El compromiso de España con la descarbonización queda plasmado en la reflejado en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE). Sus objetivos, asegurar la reducción de emisiones en sectores difusos como la movilidad, los usos térmicos en edificios, la gestión de residuos o la agricultura). España fija una una reducción del 39%, 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea.
En mayo de 2020 el Consejo de Ministros remitió a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE) en la historia de España. Con ello, se iniciaba la tramitación parlamentaria del primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050.
En un contexto de emergencia climática, España fija por ley sus objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 en un 23% respecto a los niveles de 1990. Este objetivo supone un aumento de la ambición española en materia de clima, en un año clave para la agenda climática y el Acuerdo de París.
España se alinea con el aumento de ambición que se ha marcado la Unión Europea (UE) para ese año y responde al Acuerdo de París, que establece que los países deben aumentar su ambición en materia de reducción de emisiones. Igualmente favorecerá que Europa siga impulsando la acción conjunta de todos los países para avanzar lo antes posible en la transición global hacia una economía neutra en carbono a través del marco multilateral que ofrece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El objetivo final de la ley es que España alcance, a más tardar en el año 2050 la neutralidad de emisiones, es decir, antes de llegar a mitad de siglo el país solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber.
Se fija así por ley que España se adelante al cumplimiento del Acuerdo de París en este punto, que obliga a los Estados a ser neutrales en emisiones en la segunda mitad de siglo, y refuerza su compromiso con la UE, que también se ha marcado alcanzar la neutralidad en 2050. La ley obliga a activar políticas transversales en todas sus acciones para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050 a la que España es especialmente vulnerable.
La Ley supondrá un impulso de los principios de desarrollo sostenible, justicia social, resiliencia, precaución y no regresión de los avances logrados, protección y promoción de la salud pública, mejora de la competitividad de los sectores productivos y cooperación entre Administraciones.
El texto también fija el reto de alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42%, y lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías renovables, entre otras medidas. Sin embargo, la norma prevé que estos objetivos se revisen al alza en 2023.
La Unión Europea establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo tocante a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%
El texto, que llega en un momento clave para activar las palancas de recuperación económica, establece los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía antes de 2050. Entre las medidas que pueden contribuir a ello destacan la renovación y rehabilitación de los edificios existentes, tanto públicos como privados, para alcanzar la alta eficiencia energética y descarbonización a 2050. Por ello, en un plazo inferior a seis meses desde la entrada en vigor del texto, el Ejecutivo deberá elaborar un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha celebrado la aprobación de la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España en el Congreso de los Diputados como un documento “imprescindible” que había sido postergado demasiado tiempo. “Marcamos un hito, un punto de partida desde el que mirar siempre hacia delante e ir a más, nunca a menos. Con esta ley se abordan retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad”.
Por otro lado, las Administraciones Públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la salud pública y sobre las iniciativas encaminadas a su prevención. De igual forma, el Gobierno deberá revisar el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del sistema educativo de manera transversal.
Nota de prensa del Congreso