborado un “Documento para Debate”, que servirá de base para entablar a partir de septiembre el citado “diálogo de movilidad”, en el que se recogen algunos de los vectores de transformación hacia la movilidad del futuro.
Una movilidad en la que se abandonará progresivamente el uso de los combustibles fósiles y la apuesta por la conservación y mantenimiento de las distintas infraestructuras de transporte para hacer frente a la emergencia climática y llevar a cabo la transición ecológica justa de la economía.
La nueva estrategia de movilidad también prevé que los peatones y modos de transporte saludables recuperen el espacio hasta ahora conquistado por el automóvil, así como la recopilación y análisis masivos de datos para optimizar recursos y mejorar la planificación del transporte.
Por lo que refiere a transporte de mercancías y la logística, el objetivo es avanzar hacia su automatización mediante la incorporación paulatina de mejoras tecnológicas, y mediante el impulso del ferrocarril, en coherencia con la política desarrollada en los últimos meses.
Se trata de un proyecto muy ambicioso en cuanto a su contenido, de carácter transversal y con impacto directo en el resto de políticas de carácter económico, social y ambiental.
Durante este proceso todos los ciudadanos, entidades, administraciones y colectivos interesados podrán realizar sus aportaciones en este enlace.
La nueva Ley prevé abarcar los siguientes ámbitos:
- Fiscalidad del transporte
- Financiación del transporte urbano y otras subvenciones y ayudas al transporte
- Planificación y financiación de las infraestructuras de transporte
- Regulación para el fomento de la movilidad sostenible
- Regulación en materia de sensibilización y formación en movilidad sostenible
- Investigación e innovación en transporte y movilidad
- Regulación de la logística y distribución urbana de mercancías
- Digitalización y automatización del transporte y datos abiertos
- Mejora de la competitividad del transporte y otras medidas sectoriales
- Instrumentos para la gobernanza y participación pública
La movilidad como derecho
El espíritu de esta ley es considerar la movilidad como un derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico. Ello implica dar respuesta a los retos ambientales, tecnológicos, demográficos y urbanos que enfrenta nuestro país, colocando al ciudadano y a la movilidad cotidiana en el centro de las decisiones.
Entre los distintos objetivos a alcanzar por la futura norma, destacan:
-avanzar hacia una fiscalidad verde en el transporte;
-establecer un sistema de financiación del transporte público basado en criterios estables, predecibles y proporcionales;
-desarrollar un modelo de gobernanza que permita un diseño coherente de las políticas de movilidad; -impulsar la innovación y digitalización en el transporte y la logística;
En definitiva, avanzar hacia un modelo de transporte y movilidad sostenible como factor clave para el futuro. La consulta pública previa estará disponible hasta el 30 de octubre, muestra de la firme voluntad de establecer un verdadero canal de comunicación a través de la participación pública, logrando así una norma que cumpla con las aspiraciones y las necesidades reales de la sociedad en materia de movilidad.
Fuente: La Moncloa Foto: Garrigues.com