Las recientes inundaciones provocadas por la DANA en la Comunidad Valenciana, con su trágico saldo de víctimas y cuantiosos daños materiales, evidencian la creciente amenaza del cambio climático en España y la urgente necesidad de adaptarnos a sus consecuencias. Si bien las lluvias torrenciales son un fenómeno recurrente en la región mediterránea, su intensidad y frecuencia se están viendo exacerbadas por el calentamiento global.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la temperatura del mar Mediterráneo ha aumentado 1,3ºC desde la era preindustrial, un 20% más rápido que la media global. Este incremento proporciona más energía a las tormentas, intensificando fenómenos como las DANAs. Además, la artificialización del suelo –que en España alcanza un 2,49% del territorio nacional según el Inventario Español de Artificialización del Suelo (IEAS) de 2021– reduce la capacidad del terreno para absorber el agua, aumentando la escorrentía y el riesgo de inundaciones.
Un país en riesgo: la magnitud del desafío en cifras
La DANA en Valencia es solo una muestra de la vulnerabilidad de España frente a los eventos climáticos extremos, según el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO):
Inundaciones: el 1,8% del territorio español (9.000 km²) y el 1,1% de la población (530.000 habitantes) están expuestos a un riesgo alto de inundación. Se estima que el coste anual de los daños por inundaciones asciende a 800 millones de euros. Zonas como la Vega Baja del Segura (Alicante), el Delta del Ebro (Tarragona) y la cuenca del Guadalquivir (Andalucía) son especialmente vulnerables.
Incendios forestales: el 74% del territorio español se considera zona de riesgo de incendio forestal. En la última década, los incendios forestales han afectado a una media de 115.000 hectáreas al año, con un coste asociado de 1.000 millones de euros anuales. Comunidades como Galicia, Castilla y León y Andalucía son las más afectadas.
Sequías: el 60% del territorio español es susceptible a la desertificación. Las pérdidas económicas por sequías se estiman en 1.500 millones de euros anuales. Regiones como Murcia, Almería y el sureste de la Península son las más vulnerables.
Aumento del nivel del mar: se estima un aumento de entre 10 y 68 cm para finales de siglo, amenazando las zonas costeras. Ciudades como Barcelona, Valencia y Málaga, con importantes infraestructuras y actividad económica en la costa, enfrentan un riesgo significativo.
El coste de la adaptación: una inversión necesaria y urgente
Adaptarse a estos riesgos requiere una inversión significativa y una acción decidida. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) estima que España necesita invertir 1.000 millones de euros anuales en medidas de adaptación hasta 2030. Esta inversión se destinaría a:
Infraestructuras resilientes: construcción de sistemas de drenaje sostenibles que permitan la infiltración del agua y reduzcan la escorrentía; refuerzo de presas y diques para aumentar su capacidad de resistencia a eventos extremos; implementación de sistemas de alerta temprana más precisos y con mayor cobertura, que permitan evacuar a la población con tiempo suficiente.
Gestión del agua: modernización de regadíos para mejorar la eficiencia en el uso del agua; construcción de nuevas infraestructuras de almacenamiento que permitan garantizar el suministro en épocas de sequía; promoción de la reutilización del agua para reducir la presión sobre los recursos hídricos.
Planificación urbana: rehabilitación de edificios para mejorar su eficiencia energética y resistencia a eventos climáticos, incorporando medidas como aislamiento térmico, sistemas de captación de agua de lluvia y cubiertas verdes; creación de espacios verdes que mitiguen el efecto isla de calor y favorezcan la infiltración del agua; desarrollo de planes de movilidad sostenible que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y promuevan el uso del transporte público y la bicicleta.
Protección de los ecosistemas: restauración de humedales y bosques, que actúan como sumideros de carbono y barreras naturales frente a inundaciones y sequías; conservación de la biodiversidad, que aumenta la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.
La inversión en adaptación es una inversión en el futuro, que permitirá a España afrontar los desafíos del cambio climático con mayor resiliencia y seguridad.
Prepararse para las crisis y fortalecer la resiliencia
El reciente informe “Prepararse para las crisis en la UE: reforzar la gestión de crisis y la protección civil” subraya la necesidad de que los Estados miembros refuercen sus capacidades de respuesta ante desastres naturales. El informe insta a los países a invertir en prevención, anticipación y adaptación al cambio climático, integrando estas medidas en todas las políticas públicas. Además, se destaca la importancia de la cooperación entre los Estados miembros para compartir información, recursos y mejores prácticas en la gestión de crisis.
Actuar con urgencia y determinación para un futuro sostenible
La DANA en Valencia, las inundaciones en Francia y los datos sobre la vulnerabilidad de la región Mediterránea nos recuerdan que el cambio climático ya está aquí y que sus consecuencias son cada vez más graves. Es imperativo actuar con urgencia y determinación, desarrollando e implementando políticas de adaptación ambiciosas que protejan a la población, el medio ambiente y la economía.
La inversión en adaptación es una inversión en el futuro, que permitirá a España afrontar los desafíos del cambio climático con mayor resiliencia y seguridad. Es necesario un compromiso firme por parte de todos los actores –gobiernos, empresas, ciudadanos– para construir un futuro sostenible y resiliente al cambio climático.