En la COP30, los países acordaron triplicar la financiación para la adaptación para 2035. Fue un paso importante, pero para lograrlo, necesitamos comprender mejor cómo fluye actualmente la financiación para la adaptación climática. El informe Delivering on Adaptation: An Assessment of International Adaptation Finance Flows, analiza el estado actual de la adaptación al cambio climático a nivel global, poniendo especial énfasis en la brecha existente entre compromisos políticos y resultados reales sobre el terreno.
El informe parte de una premisa: aunque la adaptación ha ganado protagonismo en la agenda climática internacional en los últimos años, su implementación sigue siendo insuficiente frente a la magnitud y rapidez de los impactos climáticos. El mundo está infrafinanciando y subpriorizando la adaptación, especialmente en los países más vulnerables. A pesar de que la financiación internacional ha crecido, las necesidades reales son muy superiores y continúan aumentando a medida que se intensifican fenómenos como sequías, inundaciones o eventos extremos.
Esta brecha financiera no solo limita la capacidad de respuesta, sino que amenaza los avances en desarrollo, aumentando la vulnerabilidad de comunidades que ya enfrentan desigualdades estructurales. El informe subraya que la adaptación no puede entenderse como una política sectorial aislada, sino como un proceso transversal que debe integrarse en todas las políticas públicas: desde agricultura y agua hasta salud, infraestructuras o planificación urbana.
En este sentido, destaca la importancia de los Planes Nacionales de Adaptación (NAPs) como herramienta clave para estructurar la respuesta, ya que permiten identificar riesgos, priorizar acciones y coordinar actores. Sin embargo, aunque muchos países han avanzado en la planificación, la implementación sigue siendo fragmentada y limitada por falta de recursos, capacidades y coordinación institucional.
Otro eje fundamental del informe es la necesidad de un enfoque centrado en las personas y basado en la equidad. Las comunidades más vulnerables —especialmente en países en desarrollo— son las más afectadas por el cambio climático, pero también las que menos recursos tienen para adaptarse. Por ello, el informe insiste en que la adaptación debe ser inclusiva, participativa y sensible a cuestiones de género, reconociendo el papel clave de comunidades locales, pueblos indígenas y sociedad civil.
La adaptación Efectiva requiere no solo soluciones técnicas, sino también procesos sociales que empoderen a las personas y refuercen sus capacidades.
El documento también advierte sobre el riesgo de “maladaptación”, es decir, intervenciones que, aunque bien intencionadas, terminan aumentando la vulnerabilidad o generando efectos negativos a largo plazo. Esto puede ocurrir cuando las soluciones no consideran el contexto local, no incluyen a los actores relevantes o priorizan resultados a corto plazo sobre resiliencia a largo plazo. La evidencia muestra que una comprensión limitada de la vulnerabilidad o una participación desigual pueden conducir a este tipo de resultados.
En cuanto a la gobernanza, el informe señala que uno de los grandes retos es pasar de compromisos globales a acciones concretas a nivel local. Aunque acuerdos como el Acuerdo de París han establecido objetivos claros —como el “Global Goal on Adaptation”—, su implementación depende en gran medida de actores nacionales y subnacionales. Las autoridades locales juegan un papel clave, ya que son quienes conocen mejor los riesgos específicos y pueden diseñar respuestas adaptadas al territorio. Sin embargo, a menudo carecen de financiación, datos o capacidades técnicas suficientes.
El informe también pone el foco en la necesidad de mejorar los sistemas de seguimiento, evaluación y aprendizaje (MEL). A diferencia de la mitigación, donde existen métricas claras (como las emisiones), la adaptación es más difícil de medir porque sus resultados son contextuales y a largo plazo. Esto dificulta evaluar qué funciona y qué no, y limita la rendición de cuentas. Invertir en mejores sistemas de datos y evaluación es clave para mejorar la eficacia de las políticas de adaptación.
Otro punto clave es la importancia de movilizar financiación privada y doméstica, además de la ayuda internacional. El informe señala que los recursos públicos por sí solos no serán suficientes para cubrir las necesidades de adaptación, por lo que es necesario crear incentivos para que el sector privado invierta en resiliencia climática. Esto incluye mejorar marcos regulatorios, reducir riesgos y desarrollar instrumentos financieros innovadores.
Además, el informe destaca que la adaptación debe alinearse con objetivos más amplios de desarrollo sostenible. No se trata solo de responder a riesgos climáticos, sino de aprovechar la adaptación como una oportunidad para transformar sistemas económicos y sociales hacia modelos más resilientes, inclusivos y sostenibles. En este sentido, la adaptación puede actuar como catalizador de desarrollo si se integra correctamente en políticas públicas y estrategias de inversión.
Finalmente, el documento concluye con un llamamiento urgente a acelerar la acción. El cambio climático ya está teniendo impactos significativos, y retrasar la adaptación solo aumentará los costes humanos y económicos en el futuro. Para cerrar la brecha entre ambición y acción, el informe propone varias prioridades: aumentar la financiación, mejorar la coordinación entre actores, fortalecer capacidades locales, garantizar la participación de comunidades vulnerables y desarrollar mejores sistemas de evaluación.
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