Un grupo de cien economistas, activistas y científicos sociales publicaban un manifiesto a favor de la condonación de la deuda pública que el Banco Central Europeo tiene en su balance con motivo de las compras producidas en el marco de sus programas del Quantitative Easing. Una propuesta que ha levantado una gran polémica.
Entre los firmantes del manifiesto destacan economistas como Thomas Piketty, director de investigación en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, Cristina Narbona vocal de la junta directiva de Economistas Frente a la Crisis, Nacho Álvarez es secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos o Steve Keen es profesor de Economía y Finanzas en la Universidad de Kingston en el que proponen un pacto por el que el Banco Central Europeo (BCE) cancele la deuda de los Estados miembros y estos a cambio destinen esas partidas a la reconstrucción ecológica y social.
“Nos debemos el 25% de nuestra deuda a nosotros mismos. Si devolvemos este dinero, tendremos que encontrarlo en algún lado, ya sea volviendo a pedir prestado para refinanciar la deuda en lugar de pedir prestado para invertir, ya sea subiendo los impuestos o recortando el gasto.
Hay otra manera. Como economistas, dirigentes y ciudadanos comprometidos de varios países, nos toca advertir que el BCE podría ofrecer hoy a los Estados europeos los medios para su reconstrucción ecológica, pero también para reparar los daños sociales, económicos y culturales causados por la terrible crisis sanitaria que sufrimos.
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Europa ya no puede permitirse el lujo de verse sistemáticamente bloqueada por sus propias normas. Otros Estados del mundo utilizan al máximo su política monetaria, en apoyo de la política fiscal, como China, Japón o Estados Unidos. El Banco de Japón utiliza su poder de creación monetaria para comprar acciones directamente en el mercado a través de fondos cotizados (ETF), convirtiéndose así en el mayor inversor del país.
También deberíamos considerar la posibilidad de utilizar el poder de creación monetaria del BCE para financiar la reconstrucción ecológica y social bajo control democrático. La anulación de las deudas públicas que tiene, a cambio de inversiones de los Estados, sería un primer signo fuerte de que Europa está recuperando su destino“.
La raíz del debate, según el economista José Moisés Martin Carretero en un detallado artículo publicado en El Plural es el siguiente:
Los países de la Unión Europea se enfrentan a una situación de en la que por un lado se demanda un mayor activismo de las políticas fiscales para impulsar la economía y por otro se advierte de las vulnerabilidades frente a una deuda pública que supone, en el caso de los países del sur, una amenaza a medio y largo plazo.
De acuerdo con el último monitor de sostenibilidad de la deuda pública de la Unión Europea, presentado el mismo día 5 de Febrero, al menos seis países se podrían enfrentar a un riesgo de sostenibilidad: Bélgica, Francia, Italia, España, Portugal y Rumanía.
El informe señalaba, acertadamente, que la política ultraexpansiva del Banco Central Europeo anticipaba una larga temporada de bajos tipos de interés, aliviando de esta manera la carga de la deuda, y planteando un período de “gracia” en el que los países con más problemas deberían ordenar sus cuentas públicas para reducir su deuda en el medio y largo plazo.
En otras palabras, se está pidiendo un mayor estímulo fiscal al tiempo que se demanda no perder de vista el riesgo que supone la elevada deuda pública. Básicamente, se está pidiendo a las economías que soplen y sorban prácticamente al mismo tiempo.
El problema se complica todavía más si tenemos en cuenta la tercera variable planteada en el manifiesto: las necesidades de inversión en materia de cambio climático, que ascenderían a 6,9 billones de dólares al año según la OCDE y, en el caso de la Unión Europea, a 5 billones de euros por década (es decir, casi un plan Next Generation cada año) de aquí al 2050.
En conclusión: la Unión Europea debería invertir masivamente en la transición ecológica y social para evitar los efectos más graves de un cambio climático desbocado. Pero no lo puede hacer porque algunos de sus países están sujetos a un importante riesgo por su abultada deuda pública, teniendo por lo tanto un margen fiscal muy limitado.
Hay quien piensa que esto no es un problema en la medida en que el Banco Central Europeo mantendrá su cartera de bonos de manera indefinida -generando una especie de “cancelación sintética”- como es el caso de Paul de Grauwe. Sin embargo, otros comentaristas, como Wolfgang Munchau, han señalado que, atendiendo a la opinión del Tribunal de Justifica de la Unión Europea, tan ilegal sería cancelar la deuda como mantenerla indefinidamente en el balance.
Como nos recuerda Martin Carretero, sea cual sea la opción que se decida poner en marcha, tarde o temprano, la Unión Europea deberá hacer frente a este dilema, aunque sea para desecharlo. Los tratados no están preparados ni para reestructurar la deuda, ni para cancelarla, ni para monetizar una parte de ella, ni para otra cosa que no sea que cada país se haga cargo de la suya a medio y largo plazo a través de la disciplina fiscal.
Pero, afortunadamente, los tratados no son un manual de política económica. No debería ser motivo de escándalo que, con menor o menor fortuna, haya quien se atreva a apurar sus interpretaciones para obtener mejores resultados económicos y sociales.
Para saber más sobre este debate: