Reforma del mercado de la electricidad de la UE: un sistema energético basado en las renovables 0 228

energias renovables

El acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la reforma de la configuración del mercado de la electricidad de la UE ayudará a la UE a crear un sistema energético basado en las energías renovables, a reducir las facturas de energía, así como a proteger mejor a los consumidores contra las subidas de los precios y a capacitarlos para que se beneficien de la transición. Garantizará que la UE disponga de un suministro de energía sostenible e independiente, en consonancia con el Pacto Verde Europeo y el plan REPowerEU.

Esta reforma, que fue propuesta por la Comisión como parte del Plan Industrial del Pacto Verde, también hará que la industria europea sea más limpia y competitiva gracias a un mejor acceso a energías renovables y no fósiles asequibles.

Los precios elevados y volátiles, como los que se observaron en 2022 a raíz de la guerra energética de Rusia contra la UE, han supuesto una carga excesiva para los consumidores europeos de energía. Muchos consumidores vieron que subían sus facturas de electricidad debido al aumento de los precios del gas, a pesar de que las fuentes de energía renovables ya cubren más de un tercio de la demanda de electricidad de la UE.

Durante la crisis energética, la UE reaccionó introduciendo una amplia gama de medidas para mitigar el impacto en los hogares y en las empresas de unos precios al por mayor de la energía elevados y volátiles. Además, en marzo de 2023, la Comisión respondió al llamamiento de los dirigentes de la UE para que presentara una reforma del mercado de la electricidad con la que se garantizase la soberanía energética europea y se lograra la neutralidad climática, como parte del Plan Industrial del Pacto Verde.

El acuerdo incluye revisiones de varios actos legislativos de la UE, en particular el Reglamento sobre la electricidad, la Directiva sobre la electricidad y el Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (RITME). Sobre la base de lo aprendido a raíz de la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la reforma acordada aportará una mayor estabilidad de precios, tanto para los consumidores como para los proveedores, gracias a un uso más generalizado de los contratos a largo plazo para la producción de electricidad limpia e introducirá más soluciones flexibles no fósiles en el sistema, como la respuesta a la demanda y el almacenamiento.

Consumidores mejor protegidos y capacitados

Gracias al acuerdo, los consumidores dispondrán de una gama más amplia de contratos, así como de información más clara antes de firmarlos, a fin de tener la opción de fijar precios seguros y a largo plazo, y evitar así los riesgos excesivos y la volatilidad. Al mismo tiempo, podrán seguir optando a contratos con fijación dinámica de precios para aprovechar la variabilidad de los precios y utilizar la electricidad cuando esta sea más barata (por ejemplo, para cargar coches eléctricos o utilizar bombas de calor en sus hogares).

El acuerdo reduce el riesgo de fracaso de los proveedores y refuerza la protección de los consumidores. Los proveedores deberán gestionar sus riesgos de precios al menos en la medida de los volúmenes objeto de contratos fijos, con el fin de estar menos expuestos a las subidas drásticas de precios y a la volatilidad del mercado, mientras que los Estados miembros tendrán que establecer proveedores de último recurso para que ningún consumidor se quede sin electricidad.

Se protegerá contra la desconexión a los consumidores vulnerables y a las personas en situación de pobreza energética, y, en caso de crisis, los Estados miembros podrán hacer extensivos los precios al por menor regulados a los hogares y las pymes. Además, la Comisión podrá proponer al Consejo que declare una crisis de precios de la electricidad en caso de que se produzca un fuerte aumento de los precios al por menor, lo que permitirá a los Estados miembros adoptar más medidas para proteger a los clientes y garantizar el acceso a una energía asequible.

La reforma acordada provisionalmente permite a los consumidores, incluidas las empresas y las autoridades públicas, desempeñar un papel activo en el sistema energético. En tanto que «prosumidores» que participan en el uso compartido de energía, también podrán invertir en parques eólicos o solares y vender el exceso de electricidad solar de sus tejados a sus vecinos, y no solo a su proveedor. Los arrendatarios podrán, por ejemplo, compartir el excedente de energía solar de su tejado con un vecino, y el acuerdo allana el camino para que los Estados miembros faciliten el despliegue de las energías renovables por parte de los consumidores a través de mini sistemas de energía solar enchufables.

Por último, para garantizar que los consumidores de la UE se beneficien de unos mercados competitivos con una fijación de precios transparente, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y los reguladores nacionales tendrán una mayor capacidad para supervisar la integridad y la transparencia del mercado de la energía. En particular, la ACER podrá investigar posibles casos de abuso de mercado de carácter transfronterizo y aquellos en los que la conducta afecte al menos a dos Estados miembros.

Una industria europea competitiva con costes de la energía previsibles

La reforma que se ha acordado provisionalmente hoy facilitará el despliegue de contratos a largo plazo más estables, como los contratos de compraventa de energía (CCE), a través de los cuales las empresas establecen sus propios suministros directos de energía y, de este modo, pueden beneficiarse de precios más estables gracias a la producción de electricidad a partir de energías renovables y bajas en carbono.

Los Estados miembros estarán obligados a garantizar la disponibilidad de garantías basadas en el mercado para los CCE, lo que contribuirá a mejorar la competitividad de la industria de la UE reduciendo su exposición a la volatilidad de los precios asociados a los combustibles fósiles.

Además, la reforma impulsará la liquidez de los mercados para los «contratos a plazo», que son contratos a largo plazo que fijan los precios para el futuro. Esto permitirá que la protección contra unos precios excesivamente volátiles se haga extensiva a un mayor número de proveedores y consumidores, y durante períodos de tiempo más largos.

Con el fin de proporcionar a los productores de energía unos ingresos estables y proteger a la industria de la volatilidad de los precios, en el marco del acuerdo provisional todo el apoyo público a la inversión en nuevas capacidades de generación inframarginal y sostenida de electricidad renovable y baja en carbono tendrá que adoptar la forma de contratos bidireccionales por diferencias o de regímenes equivalentes que surtan el mismo efecto.

Un sistema energético adaptado al futuro

La nueva configuración del mercado de la electricidad facilitará la integración de las energías renovables en el sistema y mejorará la previsibilidad de la generación de electricidad mediante nuevas obligaciones en materia de transparencia para los gestores de redes en lo que respecta a la congestión de la red y unos plazos comerciales más cercanos al tiempo real.

En términos más generales, este acuerdo apoya la consecución del ambicioso objetivo de la UE de lograr que el 45 % de la energía a escala de la UE sea renovable de aquí a 2030, tal como se acordó en la Directiva sobre fuentes de energía renovables revisada (2413/2023); por ejemplo, mediante nuevas subastas de energías renovables a nivel de la UE vinculadas al mecanismo europeo de financiación de energías renovables.

Además, para mejorar la flexibilidad del sistema energético, los Estados miembros deberán ahora evaluar sus necesidades, establecer objetivos para aumentar la flexibilidad de las energías no fósiles y tener la posibilidad de introducir nuevos sistemas de apoyo, especialmente para la respuesta de la demanda y el almacenamiento. La reforma también permite a los gestores de redes obtener una reducción de la demanda en horas punta.

El acuerdo tiene en cuenta los retos de determinados Estados miembros y regiones a la hora de llevar a cabo la transición hacia una energía limpia, y establece excepciones específicas y limitadas en el tiempo en relación con determinadas normas del Reglamento a fin de facilitar el camino hacia un sistema energético descarbonizado.

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