Informe sobre la inversión sostenible o socialmente responsable, conocida por sus siglas (ISR) elaborado por Spainsif a partir de la información de 33 gestoras y propietarios de activos, que representan el 65% del total del mercado. Los activos gestionados alcanzaron los 285.454 millones de euros en 2019 y supone la consolidación de la tendencia alcista en los últimos años.
La inversión sostenible supuso en España un total de 285.454 millones de euros en 2019. Inversiones que se materializa a través de diferentes estrategias como la exclusión simple, que elimina del universo de inversión actividades controvertidas, la exclusión en base a normas internacionales, la selección positiva de las entidades con mejor desempeño o best in class, y la integración, entre otras.
Aunque tradicionalmente la parte ambiental ha supuesto la mayor ratio de la inversión sostenible, los aspectos sociales siempre se han contemplado, con una relevancia creciente en estos últimos años y especialmente en este, que ha quedado marcado por la emergencia sanitaria.
Como impulsores de los componentes sociales en la inversión sostenible, procede subrayar la contribución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que incluyen aspectos como acabar con la pobreza y el hambre o alcanzar el crecimiento económico y trabajo digno, entre otros.
En cuanto al marco regulatorio europeo, hay que destacar la Directiva de información no financiera traspuesta a la legislación española en 2018, que presta especial atención a los aspectos sociales de diversidad, género, distribución del trabajo, relaciones con partes interesadas y efectos sobre la comunidad, de los que tienen ya obligación de reportar muchas empresas.
Aunque no existe una metodología unificada de reporting, y eso complica la comparabilidad además de generar confusión, es reseñable la aportación de las principales iniciativas internacionales en la materia, como son GRI, SASB o IR, que incorporan específicamente los aspectos sociales.
Contemplando las iniciativas relacionadas con la transición ecológica, incentivada por el Pacto Verde Europeo, se establecen mecanismos para que la transición sea justa; es decir, que no deje a nadie atrás y que mitigue los impactos negativos que la descarbonización pueda tener en los distintos sectores y regiones.
En el caso de España, el proyecto de Ley del Clima recoge un Título específico dedicado a este fin. A falta de una taxonomía social, demanda que ha sido escuchada por los reguladores que han comenzado a trabajar en ella, en la taxonomía verde se recogen aquellas actividades económicas que tienen contribución sustancial a los objetivos ambientales de la UE y se obliga a demostrar el cumplimiento de unas garantías sociales mínimas a través de la alineación con directrices y normativa internacional en materia de trabajo, asociación y derechos humanos.
En la recuperación de la recesión provocada por el COVID-19, en la que la inversión sostenible ha experimentado mejores comportamientos que la tradicional, se contemplan como mecanismos fundamentales aquellos relacionados con los componentes sociales, como la financiación vía emisiones de bonos sociales o bonos COVID-19, que, incentivados por el programa Next Generation EU, ayudarán a movilizar la financiación necesaria para recuperar la economía sin dejar de lado los objetivos ambientales marcados.
Resumen ejecutivo del informe LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA INVERSIÓN SOSTENIBLE
Editores: Spainsif – Foro español de inversión socialmente responsable
 elaborado por Spainsif a partir de la información de 33 gestoras y propietarios de activos, que representan el 65% del total del mercado. Los activos gestionados alcanzaron los 285.454 millones de euros en 2019 y supone la consolidación de la tendencia alcista en los últimos años.){kind=link}