La Fundación B Lab Spain, impulsora del movimiento B Corp en España, ha presentado el Manifiesto para impulsar un nuevo modelo económico y empresarial inclusivo y sostenible en España, firmado por más de 50 personalidades. EL objetico es promover a nivel jurídico un modelo empresarial sostenible e inclusivo para garantizar una reconstrucción económica justa, sostenible y equitativa.
A escasos 10 años para medir la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, emerge con fuerza un modelo de empresa que equilibra el propósito social y los beneficios económicos, utilizando la fuerza empresarial para generar un impacto positivo para sus empleados, la comunidad y el medio ambiente.
Estas ‘organizaciones con propósito incorporan a sus estatutos un requerimiento legal que les obliga a cumplir con los estándares más elevados a nivel ambiental, social, de transparencia y buen gobierno. Además, incorporan a la definición de su objeto social la generación de un impacto positivo como parte inherente de su actividad empresarial.
La Agenda 2030 de Naciones Unidas establece un horizonte de transformación común a todas las economías y nuestro reto-país pasa por integrar esos Objetivos de Desarrollo Sostenible en un modelo productivo que, necesariamente, tiene que ser más respetuoso con las personas y con el planeta.
Los firmantes de este manifiesto -reconocidas economistas, politólogos, juristas, ecologistas, activistas de la sociedad civil, periodistas, etc-, procedentes de distintos ámbitos profesionales y espectros ideológicos, reclaman a la administración y los poderes públicos un impulso decidido de un nuevo modelo económico y empresarial inclusivo y sostenible.
Reconocimiento legal de las empresas de interés común
El manifiesto, interpela a los poderes públicos la creación de una figura jurídica, las “Sociedades de Beneficio e Interés Común”*, que identifique y reconozca legalmente a aquellas empresas que alcancen los estándares más exigentes en materia social, ambiental, de transparencia y de buen gobierno corporativo.
La finalidad de la propuesta es sentar las bases jurídicas para el fomento de sociedades mercantiles que, en el desempeño de su objeto social, velan por la generación de un impacto positivo en las personas y el medio ambiente, mediante el establecimiento de condiciones objetivas que permitan a dichas sociedades acogerse a una denominación y un régimen común, susceptibles de ser identificadas y distinguidas en el mercado.
Esta propuesta legal plantea que se reconozca a las empresas de interés común*, creando una nueva denominación legal para aquellas sociedades mercantiles en cuyos estatutos comprometan la generación explícita de un impacto social y ambiental.
Tal y como ya se regula en otros países, las Sociedades BIC deben demostrar periódicamente tener objetivos ambiciosos de acuerdo con la Agenda 2030 y cumplir con los más elevados estándares sociales, medioambientales y de buen gobierno corporativo.
Las Sociedades BIC, de adscripción voluntaria, serían sociedades de capital, anónimas o de responsabilidad limitada, que voluntariamente deciden cumplir los requisitos arriba mencionados e inscribirse en el registro administrativo especial creado al efecto. Estarían reguladas por la Ley de Sociedades de Capital y sus disposiciones específicas.
Este reconocimiento legal promoverá la acción conjunta entre la administración pública, la sociedad civil y las empresas. Asimismo, incentivará el desarrollo de alianzas público-privadas que aprovechen el potencial transformador de cada grupo de interés.
La creación de las Sociedades BIC estimula el desarrollo de un modelo empresarial orientado a la generación de valor compartido y sostenible a largo plazo, que alinea los intereses de las empresas, sus accionistas, las administraciones públicas y la ciudadanía.
La iniciativa, tiene ya precedentes a nivel internacional. Países como Estados Unidos, Francia o Italia ya han resuelto el desarrollo de este tipo de sociedades a través de la creación de un tipo societario específico para ellas.
Promover a nivel jurídico un modelo empresarial sostenible e inclusivo es fundamental para garantizar una reconstrucción económica justa, alcanzar los objetivos de reducción de emisiones establecidos por la Comisión Europea (55% en 2030) y, a diez años para su evaluación, dar un impulso sistémico a esa Agenda común (2030) y garantizar una reconstrucción económica justa, sostenible y equitativa en nuestro país.
Para saber más: Manifiesto para el impulso de un nuevo modelo empresarial inclusivo y sostenible