El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) exigió al Gobierno que la administración digital no excluya por falta de accesibilidad universal y que garantice que todas las compras públicas de tecnologías de la información y la comunicación tengan como requisito el que estas sean accesibles desde el inicio. La Ley rige el principio de libertad de elección en la forma de comunicación por parte de las personas sordas cualquiera que sea su discapacidad auditiva y sordociegas, por lo que se reconoce y regula de manera diferenciada el conocimiento, aprendizaje y uso de la lengua de signos española, así como de los medios de apoyo a la comunicación oral.