Aunque la humanidad es conocida por entender sus responsabilidades y derechos individuales y colectivos, sigue existiendo una brecha en la conciencia sobre el impacto del cambio climático en los derechos humanos.
Hoy en día, las discusiones sobre la crisis climática se han vuelto comunes en varias esferas de la vida social. El tema surge en debates de políticas de alto nivel en cumbres entre la Unión Europea y los países asiáticos, en las aulas de las universidades latinoamericanas, y durante debates sociales en regiones africanas.
El debate climático se ha convertido en un enfoque principal de la agenda de las Naciones Unidas y también ha encontrado su camino en pequeños programas de políticas gubernamentales en todo el mundo. Desde las progresistas sociedades escandinavas hasta los rincones más remotos del tradicional Nepal, el debate climático persiste, moldeando patrones de vida, movilizando comunidades para la acción, e influyendo en la evolución de los conceptos de desarrollo.
Simultáneamente, el tema de los derechos humanos ha surgido como una preocupación significativa dentro del discurso del cambio climático. Irónicamente, la implementación de los derechos humanos ha quedado amenazada debido a este problema urgente.
La destrucción gradual de los hábitats de la flora y la fauna protegidas, la falta de respeto por los límites biofísicos del planeta, y lo más importante, la degradación de la capa de ozono debido a las emisiones inducidas por el ser humano, contribuyen al impacto negativo severo en la realización de los derechos humanos universalmente reconocidos.
¿Cómo plantea la crisis climática un riesgo para la implementación de los derechos humanos?
Se espera que la influencia innegable del cambio climático en los derechos humanos se intensifique en los próximos años, como lo indican numerosos estudios, incluidos los realizados por las Naciones Unidas.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado una serie de resoluciones relacionadas con los derechos humanos y el cambio climático desde 2008. Estas resoluciones han llamado a mesas redondas sobre el cambio climático dentro del Consejo de Derechos Humanos, así como a la preparación de estudios, informes y resúmenes por el Alto Comisionado.
Es crucial reconocer que la crisis climática afecta a los derechos humanos no solo debido a sus consecuencias catastróficas en el disfrute de estos derechos, sino también porque proviene principalmente del sector productivo económico de la revolución industrial, que pone en peligro el equilibrio ecológico mundial.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de crear políticas estatales y fomentar la cooperación multilateral para abordar este problema mundial en diversos grados.
Cuanto más tiempo se tome el gobierno para implementar una acción concreta, más difícil será abordar el problema y mayor será la probabilidad de limitar las emisiones de manera que exacerben las desigualdades en lugar de aliviarlas. Las desigualdades, como sabemos, obstaculizan la plena realización de los derechos humanos.
Por lo tanto, es esencial establecer leyes que involucren a los actores que contribuyen a este problema, mejoren la cooperación entre los estados y las empresas privadas (ya que el sector privado es responsable de la mayoría de las emisiones de GEI) y aumenten la conciencia para involucrar a la sociedad civil en la acción climática.
¿De qué manera el cambio climático impacta en los derechos humanos?
La crisis climática tiene efectos directos e indirectos en los derechos humanos, lo que lleva a resultados negativos en la realización de estos derechos debido a su impacto en los medios de vida. Se erige como una de las amenazas más significativas a los derechos humanos para las generaciones actuales y futuras.
Derecho a la vida: todos tienen derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad personal. Sin embargo, el cambio climático pone en peligro la seguridad de miles de millones de personas en todo el mundo. Los eventos climáticos extremos, como tormentas, inundaciones e incendios forestales, son ejemplos claros. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el cambio climático resultará en 250.000 muertes adicionales al año entre 2030 y 2050 debido a la malaria, la desnutrición, la diarrea y el estrés por calor.
Derecho a la salud: cada individuo tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. El IPCC indica que las principales consecuencias para la salud del cambio climático incluirán un mayor riesgo de lesiones, enfermedades y muerte por olas de calor e incendios forestales; un mayor riesgo de desnutrición debido a la reducción de la producción de alimentos en regiones empobrecidas; y un creciente riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos y agua.
Derecho a la vivienda: todos tienen derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye vivienda adecuada. Sin embargo, el cambio climático plantea múltiples amenazas a este derecho. Los eventos climáticos extremos, como las inundaciones y los incendios forestales, ya están destruyendo hogares y desplazando a personas en todo el mundo.
Derecho al agua y al saneamiento: todos tienen derecho al agua para uso personal y doméstico y al saneamiento para la salud. Sin embargo, factores como el derretimiento de la nieve y el hielo, la reducción de las precipitaciones, el aumento de las temperaturas y el aumento del nivel del mar indican que el cambio climático está y seguirá afectando los recursos hídricos en términos de cantidad y calidad. Más de mil millones de personas actualmente carecen de acceso a agua potable segura, situación que el cambio climático solo exacerbará.
Ante estos desafíos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de la resolución 18/22, ha enfatizado las obligaciones, normas y principios de los derechos humanos que pueden informar y reforzar la formulación de políticas de cambio climático. Este enfoque promueve el respeto por los límites biofísicos del planeta y una visión de sostenibilidad.
Responsabilidad colectiva en la abordaje de la crisis climática:
-Sector Público
Los estados son responsables de garantizar los derechos humanos y tienen la obligación de minimizar los efectos negativos del cambio climático adoptando las medidas más ambiciosas para prevenir y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo más rápidamente posible.
Para abordar la crisis climática de manera rápida y humana, se han establecido varias medidas como parte de los compromisos de los estados en acuerdos y tratados, incluyendo el Fondo Verde para el Clima (FVC). El FVC ofrece apoyo financiero a los países que necesitan asistencia para implementar estrategias de mitigación y adaptación a los impactos negativos del cambio climático.
Reconociendo la crisis climática como un problema de gobernanza global, todos los estados deben colaborar en la búsqueda de soluciones y adherirse a los acuerdos y tratados internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
El derecho al desarrollo es un derecho humano, y las políticas estatales deben liderar la lucha contra la crisis climática. En consecuencia, los estados son directamente responsables de implementar medidas climáticas sin violar directa o indirectamente los derechos humanos. A medida que la crisis climática empeora, puede haber intentos de suprimir los derechos bajo el pretexto de seguridad nacional, como fue evidente durante la pandemia de COVID.
-Sector Privado
Las empresas privadas son responsables de respetar los derechos humanos. Deben evaluar los posibles impactos de sus operaciones, implementar medidas para prevenir consecuencias negativas y divulgar públicamente los resultados de la evaluación y las acciones tomadas.
Las entidades privadas también emprenden medidas para abordar los abusos de los derechos humanos que causan o a los que contribuyen, ya sea de forma independiente o en colaboración con otros actores. Estas responsabilidades se extienden a los abusos de los derechos humanos que resultan de la crisis climática.
Todo el sector privado, especialmente las grandes corporaciones, debe adoptar rápidamente medidas para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto incluye la transición a proyectos de energía renovable y la divulgación pública de información sobre las emisiones y los esfuerzos para limitarlas. Estas medidas deben aplicarse a todas las filiales, socios y entidades significativas en sus cadenas de suministro.
Es ampliamente conocido que las empresas de combustibles fósiles han sido y continúan siendo grandes contribuyentes a la degradación ambiental. Las investigaciones indican que alrededor de 100 empresas de combustibles fósiles son responsables del 71% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero desde 1988.
Cada vez hay más pruebas de que las grandes empresas de combustibles fósiles han sido conscientes de los efectos nocivos de la quema de combustibles fósiles durante décadas y han intentado ocultar esta información y obstaculizar la acción contra la crisis climática.
Aunque el sector productivo es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, también es el sector que más progreso ha hecho en la adaptación a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
También se debe considerar el concepto de justicia climática y una transición justa. Sólo las políticas inclusivas pueden generar múltiples beneficios adicionales que aborden los derechos humanos. El riesgo de transición, con una alta probabilidad de descalificación de millones de empleos en el sector energético, debe ser abordado para proteger la seguridad humana, económica y social, especialmente en los estados con alta dependencia de los combustibles fósiles.
¿Cómo podemos mitigar el impacto del cambio climático en los derechos humanos?
Las organizaciones internacionales de derechos humanos deben responsabilizar a los estados que no actúan o proporcionan soluciones en el nivel de las Naciones Unidas y en el marco de la Conferencia Anual de las Partes (COP).
Se debe apoyar a los jóvenes, a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), a las ONGs y a las poblaciones más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático, abogando por una transición ecológica rápida y justa hacia el desarrollo sostenible.
Estas acciones deben ayudar y facilitar el trabajo de aquellos dedicados a proteger la tierra, la comida y a las personas de las consecuencias del cambio climático. Defender el espacio cívico para la información, la participación y la movilización también contribuirá a políticas climáticas más efectivas que aborden las necesidades reales del planeta.
Para armonizar mejor los derechos humanos y el cambio climático, debemos exigir que los gobiernos trabajen para evitar que las temperaturas globales suban 1.5°C, en pleno cumplimiento del Acuerdo de París alcanzado en 2015.
-Las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse a cero neto para 2050 como muy tarde, con los países más industrializados cumpliendo este objetivo rápidamente. Para 2030, las emisiones globales deben haberse reducido a la mitad respecto a los niveles de 2010;
-Reducir rápidamente el uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) hasta que sean en su mayoría reemplazados por fuentes de energía alternativas;
Asegurar que la acción climática se ejecuta de manera que no socava los derechos humanos y disminuye, en lugar de aumentar, las desigualdades.
-Garantizar que todos, especialmente aquellos vulnerables a la crisis climática, tengan información completa sobre los desarrollos en curso y puedan participar en las decisiones que afectan a su futuro;
-Promover la justicia climática y la justicia ecológica como nuevos paradigmas en la relación entre sociedad, desarrollo y naturaleza;
-Democratizar todo el conocimiento sobre el cambio climático difundiendo la información de una manera sencilla y accesible, fomentando una mayor conciencia en la sociedad sobre este problema que afecta a todos los seres vivos.
-Colaborar a través de la cooperación multilateral para compartir la carga del cambio climático. Como resultado, los países económicamente desarrollados deben asistir a los países que carecen de recursos suficientes para adaptarse al cambio climático.
¿Qué podemos anticipar?
El cambio climático y nuestra respuesta a él afectarán significativamente al disfrute de los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo. Este impacto ocurre directamente en las personas y nuestro entorno, así como a través de la degradación de los ecosistemas de los que dependen numerosas comunidades para su sustento y medios de vida.
Es importante destacar que han pasado más de 70 años desde la instauración de los derechos humanos, pero aún no son respetados en algunas regiones. Esto hace que sea cada vez más crítico garantizar su plena implementación en todo el mundo. Esto incluye obligaciones de reducir las emisiones de GEI, proteger el medio ambiente, proteger a los ciudadanos de los efectos adversos del cambio climático y garantizar que las acciones de todos los actores sean eficientes, efectivas y no conduzcan a violaciones de los derechos humanos.
Rosmel Rodríguez, Embajador del Pacto Climático Europeo