Durante décadas, la seguridad internacional ha estado definida por los riesgos de conflicto militar, el acceso a la energía, las materias primas o las rutas comerciales. Hoy, el agua emerge como un nuevo recurso emerge como un factor estratégico con capacidad para alterar el equilibrio económico, político y social. Lo que hasta hace pocos años era considerado un asunto ambiental se convirte en una cuestión de seguridad nacional, competitividad económica y estabilidad internacional.
Un reciente informe aprobado por el Parlamento Europeo reclama que la gobernanza transnacional del agua sea considerada una prioridad estratégica de la política exterior y de seguridad de la Unión. El documento alerta de que el cambio climático, el crecimiento demográfico y la presión sobre los recursos hídricos pueden convertir el agua en un factor de conflicto y reclama reforzar la inversión, la cooperación público-privada y los mecanismos internacionales de gobernanza.
No es una preocupación teórica. La guerra de Ucrania ha demostrado que las infraestructuras hidráulicas pueden convertirse en objetivos militares, mientras que en Oriente Próximo el acceso al agua forma parte desde hace décadas de las tensiones geopolíticas. Al mismo tiempo, las grandes cuencas fluviales compartidas —desde el Nilo hasta el Mekong, pasando por el Tigris, el Éufrates o el Indo— son escenarios donde la competencia por el recurso puede intensificarse a medida que disminuye su disponibilidad.
Sin embargo, el conflicto por el agua no siempre adopta la forma de una guerra. En muchas ocasiones se manifiesta mediante tensiones económicas, sociales y territoriales. Las sequías prolongadas enfrentan los intereses del abastecimiento urbano, la agricultura, la industria, la producción energética y la conservación de los ecosistemas. Las restricciones generan conflictos entre regiones, entre sectores productivos e incluso entre generaciones.
Europa tampoco está al margen de esta realidad emergente. Las sucesivas sequías han afectado a la navegación en el Rin y el Danubio, alterando cadenas logísticas y comerciales fundamentales para la economía europea. Al mismo tiempo, algunos proyectos de nuevas infraestructuras hidráulicas en países alpinos generan preocupación aguas abajo por su posible impacto sobre los caudales y los sedimentos. La gestión del agua ya no puede entenderse únicamente desde una perspectiva nacional; exige mecanismos permanentes de cooperación entre territorios y Estados.
El agua se ha convertido en un recurso estratégico para el desarrollo económico y la cohesión territorial. Países como España conoce bien esta complejidad y las tensiones en torno a los trasvases, la sobreexplotación de acuíferos, la presión sobre determinados ecosistemas.
el reto del siglo XXI no consiste únicamente en disponer de más agua, sino en desarrollar una gobernanza mucho más sofisticada.
Durante décadas, la gestión hídrica ha descansado casi exclusivamente sobre las administraciones públicas. Sin embargo, el nuevo escenario climático exige inversiones muy superiores a las capacidades públicas. Modernizar redes de abastecimiento, reducir pérdidas, restaurar cuencas hidrográficas, recuperar humedales, mejorar la eficiencia del regadío, construir infraestructuras verdes, reutilizar aguas regeneradas o digitalizar los sistemas de gestión requerirá movilizar miles de millones de euros durante las próximas décadas.
Ninguna administración podrá afrontar este desafío en solitario. Por ello, la nueva gobernanza del agua deberá construirse sobre modelos de colaboración público-privada mucho más sofisticada que los conocidos hasta ahora. No se trata de privatizar un bien público ni de reducir el papel del Estado. Al contrario. La responsabilidad pública seguirá siendo irrenunciable en la planificación, la regulación, la garantía del derecho humano al agua y la protección de los ecosistemas.
Lo que cambia es la manera de generar valor. Las administraciones deberán ejercer un liderazgo estratégico capaz de movilizar a empresas, centros de investigación, operadores tecnológicos, propietarios forestales, comunidades de regantes, entidades sociales y ciudadanía en torno a objetivos compartidos de resiliencia hídrica.
El agua exige una gobernanza policéntrica, donde múltiples actores cooperen desde responsabilidades diferenciadas. En este contexto, las empresas dejan de ser únicamente usuarias del recurso para convertirse en corresponsables de su conservación. Sectores como el agroalimentario, la industria, la energía, el turismo o las empresas de agua pueden desempeñar un papel decisivo financiando proyectos de restauración de cuencas, impulsando soluciones basadas en la naturaleza, mejorando la eficiencia de los procesos productivos o promoviendo la economía circular del agua.
En ese terreno, la innovación con la digitalización mediante sensores, la inteligencia artificial, los gemelos digitales o los sistemas predictivos permitirá optimizar el uso del recurso casi en tiempo real. Del mismo modo, las soluciones basadas en la naturaleza —ciudades esponja, restauración de humedales, gestión forestal adaptativa o recuperación de corredores fluviales— serán tan importantes como las grandes infraestructuras hidráulicas tradicionales.
Una nueva diplomacia del agua.
Como tantas otras cosas en materia de gobernanza, nuestro sistema de gestión basados en los modelos del s.XX han quedado obsoletos. La diplomacia ya no es patrimonio de los gobiernos de los Estados, y la capacidad para construir confianza entre actores ya no se sustenta únicamente sobre la capacidad técnica en gestión del agua, sino que requiere del concurso de nuevos actores como administraciones locales, empresas, comunidades científicas y grupos de la sociedad civil.
En este sentido, la nueva gobernanza del agua comparte muchos elementos con la diplomacia corporativa que venimos aplicando en otros ámbitos y organizaciones. Escuchar a los grupos de interés, anticipar conflictos, construir consensos, generar confianza y desarrollar alianzas estables deja de ser una cuestión de reputación para convertirse en un requisito de seguridad y resiliencia.
Como he defendido en distintos publicaciones y ponencias sobre la economía de la reputación, el liderazgo del siglo XXI ya no se medirá únicamente por la capacidad de controlar recursos, sino por la capacidad de articular ecosistemas de colaboración. La gestión del agua radiografía bien esta nueva lógica. Ningún actor, ni público, ni privado o social posee por sí solo las competencias, el conocimiento o los recursos necesarios para gestionar un bien tan complejo y estratégico. Necesitanos una nueva arquitectura de gobernanza del agua.
La Unión Europea ha comenzado a comprender que la seguridad hídrica forma parte de la seguridad económica, climática y geopolítica del continente. Su Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica sitúa el agua como un recurso esencial para la competitividad, la innovación y la preparación frente a futuras crisis. La cuestión es si seremos capaces de construir instituciones, alianzas y modelos de gobernanza inteligentes para evitar que la escasez derive en tensiones conflicto y convertirla en una oportunidad para innovar, cooperar y fortalecer la resiliencia de nuestras sociedades.
En definitiva, como explicaba en mi libro La República Verde, neecsitamos reconstruir la idea de progreso con la sostenibilidad en el centro. En ese contexto, la seguridad hídrica es un ejemplo de que ya no dependemos únicamente de la cantidad de agua disponible, sino de la calidad de la gobernanza que seamos capaces de construir alrededor de ella.
Pau Solanilla es fundador y editor de Sostenibles.Org. Socio de sector público en Harmon.
