La Década Digital de Europa y las políticas públicas 0 156

La pandemia causada por coronavirus demuestra que la sociedad ha llegado al límite de lo analógico: de ahí que sea necesario acelerar el compromiso con la innovación. Ahora bien, esta gran aceleración debe hacerse con salvaguardias y medidas de protección.

Europa debe liderar el camino digital, o tendrá que seguir el camino de otros, que están fijando normas para nosotros”. Así anunciaba la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el debate sobre el Estado de la Unión Europea, que ésta tiene que ser la Década Digital de Europa.

Ursula von der Leyen marcó el plan inicial para la Europa digital con unos objetivos claramente definidos en vista al año 2030. Estas metas se basan en tres grandes pilares: datos, tecnologías e infraestructuras. Para ello, la Década Digital de Europa prepara un anclaje de mecanismos, regulaciones y políticas públicas orientadas a garantizar los objetivos de la UE de bienestar, sostenibilidad, protección e igualdad, y soberanía tecnológica.

En primer lugar, datos. La Presidenta reconoció que Europa ha llegado tarde y ha perdido la soberanía sobre los datos personales de su propia población, que ahora están en manos de compañías no europeas. El objetivo del nuevo plan es evitar que esto vuelva a ocurrir con los datos industriales: el 80% de los datos industriales están recogidos, pero no se están utilizando. Así, el reto es el de conseguir que todas las empresas –en especial las PyMES y nuevas compañías- así como sectores sean capaces de absorber y hacer uso de esos datos para allanar el camino de la innovación en su ecosistema.

Para ello, se espera que los “mercados” comunes de datos que garanticen la interoperabilidad y explicabilidad se canalicen a través de GAIA-X, la nube europea de datos que busca convertirse en la alternativa a los servicios de computación en la nube ofrecidos por los gigantes estadounidenses y chinos. Hacer de los datos un activo endógeno para usos endógenos.

En segundo lugar, tecnologías. Se busca promover la creación de corredores europeos mediante 5G, en especial en sistemas de conducción autónoma, agricultura de precisión, y salud. También se anunció que se crearían nuevas regulaciones para la supercomputación. Ahora bien, los dos aspectos más importantes fueron dos. Primero, la propuesta de una ley sobre inteligencia artificial para atajar una mayor transparencia de la caja negra del proceso algorítmico. Segundo, la puesta en marcha de una plataforma de Identidad Digital Europea segura y transparente, y que permitirá acceder a servicios digitales de forma transfronteriza.

En tercer lugar, las infraestructuras. La propuesta más importante fue la de poner fin al dividendo digital: la brecha digital con lo rural, que a día de hoy equivale a que un 40% de la población en zonas rurales no tiene acceso a redes rápidas de ancha banda. Para ello, se ha abierto ya un proceso de consulta hasta enero de 2021 que busca redefinir la metodología e impacto de las políticas de ayuda ya existentes para la financiación pública de redes de ancha banda.

Ahora bien, estas ideas –que dieron lugar a opiniones tanto positivas como negativas- necesitan pasar de ser propuestas a planes. Y es aquí donde reside la cuestión: que sean planes ejecutables, sostenibles en el largo plazo, y realmente competitivos dentro y fuera de la UE. Para hacer que Europa transite hacia lo verde y digital, necesitamos hacerlo desde dentro, pero también ser lo suficientemente resilientes ante estímulos externos. Por eso, la Comisión Europea anunció que el 20% del total de las inversiones del programa “Next Generation EU” se destinará a tres áreas: conectividad, habilidades y servicios públicos digitales. A ello le acompaña un nuevo mecanismo de Ajuste en Frontera para la fiscalidad digital, que busca proteger todos esos esfuerzos endógenos.

El bienestar, la sostenibilidad, los derechos fundamentales y la igualdad deben ser el paradigma con el que la digitalización permee todas las capas de la sociedad, desde lo local a lo europeo

Sin embargo, en el discurso sobre el Estado de la Unión no se abordaron varios aspectos que paradójicamente resultan ser esenciales en el objetivo de ser tanto autosuficientes como sostenibles. Se apuntó que esta Década Digital Europea se basará en cuatro principios claros: el derecho a la intimidad, a la conectividad, la libertad de expresión, la libre circulación de datos, y la ciberseguridad.

Pero no se habló del proyecto principal de la Comisión: la Directiva de Servicios Digitales, piedra angular y fundacional de lo que podría convertirse en el marco de regulación de las plataformas de economía digital, con todos los problemas sistemáticos que conlleva en estrategias digitales de penetración de mercados, competencia con mercados extranjeros y equidad. Esta misma Directiva regularía la seguridad de los usuarios online, y un sistema comunitario de cooperación para la supervisión de las plataformas.

Tampoco se habló del Escudo de Privacidad UE-Estados Unidos que regula la transferencia de datos, y que en julio de este año fue invalidado por la Corte de Justicia de la UE al no garantizar suficiente protección a los datos provenientes de la UE. Un tercer aspecto que se echó también en falta fue responder a las dudas sobre falsos positivos y posibles abusos que han surgido a raíz del posible plan de la UE para establecer una base de datos de reconocimiento facial de uso común por parte de las autoridades policiales. Otro asunto del que no se habló –aunque se materializó una semana más tarde- es la propuesta de un “pasaporte” europeo para regular los cripto-activos y la tecnología blockchain utilizada.

La Década Digital de Europa aparece como una excelente oportunidad para avanzar en los retos analógicos –brecha rural, reciclaje profesional y nuevas habilidades educativas, vertebración económica transfronteriza- así como para fortalecer aquellos retos nuevos que nacen de la mano de la digitalización. El bienestar, la sostenibilidad, los derechos fundamentales y la igualdad deben ser el paradigma con el que la digitalización permee todas las capas de la sociedad, desde lo local a lo europeo. Y, para ello, debemos mirar hacia dentro, pero también a lo que viene de fuera. Sólo con esta mirada dual y responsable podremos hacer de la digitalización un compañero idóneo.

Raquel Jorge Ricart es becaria Fulbright en Washington, D.C. (Estados Unidos, GWU), especializándose en políticas públicas tecnológicas y digitales. Ha trabajado en proyectos sobre tecnología y planificación de políticas en el Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard. Es miembro del Observatorio sobre el Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OdiseIA).

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Igualdad Retributiva con rango de Ley: a igual trabajo, igual salario 0 22

El Gobierno de España ha aprobado dos reales decretos dirigidos a garantizar la plena igualdad entre mujeres y hombres en el entorno laboral otorgando rango de ley a los reglamentos de Igualdad Retributiva y de Planes de Igualdad. Un intento de poner fin a una de las desigualdades más injustas del mercado laboral.

Esta normativa asegura la corrección de la discriminación salarial en las empresas, una desigualdad que supone una «aberración democrática» ya que vulnera derechos fundamentales de la mitad de la población.

«A partir de hoy, se acabó que un hombre y una mujer en nuestro país, en nuestras empresas, puedan percibir retribuciones diferentes», ha manifestado la Ministra de Trabajo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete.

La brecha de género no se limita al ámbito retributivo, sino que también se refleja en la precariedad de los empleos y las dificultades de conciliación de la vida laboral y personal, y han remarcado la relación directa entre las políticas de igualdad de una empresa y su eficiencia.

«Se acabó que un hombre y una mujer en nuestras empresas, puedan percibir retribuciones diferentes»

Igualdad retributiva entre mujeres y hombres

El Real Decreto de igualdad retributiva facilita la identificación de las discriminaciones salariales a través de un conjunto de instrumentos de transparencia: un registro con información desagregada por sexo, clasificación profesional y tipo de retribución.; una auditoría de la empresa que incluya la evaluación de los puestos de trabajo y un plan para corregir las desigualdades; y un sistema de valoración de puestos de trabajo que respete el principio de igual retribución para puestos de igual valor.

El texto garantiza el derecho a la información sobre la cadena retributiva, que es donde justamente se perciben todas y cada una de las discriminaciones que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra carrera profesional y de nuestra vida.

Además, prevé la celebración de reuniones semestrales de los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Igualdad con los agentes sociales para analizar la efectividad de la lucha contra la brecha salarial. También se colaborará con los agentes sociales en la elaboración de una guía de buenas prácticas para la negociación colectiva y las empresas, así como de una guía técnica para las auditorías retributivas.

Planes de igualdad en las empresas

En cuanto al Real Decreto sobre los planes de igualdad, la titular de Trabajo y Economía Social ha explicado que la meta es que las empresas dispongan de planes que contengan un diagnóstico negociado con los agentes sociales y abarquen desde el proceso de selección del personal y la permanencia en una empresa hasta la salida del puesto de trabajo.

El texto fija el procedimiento de elaboración de los planes a través de una comisión negociadora, su contenido mínimo -que debe incluir la auditoría retributiva- y su vigencia. Los planes incluirán a todos los trabajadores de la empresa y será obligatorio registrarlos.

Fuente: La Moncloa

World Metropolitan day: las ciudades de los proyectos vitales. 0 74

La ciudad debe entenderse como un espacio donde las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales. eCivis y Eurlocal, organizaron en el marco del World Metropolitan Day de Metropolis un debate titulado “Las ciudades como motor para la transformación en sociedades más sostenibles, resilientes y justas”. Un debate que contó con las aportaciones del consultor en reputación y liderazgo Pau Solanilla, impulsor de la plataforma Sostenibles.Org, y Sonia P. Landázuri, arquitecta en Quiquiricú, consultoría de innovación social.

La ciudad tiene que ser un espacio donde las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales, debe ser un espacio cívico, un entorno que favorezca la participación ciudadana, la interacción de lo público con sus vecinos y vecinas, en un contexto local, pero de mirada global.

Un entorno competitivo en el sentido positivo de la palabra, que trabaje por ser sostenible en el sentido amplio de la palabra, esto es, desde un punto de vista social, económico, y de equidad. Y finalmente, debe ser un espacio híbrido, capaz de maridar lo físico con lo digital, entendiendo en todo caso la tecnología como medio para conseguir este territorio activo, solidario, resiliente y por qué no, divertido y atractivo para todas las personas que habitamos en él.

La ciudad tiene que ser un espacio donde las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales

Estos importantes retos para las ciudades nos interpelan a pensar qué es lo necesario para redibujar la ciudad conforme a este esquema en un contexto de crisis que impacta de manera especial en el territorio urbano. Una crisis que pone de manifiesto:

La ausencia de conciliación de las personas con el planeta. No podemos vivir de espaldas a la naturaleza. Y hay muchas cosas que podemos hacer desde lo pequeño, desde la ciudad, para revertir esa situación, como, por ejemplo, impulsar el consumo de proximidad.

La ausencia de conciliación de las personas con el espacio urbano. Las ciudades se han revelado como lugares que no facilitan la vida comunitaria, se construyen y desarrollan impulsados más por intereses económicos que por la pretensión de favorecer un entorno apto para el desarrollo de la comunidad.

Y, por último, ha dejado ver la ausencia de conciliación con nuestro entorno más cercano (familia, hogar).

¿Qué acciones se podrían llevar a cabo?

Hay que plantear en primer lugar una necesaria reconfiguración del espacio público, una transformación urbana, que sea sostenible pero no excluyente. Y como ejemplo tenemos que poner espacios verdes en las ciudades puede ser, por paradójico que parezca, excluyente para ciertos colectivos. Transformar y redibujar sí, pero sin dejar a nadie atrás.

De esta forma, hay que retornar a modelos de urbanismo ecosistémico, reconciliándonos con nuestro entorno próximo, aprendiendo a explotar los recursos y a vivir en la ciudad de una manera sostenible en lo medioambiental, en lo económico y en lo social.

Necesitamos repensar la gobernanza. La Covid ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer espacios colaborativos, espacios para la cocreación. Porque actuando juntas, las personas somos mejores y podemos hacer más.

Ello se liga también a la recomendación de profundizar en la gestión de la ciudad desde lo local, desde lo municipal, pero sin perder de vista nuestra posición en la globalidad y buscando por tanto el participar en modelos de gobernanza imbricada.

Todo ello contando con la ciudadanía, ligando proyectos cívicos con la actuación administrativa que, a una velocidad decimonónica, ha quedado desnuda ante la ciudadanía de una manera preclara: la transformación de la actuación administrativa y su mastodonte burocrático exige sin más dilación una intervención drástica y eficaz, modelos de tramitación y de gobernanza electrónica que no se pierdan en procedimientos interminables y que conecten, por fin, con la ciudadanía.

La ciudad necesita repensar los horarios, necesita intervenir colaborativamente con proyectos cívicos para reconfigurar la gestión del tiempo, como elemento tractor para otras transformaciones necesarias en el espacio urbano.

Estas cuestiones surgieron en el marco de un interesantísimo debate, muy participativo. Y aunque es cierto con son temas que no son inmediatos sino que requieren tiempo y rodaje, no lo es menos que el hecho de ponerlos sobre la mesa puede ser inspirador para entidades sociales y organizaciones interesadas en estas cuestiones para, poco a poco, ir participando y contribuyendo a la reconfiguración de nuestras urbes.