Los Estados miembros de la UE gastan más de 48 000 millones EUR en la digitalización y transformación de los servicios y administraciones públicos mediante instrumentos como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Instrumento de Apoyo Técnico. Sin embargo, les quedan asignaturas pendientes como la participación social y la inclusión digital, además de la confianza y la seguridad en los servicios digitales.
Los países de la UE están obligados a transponer a su Derecho nacional la Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles que ofrece una protección y unos derechos laborales más amplios y actualizados a los 182 millones de trabajadores de la UE.
La Comisión fija su ambición de conseguir una Europa social fuerte que se centre en el empleo y las capacidades para el futuro y allane el camino hacia una recuperación socioeconómica justa, inclusiva y resiliente en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
El FSE+ será el principal instrumento de la UE dedicado a invertir en las personas. Su objetivo es construir una Europa más social e inclusiva.
