Un estudio de la Comisión de 2020 puso de manifiesto que el 53,3 % de las alegaciones medioambientales examinadas en la UE eran vagas, engañosas o infundadas, y el 40 % de ellas carecían de fundamento. La falta de normas comunes aplicables a las empresas que formulan declaraciones ecológicas voluntarias favorece el «blanqueo ecológico» y crea unas condiciones de competencia desiguales en el mercado de la UE, en detrimento de las empresas verdaderamente sostenibles.
Medir los impactos ambientales del consumo de España constituye un primer paso para evaluar la sostenibilidad de nuestro consumo en la medida en que nuestras decisiones de compra y nuestros estilos de vida tienen un importante potencial transformador de las relaciones económicas en favor de una mayor sostenibilidad. El consumo de alimentos surgió como el principal impulsor de los impactos ambientales generados por el consumo de los hogares españoles, seguidos por la movilidad y la vivienda.
