Desigualdad climática y transición justa: integrar la justicia social en las políticas de adaptación y transición.

Las desigualdades socioecológicas constituyen una de las dimensiones esenciales a la hora de comprender el conjunto de las desigualdades. La reducción de las desigualdades y la protección de la naturaleza mantienen relaciones ambivalentes, por lo que es necesario entender de qué manera la reducción de las desigualdades está en el centro del proyecto de desarrollo sostenible. 

El informe de Oxfam “Desigualdad climática en España: Oportunidades para una transición justa“, analiza diversas formas de desigualdad climática en nuestro país. Explora la desigualdad en las emisiones de carbono, en los impactos del calentamiento global y las distintas capacidades para hacerle frente, y en la participación de los distintos agentes sociales en la toma de decisiones sobre políticas climáticas. Los hogares con menores recursos, las mujeres, jóvenes, personas mayores, comunidades migrantes son los más vulnerables ante el cambio climático, los menos preparados para los impactos climáticos y son, por lo general, los menos escuchados. Por el contrario, las personas superricas y las grandes empresas son las que más carbono emiten y las más influyentes. Se plantean propuestas de solución y recomendaciones para una adaptación y una transición energética justas, equitativas y sostenibles, que no sean a costa del bienestar social y ecológico, es decir, con miras a una mayor justicia climática.

En España, los últimos cinco veranos han batido récords de temperatura, siendo el verano de 2025 el más cálido desde 1961. El 70% de la población vive en municipios donde el incremento térmico supera ya el 1,5°C desde 1960, y más de la mitad de estos municipios tienen rentas familiares netas por debajo de la media nacional. Las olas de calor, cada vez más frecuentes y severas, han provocado casi 37.000 muertes en España entre 2015 y 2023.

En agosto de 2025, se registraron 2.177 muertes por altas temperaturas, consolidando a España como uno de los países europeos más vulnerables. Las personas mayores, trabajadores al aire libre y comunidades con bajos ingresos son las más afectadas, debido a su mayor exposición y menor capacidad de adaptación. El IPCC y el PNUD advierten de que los impactos climáticos profundizan las desigualdades ocupacionales, económicas, sanitarias, de género y generacionales.

También las inundaciones se han convertido en amenazas climáticas directas, con efectos desproporcionados en la economía, las infraestructuras, el medioambiente y la salud (incluida la salud mental). Más de un millón de viviendas están ubicadas en zonas de riesgo, muchas de ellas habitadas por hogares con rentas netas inferiores a 30.000 euros. Además de las personas mayores y hogares con bajos ingresos, las personas migrantes en situación irregular, especialmente del sector de cuidados, excluidas de las ayudas gubernamentales, resultaron doblemente impactadas en la DANA.

Ahora, la reconstrucción debe ser inclusiva, evitando que los barrios humildes queden estancados por la falta de ayudas o la burocracia excesiva y, sobre todo, sensible a los riesgos climáticos. En las ciudades, la necesidad de refrigeración ha aumentado significativamente, pero los indicadores oficiales aún no integraban hasta la fecha la temperatura inadecuada en verano como dimensión de la pobreza energética: 33,6% de la población no logra mantener una temperatura adecuada en verano por falta de recursos o por la ineficiencia de los equipos. Las subvenciones para rehabilitación energética son poco accesibles para las rentas bajas, lo que perpetúa la desigualdad.

Avanzar hacia un modelo energético justo y sostenible significa transformar las estructuras de poder que hoy concentran
decisiones y beneficios en pocas manos y apostar por formas de producción de energía y gestión de proyectos que pongan
en el centro a las personas, los territorios y el cuidado del medioambiente. Esto implica garantizar la participación pública,
asegurar el derecho de acceso a una energía asequible, repartir de forma justa los costes y beneficios y reparar los daños
que sufren las comunidades afectadas por los proyectos de renovables y extractivos.

El Gobierno debe incorporar un enfoque más ambicioso de justicia climática en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), transversalizando el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 sobre reducción de desigualdades. Debe redistribuir el esfuerzo según la capacidad de cada grupo social y territorio, acelerando la descarbonización de los sectores más contaminantes y protegiendo a los más vulnerables.

La responsabilidad recae también en el ámbito empresarial: las grandes corporaciones concentran una parte desproporcionada de las emisiones. Las empresas del IBEX35 son responsables aproximadamente del 30% de las emisiones directas (Alcance 1) en España y sus modelos de negocio contribuyen más a la crisis climática que a producir crecimiento económico (equivalen al 10% del PIB nacional y el 7,1% del empleo).

Si miramos a las cinco empresas más grandes, de las cuales cuatro son del sector energético y una del transporte aéreo, producen emisiones directas equivalentes a más de la cuarta parte del país. Su falta de compromiso real con la descarbonización pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos climáticos y arrastra graves costes sociales.

El Pacto de Estado frente a la emergencia climática representa una oportunidad para integrar la justicia social en las
políticas de adaptación y transición. La única opción es invertir en adaptación para reducir daños futuros (hasta 10 euros
por cada euro invertido), generar empleo verde, mejorar la cohesión territorial y fortalecer la resiliencia comunitaria.

Acceso al informe: OXFAM