El informe de la Fundación Renovables detalla una propuesta para que el Operador del Sistema sea una entidad pública y las redes  distribución eléctricas, con la participación del Estado, garanticen el acceso universal a la energía y el desarrollo de la electrificación de la demanda energética.

La política energética y económica del futuro tiene en la apuesta por la electrificación de la demanda el elemento básico para afianzar y conseguir un desarrollo cada vez más sostenible y la descarbonización de la economía antes de 2050, principalmente porque la electricidad:

• Es un bien básico de primera necesidad para toda la población.

• Es la base para cualquier política de eficiencia y de penetración de las energías renovables.

• Favorece la mejora de la balanza comercial por la reducción de las importaciones de combustibles. • Reduce la dependencia energética del exterior, configurando una estructura productiva más autóctona, local y distribuida en nuestro territorio.

• El consumo de electricidad tiene emisiones cero en uso y si la generación es con fuentes renovables también en origen. Cambiar a un modelo eléctrico disminuye la contaminación atmosférica y es crucial para la mejora de la calidad del aire, sobre todo en las ciudades.

• Democratiza la energía al permitir a la ciudadanía, como reconoce la Directiva de Renovables, comprar, vender, gestionar, generar y almacenar energía eléctrica, como un derecho inalienable, contribuyendo decisivamente a una mayor inclusión social y territorial.

La Directiva del Mercado Interior de la Electricidad UE 2019/944 introduce la necesidad de apostar por el consumidor activo de electricidad y las comunidades ciudadanas de energía como agentes del mercado, habilitándolas para gestionar servicios de recarga de vehículos eléctricos y para la operación de las redes eléctricas de distribución, a la vez que a participar en todos los mercados organizados del sector eléctrico teniendo un papel estratégico para la flexibilidad de la gestión de la demanda.

Los retos para conseguir electrificar la demanda energética, y que este proceso se lleve a cabo de forma progresiva y sostenible, dependen de las políticas que se pongan en marcha, sobre todo para garantizar:

• Su acceso universal a todas las personas donde los consumidores domésticos tengan todos los grados de libertad

• Que la electricidad sea la base del desarrollo económico, tanto por la disponibilidad de precios competitivos como por la existencia de señales de apoyo político. Democratizar la energía como proyecto de país.

• Que los consumidores se conviertan en el centro del sistema, permitiéndoles asumir papeles más activos. Para conseguirlo, el autoconsumo, la incorporación del almacenamiento (tanto fijo como en vehículos eléctricos), la gestión de la demanda y, en definitiva, el consumo responsable, deben ser el pilar básico que sustente la política energética.

• Que el precio del kWh se configure de forma transparente y consecuente con los costes que lo configuran, con el fin de favorecer y facilitar su consumo y que este se realice de forma responsable.

• Que se reduzca el precio del kWh como elemento dinamizador de la economía y como facilitador del acceso universal a la electricidad para el consumidor doméstico.

• Que dispongamos de una política y una fiscalidad energética consecuente con lo que se quiere promover y lo que se necesita eliminar progresivamente.

• Que la tecnología disponible se utilice con criterios de sostenibilidad, seguridad, resiliencia e inclusión social y territorial según requieren los ODS de Naciones Unidas.

• Que la configuración del sistema eléctrico, en una economía de mercado de un bien de primera necesidad, no esté basada en una conceptualización prioritaria de negocio y de obtención de rentabilidad.

Conseguir que la electrificación sea un objetivo básico que implementar es un primer paso para una política energética diferencial y ética que, hasta ahora, no se ha propuesto, seguramente por la voluntad de mantener un posicionamiento no beligerante y equidistante con los grandes actores del sector energético.

De hecho, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) el resultado obtenido para 2030 es el 27% de cobertura de la demanda final de energía con electricidad, valor muy reducido a tenor de los objetivos marcados en el propio documento del Gobierno. Asimismo, en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ni siquiera aparece este objetivo.

La transición energética supone una oportunidad para implantar un nuevo modelo productivo con capacidad de generación de valor de forma distribuida, fundamentado en la inclusión de nuevas tecnologías, tanto en la adaptación de la oferta como en la configuración de la demanda en base a criterios de sostenibilidad.

Esta transformación está basada en la necesidad de implementar procesos de inversión que sustituyan tecnologías e instalaciones y permitan la modernización de las existentes, dotándolas de flexibilidad y de capacidad de adaptación desde un sistema concentrado de oferta a otro altamente distribuido.

La digitalización, la transformación de la oferta considerando las fuentes de energía renovables y la asunción de una demanda eficiente y flexible forman parte de los Fondos Next Generation UE aprobados para reactivar la economía como solución a la crisis económica provocada por el Covid-19.

La idoneidad del uso de los Fondos debe estar enmarcada, según los criterios de elegibilidad impulsados por la Fundación Renovables en su documento, en el objetivo de apostar por la transformación del sistema energético y de su digitalización con iniciativas que tengan un efecto multiplicador. Par ello, hay que eliminar las barreras que ahora suponen un freno para el desarrollo de un sistema energético inclusivo y flexible y que ejerza de catalizadores para un modelo eléctrico interconectado e inclusivo.

Para acceder al informe completo.