Entender y mejorar la co-gobernanza eléctrica 0 416

A la complejidad técnica del sistema eléctrico se añade la complejidad institucional derivada de la necesaria intervención de numerosos actores. Estas complejidades no van a disminuir a golpe de soluciones milagrosas y no debería impedir que cada institución implicada asuma su responsabilidad.

La base para entender el sistema eléctrico es que entre la producción y el consumo de electricidad existe una cadena de valor, en la que intervienen segmentos potencialmente competitivos y segmentos monopolísticos.

Las directivas europeas consagran esta convivencia de segmentos competitivos (en la producción de electricidad y su comercialización final) y monopolísticos (en el transporte en alta tensión y en la distribución local, es decir, las redes y cables que nos hacen llegar la electricidad a los hogares y otros edificios). Estas directivas europeas son necesarias, en la medida que la electricidad en Europa está interconectada, y que es un input fundamental en el mercado único europeo.

A las empresas que intervienen ya sea en competencia o en monopolio, se añaden otros protagonistas, como son el operador del mercado (ibérico, en España y Portugal) y el operador del sistema (Red Eléctrica en España, la misma empresa de mayoría pública, que gestiona la red de alta tensión), y agencias reguladoras como la CNMC en España (fruto de la innecesaria fusión de los reguladores energético y de telecomunicaciones con la autoridad de la competencia en tiempos del gobierno Rajoy).

El rol del gobierno y el legislador español, es el de, en el marco de la normativa europea de la que hemos decidido formar parte, diseñar el funcionamiento del mercado mayorista, y las «reglas de convivencia» entre los segmentos monopolísticos y competitivos, protegiendo a la población consumidora diseñando un buen sistema regulatorio.

El diseño actual del mercado mayorista (que fija la retribución de las empresas que producen electricidad) español es fruto básicamente de las decisiones del gobierno Aznar en 1998, y en el programa del gobierno de coalición actual entre PSOE y UP está la reforma en profundidad de este mercado.

Esta reforma ya ha empezado, con la socialización de los costes de la energía renovable en todo el sistema energético, lo que posibilitará una reducción de la factura eléctrica. Y lo normal es que continúe durante la legislatura con la eliminación de la sobre-retribución a la producción nuclear e hidroeléctrica, como reclama acertadamente Natalia Fabra (miembro del grupo de expertos que asesora a la Vicepresidenta Calviño) en El País. Esto abarataría adicionalmente la factura de forma estructural.

Las alzas coyunturales en el mercado mayorista (como la que se produce ahora en España y otros países europeos) se reflejan sólo en parte y de forma retardada en la factura final, y para distintos consumidores de forma distinta, pero también tendrían menos impacto si la energía nuclear e hidroeléctrica fuera retribuida simplemente por sus costes, y no por el precio de la energía más cara que entra en el sistema, como ocurre actualmente. Esto lo conoce perfectamente la Vicepresidenta Teresa Ribera, que es una de las personas más competentes que haya gestionado estos temas en España.

Las redes eléctricas cruzan todo el territorio y a la vez se caracterizan por la presencia de economías de escala. Esto explica que todos los niveles de gobierno, del local al europeo, estén implicados en su gobernanza. Las jurisdicciones además a veces se solapan (como ocurre en España y Portugal con el mercado eléctrico). Los países nórdicos y la isla entera de Irlanda ponen en común su sistema eléctrico en pools de electricidad que desafían las fronteras convencionales.

Las directivas europeas son agnósticas respecto a la propiedad de las empresas. Donde la propiedad pública tiene más sentido es en los segmentos monopolísticos, especialmente en el transporte en alta tensión, y en la operación del sistema y del mercado. En España ya existe una gran empresa pública de electricidad, que es Red Eléctrica, donde el Estado es el principal accionista y la presidenta es nombrada por el Gobierno español. Puede haber empresas públicas, o cooperativas, en los segmentos competitivos, pero deberán seguir siendo competitivos, y es deseable que así sea (y que la competencia funcione mejor).

En distribución, la regulación es relativamente sencilla, con lo cual no hay una gran diferencia entre una empresa bien regulada y una empresa pública que funcione bien. El problema son las transiciones. No sé si debe ser una prioridad de los gobiernos en la situación actual nacionalizar segmentos que se pueden y se deben regular bien, cuando ya tenemos una empresa pública en el segmento donde tiene más sentido (el transporte en alta tensión y la operación del sistema), sin que sea una panacea.

Francesc Trillas es Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

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