La sostenibilidad se ha convertido en un elemento central de la gestión pública. El Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha publicado el Informe sobre Sostenibilidad Medioambiental del Sector Público Estatal 2024 que ofrece una radiografía detallada del impacto ambiental de la Administración y de las entidades públicas estatales.

El informe supone un avance significativo en la transparencia y la rendición de cuentas públicas, ya que cuantifica aspectos clave como el consumo energético, la huella de carbono, el gasto verde y el coste económico derivado de fenómenos climáticos extremos. Se trata de una herramienta que permite evaluar hasta qué punto el sector público contribuye a los objetivos de transición ecológica y lucha contra el cambio climático.

Uno de los principales indicadores analizados es el consumo energético. Durante 2024, el conjunto de entidades incluidas en el perímetro de consolidación de la Cuenta General del Estado consumió aproximadamente 7.506 gigavatios hora (GWh) de electricidad. Más de la mitad de esta energía, un 56 %, contaba con garantía de origen renovable, lo que evidencia un avance en la incorporación de fuentes energéticas sostenibles. El sector público empresarial y fundacional concentró cerca del 76 % de este consumo, destacando organismos y empresas públicas de gran tamaño vinculadas al transporte y a las infraestructuras.

Además de la electricidad, el informe analiza otros consumos energéticos relevantes. El sector público estatal utilizó alrededor de 392 millones de litros de combustibles y más de 701 millones de kilovatios hora de gas natural. Estos datos permiten identificar áreas de mejora en eficiencia energética y reducción de emisiones, especialmente en aquellas actividades que todavía dependen de combustibles fósiles.

La huella de carbono constituye otro de los capítulos centrales del documento. Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector público estatal alcanzaron en 2024 un total de 2,15 millones de toneladas equivalentes de CO₂. Casi la mitad de estas emisiones correspondieron al sector público empresarial y fundacional, mientras que algo más del 42 % procedió de la Administración General del Estado. El resto se repartió entre organismos autónomos, otras entidades administrativas y la Seguridad Social.

Para calcular esta huella de carbono, la IGAE aplicó la metodología y los factores de emisión establecidos por la Oficina Española de Cambio Climático. El análisis incluye las emisiones directas derivadas del uso de combustibles y las emisiones indirectas asociadas al consumo eléctrico, conocidas respectivamente como emisiones de alcance 1 y alcance 2.

El informe señala que las emisiones de alcance 3 —relacionadas con viajes, compras, residuos y contrataciones— serán incorporadas progresivamente en futuras ediciones, lo que permitirá obtener una visión más completa del impacto ambiental del sector público.

Otro aspecto especialmente relevante es la cuantificación del denominado el “gasto verde”. Este concepto engloba las inversiones y gastos públicos que contribuyen a los objetivos medioambientales definidos por la taxonomía europea de finanzas sostenibles. Según el informe, el gasto verde consolidado del sector público estatal alcanzó los 24.583 millones de euros en 2024. Más de la mitad de esta cantidad correspondió al sector público empresarial y fundacional, mientras que el resto fue ejecutado por la Administración General del Estado y otros organismos administrativos.

La mayor parte de este gasto estuvo orientada a la mitigación del cambio climático, que concentró cerca del 60 % de los recursos identificados. También destacaron las actuaciones vinculadas a la adaptación climática, la protección de los recursos hídricos y la conservación del medio ambiente. Estos datos reflejan el creciente peso de la sostenibilidad en las políticas públicas y en la asignación de recursos presupuestarios.

¿Cuánto cuestan las catástrifes naturales y eventos climáticos extremos?

El informe incorpora la valoración económica de los efectos de las catástrofes naturales y los eventos climáticos extremos. En 2024, el impacto presupuestario consolidado de estos fenómenos ascendió a 6.920 millones de euros. La mayor parte de este importe estuvo vinculada a la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana, con un coste estimado de 5.420 millones de euros. También se contabilizaron gastos asociados a inundaciones, sequías, incendios forestales, erupciones volcánicas y actuaciones de emergencia desarrolladas por la Unidad Militar de Emergencias.

Más allá de las cifras, el informe pone de manifiesto una realidad cada vez más evidente, el cambio climático tiene consecuencias económicas directas sobre las cuentas públicas. La necesidad de reconstruir infraestructuras, atender emergencias y financiar medidas de adaptación supone una presión creciente sobre los recursos del Estado. Por ello, disponer de información rigurosa y homogénea sobre sostenibilidad resulta fundamental para diseñar políticas públicas más eficaces y resilientes.

En definitiva, el Informe sobre Sostenibilidad Medioambiental del Sector Público Estatal constituye un hito en la modernización de la información pública en España. Al integrar indicadores ambientales junto a los tradicionales datos financieros, la Administración avanza hacia un modelo de gestión más transparente, responsable y alineado con los compromisos climáticos nacionales y europeos.

El reto ahora será consolidar esta metodología, ampliar el alcance de los indicadores y convertir la sostenibilidad en un criterio estructural de la acción pública.