La UE empieza a sentar las bases de una política de promoción de vivienda asequible y sostenible. Para ello, se está generando una incipinente alianza paneuropea entorno a algunos gobiernos locales y nacionales, agentes públicos y privados e instituciones europeas como la Comisión Europea y el BEI. El objetivo es impulsar un Plan Europeo de Vivienda Asequible y catalizar la financiación necesaria involucrando instituciones y bancos nacionales así como instituciones financieras internacionales.
La falta de vivienda asequible en Europa va camino de convertirse en una emergencia social, especialmente en las grandes ciudades. Además de ser una de las preocupaciones principales de la ciudadanía, está íntimamente relacionado con el crecimiento económico y la productividad. En Europa no hay tanto un problema de disponibilidad de suelo como de baja productividad y una insuficiente innovación e industrialización en el sector de la construcción, sumado a obstáculos y barreras burocráticas. Una realidad que aumenta el costo y el tiempo de entrega de los proyectos de vivienda.
Una realidad que viene a sumarse a la necesidad de reducir las emisiones de CO2 de un sector altamente contaminante. El sector de la construcción comercial y residencial representa el 39% del dióxido de carbono (CO2) emitido a la atmósfera la vez que genera el 30% de los residuos sólidos y el 20% de la contaminación de las aguas. Es decir, casi la mitad del CO2 expulsado a la atmósfera está relacionado con la construcción de edificios a lo largo de todas sus fases: construcción, uso y posterior demolición, por lo que alcanzar la neutralidad climática pasa por abordar la descarbonización del sector de la construcción de una forma integral.
De igual forma, el impacto del consumo de energía y reducir el impacto de las emisiones de dióxido de carbono también debe ser una prioridad impulsando una transición justa atendiendo a las políticas de equidad. Dos tercios del consumo de energía de los hogares se utilizan para calentar hogares y, casi 50 millones de europeos que viven en la pobreza energética, por lo que la rehabilitación y la inversión en eficiencia energética del parque de viviendas de Europa debe ser igualmente una prioridad.
Según los datos del INE, en España hay 7,6 millones de viviendas en estado de deterioro importante y con necesidades de rehabilitación integral. Para hacer frente a la rehabilitación del parque urbano se requeriría un esfuerzo inversor de 377.000 millones de euros (25% del PIB). La falta de financiación específica para políticas de vivienda hace que una familia necesite de media 7,7 años de ahorro para comprar una vivienda sin reformar. Para poder cubrir el importe de una reforma (no cubierto con la hipoteca) además de los ahorros necesarios para la adquisición de la vivienda, el plazo de ahorro total se extiende a 17 años.
Hay que incentivar fiscalmente a los agentes rehabilitadores que
impactan de forma positiva en el mercado de la vivienda con la creación de nueva oferta disponible y una adecuada calidad-precio para las clases medias y populares.
Uno de los problemas principales que nos encontramos en Europa es la disparidad de políticas públicas en Europa. Según un informe del Parlamento europeo las políticas de vivienda de los Estados miembros pueden clasificarse en cuatro grupos:
Intervencionismo estatal. Los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido se caracterizan por una intensa intervención estatal. Estos países cuentan con los sectores de viviendas sociales de alquiler más extensos de la Unión Europea y sus Gobiernos dedican más del 3% del PIB a la política de vivienda.
Vivienda privada de alquiler. En Austria, Dinamarca, Francia y Alemania se ha producido un desplazamiento menor del mercado y se han mantenido unos sectores de viviendas privadas de alquiler amplios. El gasto del Estado en política de vivienda generalmente es del orden del 1-2% del PIB.
Sistemas mixtos de propiedad y alquiler. Irlanda, Italia, Bélgica, Finlandia y Luxemburgo forman un grupo dispar, pero todos disponen de sectores amplios de viviendas en propiedad y de sectores de viviendas sociales de alquiler relativamente pequeños. El gasto del Estado en política de vivienda se limita por lo general a un 1% del PIB aproximadamente.
Sociedades de propietarios. Portugal, España y Grecia tienen sectores particularmente grandes de viviendas ocupadas por sus propietarios, unos sectores mínimos de viviendas sociales de alquiler y (hasta hace poco) unos sectores privados de alquiler de baja calidad y en declive. El gasto del Estado en política de vivienda es inferior al 1% del PIB.
Así pues, es urgente impulsar un Plan Europeo de Vivienda y aumentar de forma significativa la oferta de viviendas asequibles y sostenibles en la UE. Para ello el Banco Europeo de Inversiones ha identificado cuatro pilares que me parecen interesantes para impulsarlo. Unas iniciativas que deberían ir acompañados de un fuerte impulso coherente de las políticas públicas a nivel nacional, regional como local:
Alianzas y asociaciones entre instituciones. En la escala europea entre la Comisión Europea y los bancos e instituciones nacionales de fomento para facilitar el acceso a la financiación y el asesoramiento, sobre la base de la complementariedad con las estructuras y los productos existentes.
Escala europea y enfoque local. Ampliar el alcance regional del apoyo del Grupo BEI, haciendo hincapié en los países, regiones y ciudades de la UE con sistemas de vivienda menos maduros y grandes necesidades no satisfechas. En esos territorios debería inertirse en un componente de asesoramiento reforzado para complementar la financiación necesaria para impulsarlo.
Reforzar las cadenas de valor. Impulsar y apoyar nuevos tipos de proyectos de vivienda. Introducir elementos de innovación en el sector de la construcción reforzando la industrialización y potenciansdo nuevos desarrollos inmobiliarios y nuevas formas de propiedad y/o de gestión de vivienda asequible.
Movilización e incentivos al sector privado. Las instituciones públicas no lo pueden hacer solas. Solo con una potente movilización público-privada podremos movilizar recursos y energía para atender esta emergencia económica y social. Para ello, hay que incentivar fiscalmente a los agentes rehabilitadores que
impactan de forma positiva en creación de oferta disponible de viviendas de calidad así como el acceso
a financiación viable frente a aquellos que movilizan fondos de inversión con fines puramente financieros o especulativos. Además, son una fuente de creación de empleo y dinamización de las pimes del sector.
Así lo entienden además los gobiernos locales y regionales. La iniciativa impulsada por el alcalde Barcelona Jaume Collboni impulsando el European Mayors for Housing (Alcaldes Europeos por la Vivienda), interpela directamente a las institucions europeas y particularmente a la Comisión, a impulsar iniciativas que den respuestas integrales con rapidez y eficacia es la crisis de vivienda que afecta a las ciudades y regiones metropolitanas.
Una vez más, la realidad muestra la necesidad de impulsar una cooperación y gobernanza europea reforzada para dar respuesta a los desafíos económicos y sociales a los que nos enfrentamos. La Unión Europea no había intervenido hasta ahora en materia de promoción y construcción de vivienda más allá de dedicar Fondos Next Generation a la rehabilitación.
Hoy la UE tiene que dar un paso adelante por responsabilidad y mostrar un nuevo liderazgo con una respuesta potente y eficiente a uno de los principales problemas sociales que va camino de convertirse en una pandemia social. Algunos se escudarán en que es una competencia nacional, pero los ciudadanos no quieren saber de cuitas entre burócratas o políticos, quieren y necesitan respuestas. Con competencias o sin ellas, las instituciones públicas se juegan su credibilidad. Hoy toca aunar competencias con incumbencias y la UE tiene que ser el impulsar del impulso de nuevas coherencias en materia de vivienda en Europa.