Durante décadas hemos hablado del cambio climático o de la crisis climática como un problema ambiental. Más tarde lo empezamos a percibir como un problema económico e igualmente de salud pública. Pero los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos años nos obligan a dar un paso más. El cambio climático ya no puede entenderse únicamente como una cuestión ecológica o económica. Es, ante todo, un problema de seguridad humana y como toda amenaza para la seguridad exige prioridad y acción.
La DANA que arrasó Valencia hace menos de dos años dejó 238 fallecidos y las sucesivas olas de calor como las que estamos viviendo en Europa provocan miles de muertes prematuras. La multiplicación de incendios como el devastador incendio de Los Gallardos en Almería, deja un dramático balance de víctimas mortales, desaparecidos, centenares de personas evacuadas y millones en pérdidas económicas.
Todo ello forma parte de una misma realidad y tiene un hilo conductor, la crisis climática. Los fenómenos climáticos extremos ya no son excepcionales, sino la nueva normalidad para la vida de las personas, las empresas y la gestión pública. Un cambio de paradigma en que lo que antes era excepcional hoy cualquier incidente climático puede convertirse en una catástrofe.
La ciencia lleva años advirtiéndolo, y no hay más ciego que el que no quiere ver, y en eso tienen especial responsabilidad los negacionistas y retardistas climáticos incrustados en en algunas instituciones, empresas o medios de comunicación. Seguimos utilizando un lenguaje político, económico y social que no es apropiado para los tiempos actuales. Hablamos de pérdidas económicas, de daños medioambientales o de costes sanitarios, cuando en realidad deberíamos hablar del grave riesgo para nuestra forma de vida y para la seguridad personal y colectiva. Si la seguridad y la defensa han pasado a primera línea de la actualizad y prioridad, la crisis climática debería estar como mínimo al mismo nivel.
El economisa David Lizoain lo expresa con una enorme contundencia en su libro Crimen climático. El propio subtítulo del libro es revelador: “Cómo el calentamiento global está provocando un genocidio”. Su tesis resulta incómoda precisamente porque obliga a abandonar nuestra zona de confort político y económico de considerar el cambio climático como un simple fallo del mercado o una externalidad ambiental. Lo que está en juego, sostiene Lizoain, es decidir quién vive, quién muere y quién soporta los mayores riesgos de una crisis provocada por un modelo económico basado en la dependencia de los combustibles fósiles y el crecimiento ilimitado.
Y Lizoain tiene razón al afirmar que toda política es ya política climática, porque toda política determina la voluntad política y el grado de protección de la vida o de los ecosistemas frente a una amenaza que conocemos y que está detalladamente estudiada. Eso es en buena parte lo que desarrollé hace dos años en mi libro La República Verde. La sostenibilidad ya no puede entenderse únicamente como una política sectorial, sino como el nuevo contrato social sobre el que deben construirse las democracias y la nueva noción de progreso del siglo XXI.
El reto es hacerse cargo de cómo la crisis climática y el aumento de las desigualdades obligan a repensar las instituciones, la gobernanza y las prioridades públicas para garantizar el progreso colectivo. La sostenibilidad se reconfigura como la condición que hace posible la estabilidad democrática y el bienestar de nuestras sociedades.
Proteger el clima significa proteger a la sociedad, nuestro presente y nuestro futuro. No actuar de forma decidida frente a la crisis climática representa un fracaso de nuestra capacidad colectiva para proteger a la ciudadanía. La respuesta no puede limitarse a reconstruir después del desastre. Adaptarse significa rediseñar el territorio y nuestras ciudades, proteger las infraestructuras críticas, mejorar los sistemas de alerta, recuperar espacios naturales que amortigüen inundaciones, gestionar los bosques para reducir el riesgo de incendios y preparar a la población para responder ante emergencias cada vez más frecuentes.
Todo ello es una responsabilidad colectiva que requiere un cambio cultural, político y económico para dibujar una nueva gobernanza mucho más sofisticada y eficaz. Durante demasiado tiempo hemos debatido cuánto cuesta actuar contra el cambio climático, cuando la cuestión central es cuánto cuesta no hacerlo. La factura ya no la podemos medir únicamente en millones de euros destinados a reconstruir carreteras, viviendas o infraestructuras. Se trata ya de vidas perdidas, familias desplazadas, comunidades traumatizadas y territorios cada vez más vulnerables.
Hablar de crisis climática no es hablar de sostenibilidad, es hablar de seguridad nacional, de resiliencia territorial y de seguridad humana. Por eso resulta urgente cambiar el relato y las políticas. El cambio climático mata, y cuando una amenaza pone en riesgo la vida de miles de personas, deja de ser una política ambiental para convertirse en una prioridad de Estado o de la UE.
La transición ecológica no consiste únicamente en instalar más energías renovables o reducir emisiones. El progreso consiste, sobre todo, en garantizar que las generaciones presentes y futuras puedan vivir con seguridad en territorios y ciudades cada vez más expuestos a fenómenos extremos. Ese es el reto de la neuva República Verde, movilizarnos para reconfigurar la actividad política. económica y social que permita reconstruir la idea de progreso para proteger la vida. El cambio climático ya no es el principal problema del futuro, es ya el principal desafío para la seguridad humana del presente y hacer de ello una prioridad es acto de responsabilidad individual y colectivo.
