La transición ecológica sigue contando con un importante apoyo pero afronta nuevos desafíos relacionados con el contexto económico y la percepción de sus impactos sociales. Así lo refleja el Informe 2026 sobre la percepción social de la transición ecológica en España, elaborado por el Observatorio de Transición Justa. Una radiografía de cómo evolucionan las opiniones, preocupaciones y expectativas de la población ante la transformación económica y social de las próximas décadas.
El estudio, basado en una encuesta representativa realizada a 3.280 personas entre enero y febrero de 2026, constituye la cuarta edición de esta investigación longitudinal. Su principal novedad es la incorporación de un módulo específico sobre la percepción del riesgo climático y la adaptación, dos aspectos que permiten comprender mejor qué impulsa o frena la implicación ciudadana frente al cambio climático.
Uno de los principales mensajes del informe es que la preocupación por el cambio climático continúa siendo elevada, aunque el contexto económico y social introduce ciertos matices. La mayoría de la población sigue considerando prioritario actuar frente a la crisis climática, pero crece el peso de factores como el coste de la vida, la inflación o la incertidumbre económica, que condicionan la aceptación de determinadas medidas ambientales cuando implican un esfuerzo económico adicional para los hogares.
El estudio describe una sociedad que combina consenso y desgaste. Existe un reconocimiento mayoritario de que el cambio climático es una realidad y de que resulta necesario avanzar hacia un modelo económico más sostenible. Sin embargo, también aparecen síntomas de fatiga social derivados de la sucesión de crisis recientes, que hacen que parte de la ciudadanía priorice preocupaciones inmediatas frente a los objetivos climáticos de largo plazo.
Otro de los aspectos destacados es el conocimiento sobre la transición ecológica. Aunque cada vez más personas afirman conocer el concepto, siguen existiendo diferencias importantes según la edad, el nivel educativo o la situación socioeconómica. El Observatorio señala que mejorar la información y la comunicación continúa siendo un elemento esencial para consolidar el respaldo ciudadano y evitar que se generen percepciones erróneas sobre las políticas climáticas.
El informe también analiza las emociones asociadas a la transición ecológica. Frente a la idea de que predomina únicamente el miedo o la preocupación, los resultados muestran una combinación de sentimientos en la que conviven la esperanza, el interés y la confianza con la incertidumbre o la preocupación por las consecuencias económicas. Esta diversidad emocional confirma que la transición no se percibe únicamente como un reto ambiental, sino también como un proceso con implicaciones sociales, laborales y territoriales.
España mantiene una base sólida de apoyo social para avanzar hacia una economía descarbonizada, pero advierten de que ese respaldo no puede darse por garantizado.
En materia de políticas públicas, la ciudadanía mantiene una preferencia clara por aquellas medidas que incentivan los cambios de comportamiento antes que las que imponen restricciones o incrementos fiscales. Las ayudas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas, el impulso a las energías renovables o el apoyo a la movilidad sostenible continúan recibiendo un respaldo superior al de medidas basadas exclusivamente en impuestos o prohibiciones. Esta tendencia refuerza la importancia de diseñar políticas que combinen ambición climática con criterios de equidad social.
Uno de los grandes aportes del informe de 2026 es la incorporación del análisis sobre percepción del riesgo climático. Los resultados indican que quienes perciben con mayor intensidad los efectos del cambio climático muestran una mayor predisposición a apoyar medidas de mitigación y adaptación. Las experiencias recientes relacionadas con olas de calor, incendios, sequías o fenómenos meteorológicos extremos contribuyen a hacer más tangible una amenaza que hace apenas unos años muchos ciudadanos consideraban lejana.
El estudio también insiste en la importancia del concepto de transición justa. La aceptación social aumenta cuando la población percibe que las políticas ambientales tendrán en cuenta las diferencias económicas y territoriales, protegerán a los colectivos más vulnerables y generarán nuevas oportunidades de empleo. En este sentido, la creación de empleo verde y la mejora de la competitividad empresarial aparecen como algunos de los beneficios más valorados por la ciudadanía.
Los autores concluyen que España mantiene una base sólida de apoyo social para avanzar hacia una economía descarbonizada, pero advierten de que ese respaldo no puede darse por garantizado. La legitimidad de la transición dependerá, en buena medida, de la capacidad de las administraciones para explicar sus objetivos, repartir de forma equitativa los costes y beneficios del proceso y responder a las preocupaciones cotidianas de la población.
En conjunto, el Informe 2026 del Observatorio de Transición Justa dibuja una sociedad consciente de la gravedad del cambio climático y favorable a seguir avanzando en la transición ecológica, aunque reclama que ese camino sea compatible con el bienestar económico y la cohesión social. El estudio confirma que el éxito de la transición dependerá no solo de la tecnología o de las inversiones, sino también de la confianza ciudadana y de la percepción de que nadie quedará atrás durante este proceso de transformación.
Para saber más: Observatorio de transición justa
