Durante décadas hemos asociamos la desertificación con imágenes vinculadas a territorios africanos como el Sahel o el Sáhara. Pero es un problema que no podamos observar desde la distancia. Europa también se está secando y degradando y el Mediterráneo se encuentra en primera línea de una transformación alterando profundamente la agricultura, la economía y la forma de habitar el territorio.
Desertificación no significa necesariamente que aparezca un desierto. Naciones Unidas la define como la degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas como consecuencia de factores climáticos y de la actividad humana. Es un proceso lento, apenas perceptible pero que avanza y gana terreno. El suelo pierde fertilidad y capacidad para retener agua, se deteriora la biodiversidad y, finalmente, reduce su capacidad para sostener ecosistemas y actividades económicas.
La Comisión Europea reconoce que actualmente 13 países de la Unión están afectados por procesos de desertificación.
La Comisión estima que el impacto de la degradación del suelo supone alrededor de 50.000 millones de euros anuales para la economía europea. Hasta ahora el enfoque era principalmente ecologico, pero hoy hablamos ya del impacto den la economía.
La Agencia Europea de Medio Ambiente advierte de que estos procesos ponen en riesgo las economías rurales y la viabilidad a largo plazo del sistema alimentario europeo; además, unos 5 millones de trabajadores estuvieron expuestos de media cada año a sequías en la UE entre 2000 y 2023.
Un reciente estudio apunta, además, a que más del 80% de las tierras agrícolas de la UE presenta algún grado de degradación. Los riesgos se concentran especialmente en el sur de Europa y en paisajes sometidos a agricultura intensiva o con escasa cobertura vegetal.
España está inevitablemente en el centro de esta amenaza, junto con Portugal, Italia, Grecia y otras regiones mediterráneas. Pero el fenómeno ya no puede considerarse exclusivamente meridional. El nuevo mapa europeo de degradación y desertificación desarrollado por el Joint Research Centre incorpora precisamente la productividad, los cambios en los usos del suelo, la degradación y la aridez climática para identificar tanto las zonas afectadas actualmente como aquellas vulnerables en el futuro.
Igualmente, la desertificación puede convertirse en un acelerador de desigualdades territoriales y sociales. Cuando disminuyen las oportunidades económicas, aumenta el abandono de tierras y la presión migratoria hacia las ciudades, debilitando todavía más territorios rurales que ya sufren envejecimiento y despoblación.
El cambio climático actúa como acelerador.
No es un fenómeno nuevo, pero a más temperatura mayor evaporación y más estrés hídrico. es conocido. Las sequías prolongadas reducen la vegetación y dejan los suelos expuestos. Después pueden llegar lluvias torrenciales que, en lugar de regenerarlos, arrastran precisamente su capa más fértil. Incendios forestales, sobreexplotación de acuíferos, agricultura intensiva, urbanización y determinadas prácticas de regadío completan un círculo peligroso. Una realidad que empieza a ser habitual en Europa.
Los datos de sequía ayudan a entender la magnitud del problema. En 2025, la sequía severa afectó a unos 927.000 kilómetros cuadrados de Europa, y cerca de 248.000 la productividad de la vegetación no consiguió recuperar sus niveles de referencia. La Agencia Europea de Medio Ambiente advierte además de una tendencia creciente del estrés provocado por las sequías desde 2017.
Incluso la salinización también constituye ya una amenaza significativa y afecta entre uno y tres millones de hectáreas de la Unión Europea, principalmente en los países mediterráneos, y está considerada como una de las causas importantes de desertificación.
Estamos ante un reto mucho más allá de lo medioambiental y emerge como una cuestión de seguridad humana. Perder suelo fértil significa reducir nuestra capacidad de producir alimentos. Significa mayor dependencia exterior, pérdida de explotaciones agrícolas, despoblación rural y presión sobre unos recursos hídricos cada vez más escasos. Significa también ecosistemas más vulnerables a incendios y fenómenos climáticos extremos.
La calidad del suelo debería empezar a considerarse una infraestructura estratégica europea, igual que la energía, el agua o las redes digitales.
La buena noticia es que la desertificación no es inevitable. Podemos regenerar suelos, recuperar cobertura vegetal, modernizar regadíos, extender la agricultura regenerativa, reutilizar agua, proteger acuíferos, restaurar humedales y adaptar nuestros bosques al nuevo escenario climático. La propia Agencia Europea de Medio Ambiente señala soluciones basadas en la naturaleza, mayor retención de agua, cultivos resistentes a la sequía y mejores prácticas agrícolas entre las medidas necesarias para aumentar nuestra resiliencia.
Pero necesitamos cambiar también nuestra mirada y algunas de las prácticas. Durante demasiado tiempo hemos tratado el suelo como un recurso prácticamente infinito. Urbanizamos, impermeabilizamos, erosionamos y explotamos sin incorporar suficientemente su valor a nuestras decisiones económicas. La transición ecológica europea tendrá que ser también una transición territorial.
Luchar contra la desertificación va mucho más allá de impedir que Europa se vuelva más árida. Significa proteger nuestra capacidad de producir alimentos, disponer de agua, mantener vivos nuestros territorios y garantizar que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de nuestra forma de vida.
Cuando una sociedad pierde su suelo fértil, no pierde solamente tierra, pierde capacidad de resiliencia, autonomía y futuro por lo que hay impulsar una estrategia de regeneración y renaturalizar nuestros suelos combinando prevención, adaptación y regeneración:
Regenerar y proteger los suelos. Extender agricultura regenerativa, rotación de cultivos, cubiertas vegetales, incorporación de materia orgánica y reducción del laboreo intensivo. Un suelo vivo retiene más agua, reduce la erosión y resiste mejor sequías y lluvias torrenciales. La estrategia europea apuesta precisamente por convertir la gestión sostenible y la restauración de suelos degradados en estándares comunes.
Renaturalizar el territorio. Recuperar bosques resilientes, humedales, riberas, pastos y corredores verdes; combatir la deforestación y evitar que incendios recurrentes dejen grandes superficies expuestas a la erosión. La restauración de ecosistemas debe entenderse también como una infraestructura de protección frente a sequías y desertificación.
Apostar por una auténtica transición hídrica. Modernizar regadíos, reducir pérdidas de las redes, reutilizar aguas regeneradas, adaptar cultivos a la disponibilidad real de agua y recuperar la capacidad natural del territorio para almacenarla. La UE se ha fijado como referencia mejorar al menos un 10% la eficiencia hídrica para 2030 y quiere impulsar medidas de retención natural del agua.
Adaptar la agricultura al nuevo clima. No podemos cultivar como si las condiciones climáticas no estuvieran cambiando. Será necesario apostar por variedades resistentes a la sequía, cultivos menos intensivos en agua, agroforestería y prácticas adaptadas a cada territorio. La propia Comisión recomienda reducir el consumo hídrico y adaptar los cultivos a la disponibilidad local de agua.
Convertir el suelo y el agua en una prioridad estratégica europea. La desertificación necesita políticas transversales de agricultura, agua, ordenación territorial, bosques, desarrollo rural y adaptación climática, acompañadas de inversión, innovación y monitorización.
El suelo fértil debería considerarse una infraestructura estratégica, porque de él dependen nuestra seguridad alimentaria, nuestra resiliencia hídrica y buena parte de nuestra autonomía económica. La UE estima que la degradación del suelo cuesta ya alrededor de 50.000 millones de euros anuales.
