España ha dado un paso importante hacia un modelo económico más humano, democrático e inclusivo con la entrada en vigor, en abril de 2026, de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social (LIIES). Esta norma no es un simple ajuste técnico, representa una respuesta legislativa y política al desafío de consolidar un modelo económico que ponga a las personas y la justicia social en el centro.
La economía social, definida como el conjunto de actividades económicas realizadas por entidades que anteponen el interés colectivo o social sobre el lucro, estaba regulada en España desde la Ley 5/2011, de 29 de marzo. La nueva ley actualiza y amplía ese marco para adaptarlo a las nuevas realidades económicas, sociales y tecnológicas que han surgido en la última década, desde la digitalización hasta las nuevas formas de participación y los retos de inclusión.
El objetivo principal de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social es modernizar y armonizar el ecosistema legal del sector, unificando y adaptando normas que estaban dispersas o desfasadas. Para ello, la ley modifica de manera integral varios textos legales claves: la Ley de Cooperativas (1999), la Ley de Empresas de Inserción (2007), la Ley de Economía Social (2011) y el régimen fiscal de las cooperativas.
Lo que hace especial a esta ley es su énfasis en que la economía debe ser un instrumento al servicio de las personas y de la justicia social, más allá de los indicadores tradicionales de crecimiento. Según la definición legal y doctrinal, la economía social se basa en principios como la primacía de las personas sobre el capital, la gestión democrática y participativa, y la finalidad social o de interés general, lo que la distingue del modelo empresarial tradicional.
Este enfoque impulsa la creación de empleo de calidad y estable, favorece la cohesión territorial y social, y contribuye a reducir la desigualdad. Además, se alinea con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que busca incrementar el impacto de este sector en toda la Unión Europea, tanto en términos de empleo como de impacto social.
Organizaciones representativas del sector como la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) han valorado positivamente la normativa, destacando especialmente la simplificación administrativa y la claridad que aporta a las entidades. Al mismo tiempo, algunos representantes han señalado áreas de mejora, como la necesidad de reforzar aspectos concretos del cooperativismo laboral dentro del marco más amplio.
El ecosistema de la Economía Social en España generó una cifra de negocios del 11,1% del PIB en cada uno de los años del período 2019-2023.
Guillem Bargalló Torrent creador de El Bien Social ha desgranado en un post de interés los principales novedades, beneficios y oportunidades de la nueva Ley de Economía Social:
1️⃣ Impulso al Comercio Justo: Por fin se potencia por ley este modelo. Consumir productos de comercio justo no es solo una elección ética, es garantizar que el productor recibe un pago digno y que no hay explotación detrás de lo que compras.
2️⃣ Vivienda Cooperativa: Se protege el modelo de cesión de uso. Una alternativa real para acceder a un hogar evitando la especulación: la cooperativa mantiene la propiedad y tú ganas estabilidad.
3️⃣ Digitalización con valores: Se modernizan las cooperativas permitiendo la participación digital plena, adaptando la democracia interna al siglo XXI sin perder la esencia humana.
4️⃣ Adiós al intrusismo: Se acabó la impunidad para las “falsas cooperativas”. La ley actuará con dureza contra las entidades que usan esta etiqueta para vulnerar derechos laborales.
5️⃣ Igualdad y Conciliación: La igualdad de género deja de ser una recomendación para integrarse en el corazón de los órganos de decisión con planes de igualdad efectivos.
Algunos datos de interés: Las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades que conforman el ecosistema de la Economía Social en España generaron una cifra de negocios del 11,1% del PIB en cada uno de los años del período 2019-2023.
El tejido productivo de la Economía Social española está constituido por un total de 127.532 empresas y entidades, de las que dependen 2.250.389 empleos directos e indirectos, y que dejan un total de 169.691 millones de euros de facturación, según los últimos datos del sector aportados por el Instituto Nacional de Estadística.
En definitiva, la aprobación de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social representa un avance significativo en la legislación española, consolidando un modelo económico más justo, sostenible e inclusivo, que pone a las personas y su participación en el centro.
Esta nueva norma no solo moderniza el marco legal, sino que también envía un mensaje claro: es posible construir una economía que combine competitividad con justicia social, contribuyendo a una sociedad más cohesionada y resiliente ante los retos del siglo XXI.
. Esta norma no es un simple ajuste técnico, representa una respuesta legislativa y política al desafío de consolidar un modelo económico que ponga a las personas y la justicia social en el centro.){kind=link}